Trabajan 10 horas diarias por un euro al mes, hacen
instrucción continua y apenas duermen
Muchos de los 310.000 encarcelados sin sentencia son
simples críticos con el régimen de Pekín
El 19 de marzo de 2011, Huang Chengcheng, un joven de la municipalidad de
Chongqing, fue arrestado formalmente por la policía, acusado de “conspirar para
derrocar al Gobierno”. Las pruebas: dos textos que había escrito en el servicio
de mensajes cortos QQ, en los que citaba a los amigos a salir a tomar un té de
jazmín, al calor de las convocatorias
que circularon en Internet en China instando a la gente a pasear en
lugares céntricos de las ciudades como forma pacífica de protesta. Sin
necesidad de juicio, tribunal ni sentencia, Huang fue enviado días después al
campo de trabajos forzados Shanping, en Chonqging. El mundo vivía la eclosión
de las revoluciones árabes —o del jazmín—, y el Gobierno chino, alarmado ante
la posibilidad de un contagio, lanzó por todo el país una dura campaña contra
activistas y disidentes. Huang cayó así en el sistema de reeducación por el
trabajo, que permite a la policía encarcelar hasta cuatro años sin
necesidad de juicio.
“Dos mensajes fueron toda la evidencia de mi crimen. Pasé 21 meses en
campos de reeducación; hasta las 3.50 de la tarde del 17 de diciembre de 2012”,
explica por teléfono. “Pretenden cambiar tu comportamiento. Nos obligaban a
cantar canciones revolucionarias, a sentarnos de una determinada forma, a
caminar en fila. Nos hacían formar como en el ejército, nos adoctrinaban.
Buscaban cansarnos lo máximo posible para que no pensáramos en nada más”.
El sistema, inspirado en el modelo soviético, data de mediados de la década
de 1950. Originalmente, surgió para encarcelar a “contrarrevolucionarios”,
“capitalistas” y críticos con el nuevo Gobierno comunista de Mao Zedong, tras la
fundación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949. Pero, más
tarde, fue extendido a autores de otros delitos, prostitutas o drogadictos. Es
ampliamente utilizado también contra activistas políticos y religiosos, y
miembros del movimiento de inspiración budista Falun Gong, que Pekín
considera un “culto diabólico”, por lo que lo ilegalizó a finales de la década
de 1990.
Según el Ministerio de Justicia, en 2008 había en China 160.000 personas
internadas en un total de 350 de estos centros. La cadena de televisión pública
CCTV eleva el número a 310.000, en 310 centros.
La reeducación por el trabajo es un sistema de detención
administrativa para delitos menores, dictada por la policía fuera del sistema
judicial. Es distinta de la antes llamada reforma por el trabajo (laogai),
que incluye prisiones, granjas y campos de trabajos forzados para condenados
por un tribunal, con penas más largas. Estas instalaciones continúan, pero el
Gobierno no usa el término laogai desde mediados de los noventa.
En Shanping, Huang fue obligado a trabajar primero en el equipo dos de la
unidad cinco, donde fabricó componentes de motocicletas, y luego en el equipo
dos de la unidad uno, donde, según dice, se producen cables de automóvil para
la compañía china Changan. “Trabajaba 10 horas al día. A veces más, a veces
menos, dependiendo de las necesidades en la factoría. Dormíamos muy pocas
horas, porque también teníamos todas las otras actividades”. En Shanping, los
presos están repartidos en siete unidades, según cuenta: de la uno a la nueve.
No existen la número cuatro —cuya pronunciación es similar a la de la palabra muerte—
ni la ocho —número de la suerte en China,
ya que suena como fortuna—. Le pagaban ocho yuanes (un euro) al mes.
En cada unidad había entre 100 y 300 internos. “Son peticionarios [personas
que protestan ante las autoridades por causas que van desde las expropiaciones
ilegales de tierras hasta la corrupción o injusticias en los tribunales],
pequeños ladrones, participantes en altercados públicos, proxenetas, y gente
como yo, que es detenida por sus palabras”, afirma este hombre de 29 años. En
la habitación en la que él dormía se apiñaban 16 personas en literas dobles. La
unidad siete era la de los miembros de Falun Gong.
Los campos de reeducación han sido muy criticados por organizaciones
internacionales como Naciones Unidas,
pero también, dentro de China, por abogados y académicos, que los consideran
ilegales y fuente de abusos. Además, son campo de corrupción, con familiares de
detenidos que pagan a los funcionarios para reducir sus penas o para mejorar su
alimentación.
“El sistema de reeducación por el trabajo viola la Constitución
china y la ley, no es humanitario, ha sido utilizado en muchos casos injustos,
falsos y erróneos y causa muchas peleas en la sociedad. Es hora de que sea
abolido”, afirma Hu Xingdou, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología
de Pekín, que ha denunciado con frecuencia el modelo. “Quienes están internados
no han quebrantado la ley criminal, y estos campos son ilegales; por tanto, no
son criminales. Este sistema priva a la gente de sus derechos sin un juicio”,
añade Pu Zhiqiang, un abogado que ha llevado muchos casos sensibles y
contribuyó a la liberación de Huang.
Desde hace años, el Gobierno dice que va a reformar el
sistema. Pero la presión, entre otros, del Ministerio de Seguridad
Pública, que ha advertido de que su eliminación supondría una amenaza para la
estabilidad social, ha ido retrasando la decisión. Sus defensores argumentan
que ayuda a reducir la criminalidad. Algunos expertos consideran que su cambio
podría aumentar los casos en los ya muy sobrecargados tribunales, y otros, que
su transformación supondrá una merma de ingresos para los Gobiernos locales,
que se benefician de la mano de obra gratis para fabricar productos, que
incluso son exportados.
La llegada de Xi Jinping, en noviembre pasado, a la secretaría general del
Partido Comunista Chino (PCCh) y sus llamamientos a luchar contra la injusticia
y la corrupción parecen haber dado un nuevo impulso a la reforma.
El Diario del Pueblo —órgano oficial del PCCh— publicó en noviembre
un editorial en el que decía que la reeducación viola la ley y se ha
convertido en “una herramienta de venganza” en manos de algunos. A principios
de enero, Meng Jianzhu, miembro del Politburó del PCCh
y director del Comité de Asuntos Políticos y Legales, aseguró que su uso
“finalizará este año”, tras la aprobación en el Parlamento, cuya sesión anual
tiene lugar en marzo. Las declaraciones del alto funcionario fueron matizadas,
poco después, por la agencia oficial Xinhua: “El Gobierno chino promoverá este
año las reformas de su controvertido sistema de reeducación por el trabajo,
que, según expertos, contradice leyes superiores, incluida la Constitución
china”.
Huang, un operario especializado en máquinas de control numérico, afirma
que la seguridad en Shanping es, incluso, “mayor que en una cárcel”, y el
régimen de funcionamiento, muy estricto. “Tienes las llamadas seis posiciones
fijas obligatorias. Cada interno tiene su mesa y su lugar en ella para comer,
su sitio en las filas, su lugar para las clases de estudio, su puesto de
trabajo, su cama. No puedes caminar libremente, y si incumples las normas, te
castigan de pie durante horas, te confinan en solitario en una habitación
pequeña o te golpean. Además, te deducen puntos y alargan tu estancia”. Dice
que los maltratos son frecuentes. “He visto a menudo pegar a internos hasta que
sangraban y tenían que darles varios puntos en la cabeza. Quienes pegan no son
los policías, sino otros empleados”.
Algunos críticos temen, sin embargo, que la reforma sea
solo una operación de maquillaje. Según Human Rights Watch, en los
últimos años, Pekín ha considerado sustituir los campos de reeducación
por un sistema de detención que “dejaría esencialmente intactas características
clave del mecanismo existente: un sistema de detención administrativa, bajo el
control del Departamento de Seguridad Pública, que existiría en paralelo al
sistema criminal formal y permitiría detenciones a largo plazo sin los
beneficios de un juicio y el debido proceso legal”. Según la organización,
“utilizaría un nombre diferente, establecería una sentencia máxima y, en
teoría, permitiría algunos derechos procesales, como el acceso a un abogado”.
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