El limbo de Guantánamo

El presidente firmó una orden ejecutiva en 2009 para cerrar la prisión

ANTONIO CAÑO Washington 14 FEB 2013 - 20:10 CET

Entre los objetivos marcados por Barack Obama para su segundo mandato en el discurso sobre la estado de la Unión hubo una ausencia notable: el cierre de Guantánamo. No es una sorpresa, puesto que hace tiempo que ese asunto no aparece entre las prioridades del presidente ni la presión social en Estados Unidos al respecto es significativa. Pero sí es la confirmación de que la Casa Blanca, frustrada por la complejidad del caso, ha tirado la toalla.

La orden del cierre de Guantánamo en el plazo de un año fue la primera que firmó Obama al llegar al Despacho Oval. Pero en el camino surgieron tantos obstáculos, que no solo transcurrió ese año sin resultados sino que pasaron otros tres más y, seguramente, los cuatro años restantes de esta presidencia, puesto que todo indica que la herencia envenenada que dejó George W. Bush quedará para el sucesor de Obama. La última prueba de ello es que Daniel Fried, quien estaba al frente de las gestiones para la repatriación de los presos, dejó la pasada semana su cargo, sin que nadie le haya sustituido.

Formalmente, la Casa Blanca no ha renunciado al propósito de cerrar Guantánamo. Cada vez que se le pregunta en público a un portavoz oficial, la respuesta es la misma: “El presidente sigue comprometido con esa idea”. Pero, en privado, se admite que es una causa imposible y se responsabiliza del fracaso al Congreso.

En parte es así. Los republicanos se han opuesto desde el primer día a esa medida y han obstaculizado la búsqueda de cualquier solución. Los demócratas, por su parte, tampoco han ayudado mucho. Ningún demócrata, por ejemplo, se ha ofrecido a defender la instalación en su estado de una cárcel a la que trasladar los presos de Guantánamo.

Obama, por su parte, es responsable de no haber dedicado a ese fin las energías necesarias, que hubieran sido muchas. Un presidente cuenta con un determinado capital político que gastar. Este presidente, en cuanto comprobó que el cierre de Guantánamo exigía muchísimo más que firmar una orden, prefirió dedicar ese capital, primero, a la reforma sanitaria o a la solución de la crisis económica, y ahora, a la reforma migratoria o al control de las armas de fuego.

Aunque, de repente, Guantánamo fuera su prioridad, quizá las cosas no cambiarían mucho. En la famosa prisión situada en la base norteamericana en Cuba hay actualmente 166 presos. De ellos, 56 son de Yemen, de los cuales 26 están ya autorizados a ser puestos en libertad. Pero su país no los acepta y ningún otro ha accedido a acogerlos. Las expatriaciones están paralizadas, además, porque el Congreso exige, para aprobarlas, que la Administración garantice que no serán un peligro posterior, algo prácticamente imposible.

Para los 46 presos calificados como “muy peligrosos”, el Gobierno busca un estatus que permita que sean juzgados. Pero cuando se intentó hacer el juicio de algunos en Nueva York, se opuso el alcalde de la ciudad. Aunque se consiguiera procesarlos, no hay cárceles a las que enviarlos puesto que todos los estados se niegan a recibirlos.

Guantánamo ha quedado en un limbo legal y político del que a nadie se le ocurre como salir.