Hace 25 años, los partidos democráticos vascos firmaron
el Pacto de Ajuria Enea con el que se abrió paso a la derrota política de la
banda terrorista
El cese
definitivo de ETA tiene una fecha que
pasará a la historia: 20 de octubre de 2011. Pero para llegar a ella, la lucha
antiterrorista ha hecho un largo recorrido en los 35 años que van desde la
amnistía de 1977 marcado por varios hitos. Destaca el Pacto de Ajuria Enea,
firmado el 12 de enero de 1988, hace 25 años. Con él se asumió el principio de
que “la paz no tiene precio político”, que superó la división entre
nacionalistas y no nacionalistas y dio paso a la deslegitimación de ETA y su
entorno.
Al Pacto de
Ajuria Enea, el primero contra ETA de todos los partidos
democráticos vascos, el lehendakari José Antonio Ardanza, su primer firmante,
lo califica como “la derrota política de ETA”; Alfredo Pérez Rubalcaba,
ministro del Interior hasta poco antes de que la banda anunciara su cese
definitivo, asegura que en ese Pacto “está la hoja de ruta del final de ETA”.
Sus firmantes más comprometidos, además del peneuvista Ardanza, Txiki Benegas,
por el PSE, Kepa Aulestia, de EE y Julen Guimon, de Coalición Popular, ya
fallecido, coinciden en que el Pacto marca “un antes y un después en la lucha
antiterrorista”. ETA ha reconocido que el Pacto le infringió el mayor daño
político en su historia.
Hasta 1988, en que ETA ya había asesinado a 600 personas, la lucha
antiterrorista era una mera lucha policial, con un Estado solitario, sin apoyo
social ni internacional, y con los partidos nacionalistas y no nacionalistas
enfrentados porque los primeros consideraban que el terrorismo de ETA era una
consecuencia del “conflicto político vasco” que no se resolvería hasta que el
Estado reconociera la autodeterminación, recuerda Ramón Jáuregui, delegado del
Gobierno en Euskadi entre 1982 y 1987.
La expresión más aguda de aquel caos se vivió a comienzos de 1981. En pocas
semanas, ETA secuestró y asesinó al ingeniero Ryan de la central nuclear de
Lemóniz; la movilización antiterrorista que generó se neutralizó con la muerte
en comisaría del etarra Joseba Arregi, que tuvo una enorme respuesta de apoyo a
ETA en las calles vascas; al poco, los parlamentarios de Batasuna
interrumpieron al Rey en la Casa de Juntas de Gernika.
Aquel caos culminó con el intento de
golpe de Estado del 23-F del 81, tras un año en el que ETA asesinó a
92 personas. “Eran los años de plomo, con una orientación equivocada en la
lucha antiterrorista que alimentaba la diabólica espiral de acción-represión
por actuaciones policiales al margen de la democracia y con los nacionalistas
que se oponían a la acción policial y a que Francia colaborase”, recuerda
Jáuregui.
El Pacto de Ajuria Enea puso fin a ese caos. El atentado del Hipercor de Barcelona,
en junio de 1987, el mayor de la historia de ETA, con 21 muertos, causó tal
consternación que Felipe González encargó a Txiki Benegas, secretario general
del PSE, que lograra un diagnóstico común con todos los partidos. Lo logró el 5
de noviembre de 1987 con las formaciones representadas en el Congreso, incluido
el PNV. Fue el Pacto de Madrid.
Pero aquel pacto servía para poco si Euskadi, donde radicaban los apoyos a
ETA, no suscribía el suyo. Benegas acordó con el lehendakari que en el debate
de política general de septiembre de 1987 apoyaría una propuesta de pacto
contra ETA si este la proponía. Fue el pistoletazo de salida.
Ardanza abrió rondas con los partidos. La principal dificultad procedía de
los partidos nacionalistas, que exigían para un pacto contra ETA el
reconocimiento de la autodeterminación, lo que implicaba que ponía un precio
político a la paz que el PSE y Coalición Popular no aceptaban.
Cuando las conversaciones se atascaron, el 11 de diciembre de 1987, ETA
atentó contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, dejando 11 muertos,
cuatro de ellos niños. Ardanza aprovechó aquella nueva consternación para
superar el atasco. Consiguió que Aulestia, de EE, —partido procedente de ETA
pm— dijera, tras entrevistarse con él, que estaba dispuesto a firmar su
borrador, contemporizador con los no nacionalistas, lo que puso en tensión a
todos. Les convocó en Ajuria Enea a una reunión de “la que no se podía salir
sin acuerdo”. El encierro se prolongó los días 10, 11 y 12 de enero. Las
jornadas empezaban a las 10 de la mañana y terminaban de madrugada. “Se creó
una dinámica de colaboración que nunca había existido. Había una presión social
a favor del acuerdo. Los reunidos sabían que el que rompiera se la jugaba”,
señala José Luis Zubizarreta, participante en las reuniones con el lehendakari.
De hecho, el representante de Eusko Alkartasuna, Iñaki Oliveri, abandonó la reunión
el día 11 pero tuvo que regresar el 12 debido a la presión social. Guimón, de
CP, para asegurarse la conformidad del acuerdo, no llamó a Jaime Ignacio del
Burgo, reacio al mismo, sino a Jesús Aizpún, proclive. Y Ardanza hizo una
gestión con Antonio Hernández Mancha, entonces líder de AP, para asegurarse el
apoyo de la derecha.
Aquel pacto terminó con el caos en la estrategia política contra el
terrorismo. La clave del pacto fue la constatación de que ETA no era una
consecuencia del “conflicto vasco” sino la manifestación dramática del
fanatismo, con lo que se la marginaba del ámbito político y, en consecuencia,
se rechazaba la negociación política con ella para terminar con el terrorismo.
También se legitimaba la lucha policial y se constataba que la solución al
problema vasco estaba en el marco del Estatuto.
Al asumir estos principios el nacionalismo democrático se terminó con la
división entre nacionalistas y no nacionalistas y se aisló a ETA y a su
entorno. Fue tal la unidad que los firmantes del pacto decidieron que el
lehendakari hablara en nombre de todos. Felipe González tuvo especial interés
en que el Ardanza tuviera el protagonismo, recuerdan Benegas y Jaúregui.
La unidad democrática facilitó la movilización en la calle y el Pacto de
Ajuria Enea convocó grandes manifestaciones. La más importante fue la del
rechazo al asesinato de Miguel Ángel Blanco, edil del PP de Ermua, que se
extendió a toda España. Antes, la llegada de José Luis Corcuera al Ministerio
del Interior en 1988 terminó con la guerra sucia que deslegitimaba la lucha
antiterrorista. En 1989 se celebraron las conversaciones en Argel entre
Gobierno y ETA, siguiendo las pautas del Pacto. La intransigencia de ETA abrió
los ojos a Francia e implicó su decidida colaboración contra el terrorismo que
llega hasta hoy. Con todos los nuevos elementos —unidad política, legitimación
policial, movilización social y colaboración internacional— se pusieron los
cimientos del final de ETA.
Consagró la reinserción individual
Los principales firmantes del Pacto de Ajuria Enea
coinciden en la vigencia de sus principios: la reafirmación del Estatuto y su
reforma como marco de convivencia; el rechazo a la negociación política con
ETA; la reinserción individual para los presos dispuestos a dejar la violencia
o que la banda asuma su complicidad con el terrorismo. Coinciden con ello
Ardanza, Benegas, Jáuregui y Aulestia.
Sin embargo, hay diferentes interpretaciones sobre
el punto 10 que proclama el final dialogado del terrorismo. Aulestia opina que
el Pacto fracasó al pensar que podían integrar al entorno de ETA en la
política. Se necesitaron 20 años para que la ilegalización de Batasuna lograra
que dicho entorno desistiera y convenciera a ETA de la necesidad de acabar con
la violencia. Jáuregui defiende esta tesis pero cree que el Pacto consagró que
la opinión de los vascos es determinante en el final de la violencia y, en este
sentido, aunque las llaves de las cárceles las tiene el Gobierno central, es
clave que escuche al Parlamento vasco. Zubizarreta, que comparte esta opinión,
cree, sin embargo, que el punto 10 del Pacto pone más énfasis en el
desestimiento de ETA que en el final dialogado. “El final dialogado es
posterior al desestimiento de ETA, que se logró hace más de un año”, termina
Zubizarreta.
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