Los Acuerdos con judíos, protestantes y musulmanes
cumplen 20 años con deficiencias
“Aquí guardamos los datos de la Iglesia católica y aquello es el archivo de
los herejes y los infieles”, solía decir una funcionaria de la Dirección
General de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia cuando
enseñaba su negociado. Ocurrió todavía a finales de los años 90 del siglo
pasado, bajo el Gobierno de José María Aznar, en pleno desarrollo de la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa. Para entonces, el Estado español había firmado
ya tres acuerdos de cooperación con las religiones consideradas en aquel
momento de “notorio arraigo” (judíos, protestantes y musulmanes), pero la
tradicional confesionalidad nacionalcatólica de España se resistía a
retroceder. Ayer se celebró la conmemoración de la rúbrica, hace veinte años,
de aquellos acuerdos/ley, presidida por el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón. Más tarde, en un largo coloquio con los líderes de esas
confesiones, se constató que la celebración, sin ser funeral, ofrecía escasos
motivos para el entusiasmo.
La jornada se cerró con la presentación del Centro Internacional para el
Diálogo Interreligioso e Intercultural King Abdullah Bin Abdulaziz (KAICIID )
fundado por el Reino de Arabia Saudí, Austria y España, con el Vaticano como
“observador fundador”. El Centro, algo así como una alianza de civilizaciones
religiosas, celebra este fin de semana en Madrid su primera reunión del comité
directivo desde que comenzó a funcionar en Viena en noviembre del año pasado.
Aprobada dos años después de la entrada en vigor de la Constitución de
1978, la ley de
Libertad Religiosa garantiza a las religiones minoritarias los
mismos derechos que a la Iglesia católica. Pura teoría. Un ejemplo lo puso esta
mañana Alberto de la Hera, que fue director general de Asuntos Religiosos con
Aznar. Una vez, el alcalde de una ciudad se negaba a permitir el entierro por
el rito musulmán de uno de sus vecinos. Para ello apelaba a una simple
ordenanza municipal. Advertido por De la Hera de su tremendo error –“¡Una ley
orgánica está por encima de sus ordenanzas, señor”!-, el edil se cerraba sobre
su autoridad. Hubo que enviarle a un subdirector del Ministerio de Justicia,
“que hizo cientos de kilómetros a cuenta de los impuestos de todos ustedes”,
para meterlo en razón.
El ex director general elevó una queja más general. “Los Acuerdos de 1992
son buenos sobre el papel para saber qué hacer con las bodas y los entierros, y
en los hospitales, las escuelas, las cárceles, pero tienen que ser aplicados
por las diferentes Administraciones nacionales, autonómicas y locales. Y tengo
que decir que yo no encontré ninguna colaboración ni en el Ministerio de
Educación, ni en Sanidad, ni en Defensa, ni en la Justicia”, confesó De la
Hera.
Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), expresó su enfado poniendo el
ejemplo de los jueces. “Muchos ignoran los acuerdos y se resisten a aceptar que
existe una forma distinta de casarse, con ritos propios en cada confesión,
antes de llevar los documentos del matrimonio al Registro Civil. Finalmente, lo
consigues, después de muchas explicaciones, pero a veces tardas un embarazo en
arreglar los papeles, como cuando pides una licencia de obras”. Pese a todo, el
también dirigente protestante, Eliseo Vila, calificó los acuerdos como “un hito
histórico y el fin de 500 años de persecución, destierro, fusilamientos y
exterminios”. Él mismo fue una víctima, acompañando a su padre, siendo todavía
un niño, de comisaría en comisaría para llevar a su madre noticias del marido
apresado.
Otro motivo de disgusto tiene que ver con el dinero público. Ahí las quejas
son clamorosas, con ejemplos extravagantes. Así, mientras la Iglesia romana
goza en España de un auténtico paraíso fiscal y recibe del Estado, cada año,
cientos de millones euros para pagar a su clero, para el culto, para sus
docentes de catolicismo, o para sueldos de sus capellanes en hospitales,
cárceles o cuarteles (sin que el católico ponga un solo céntimo de su
bolsillo), las otras confesiones tienen prohibido por los acuerdos financiarse
de esa manera. Para colmo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013
les ha rebajado escandalosamente la dotación para sus actividades sociales y de
solidaridad, que venían recibiendo a través de la Fundación Pluralismo y
Convivencia (de cinco millones de euros en 2012 a repartir entre seis
confesiones, a apenas un millón y medio ahora). En cambio, la Iglesia católica
es probablemente la única organización que no ha sufrido recorte alguno con la
crisis.
Lo curioso es que, cuando se negociaron los acuerdos de cooperación el tema
del dinero parecía quedar zanjado. Lo contó Dionisio Llamazares, el director
general de Asuntos Religiosos que los negoció y asistió a su firma solemne en
noviembre de 1992, por mandato del Gobierno de Felipe González“. Dijo: “Se puso
sobre la mesa de negociación el tema de los impuestos, también el IVA que no
pagaba entonces la Iglesia católica, y también la situación de la casilla en el
impreso del IRPF, que tiene solo la confesión mayoritaria. Les expliqué que lo
del IVA era una imposición de la Unión Europea, y claro, se me dijo que cómo
entonces no se les exigía a los obispos. Pero en aquel momento, la cosa era muy
clara. No habría financiación para ninguna confesión. Eso iba a acabarse,
porque los Acuerdos con el Vaticano, de 1979, dicen claramente que aquel
sistema era transitorio, para tres años, y que a partir de entonces los obispos
se habían comprometido a autofinanciarse. Se dice bien claro en el texto. Así
que, cuando algún dirigente me reprochaba lo que íbamos a firmar, yo le decía:
‘Espera, espera. Eso pronto se acabará’, pese a que ya se había superado con
creces el plazo pactado más tarde. Eso es lo que yo pensaba y lo que podía
decirles, porque era lo que estaba acordado y firmado”.
Ante las risas o las quejar de los presentes, Llamazares tuvo que explicar
que no sólo no se han cumplido sus previsiones, sino que las cosas han ido a
peor. El Gobierno elevó en 2007 un 37% la cuota del IRPF que los obispos
reciben de Hacienda por mandato de los católicos que ponen la equis en su
declaración de la renta, y además les liberó de su compromiso de
autofinanciarse, adquirido en 1979. “En aquel momento, la cosa era muy clara, y
los acuerdos no se han modificado, sino solo se han reinterpretado cuando
Bruselas impuso, mediante un ultimátum que venía de lejos, que los obispos
debían pagar el IVA como todo el mundo, y para suprimir la idea de ‘dotación’,
que entregaba a la Conferencia Episcopal un dinero fijo por adelantado dijeran
lo que dijeran más tarde sus fieles en el IRPF, mientras que ahora se ha pasado
a la idea de la ‘asignación’, es decir, que van a recibir lo que salga de las
declaraciones, si sale más, se les da más, y si sale menos, tendrán que
devolver lo ya recibido, cosa que antes no hacían nunca”.
Las confesiones también sufren discriminación en materia de enseñanza.
Llevan años reclamando profesores de su religión en las escuelas públicas (la
Iglesia católica tiene 15.000 docentes a sueldo del Estado), y el Estado mira
para otra parte. A día de hoy, según Justicia, hay solo 46 docentes musulmanes
y otros 165 para las diferentes iglesias evangélicas. En España practican el
islam 1.200.000 personas, muchas ya españoles confesos (un tercio) o hijos de
inmigrantes de tercera o cuarta generación, y hay un millón de protestantes,
además de 35.00 judíos, según los datos que esta mañana facilitó el Ministerio
de Justicia citando como fuente la Fundación Pluralismo y Convivencia. Eso
quiere decir que decenas de miles de chicos y chicas no reciben clase de su
confesión pese a lo que dicen los acuerdos firmados. Los judíos ni siquiera han
hecho la petición de profesorado.
Entre las muchas extravagancias que ocurrieron durante la negociación de
los acuerdos con las confesiones, sobresalen las que tienen que ver con el
analfabetismo nacionalcatólico, después de 500 años de la expulsión de judíos y
de la persecución de los moriscos hasta su práctico exterminio. Las más
sabrosas, quizás, las contó el representante de la Comunidad Judía, Mauricio
Toledado, hijo del negociador entonces de los acuerdos.
“Ustedes, la raza judía’, le dijo a mi padre un abogado del Estado al
comienzo de las conversaciones. Mi padre le replicó: ‘Los judíos no somos una
raza. Raza son ustedes, los abogados del Estado’. Y se comprometió a vencer a
esa raza. Tengo que decir que se ha logrado y que los acuerdos son una
bendición”.
Otra vez, cuando se discutía de dinero, otro negociador del Estado afeó a
los judíos que hablaran de ese tema. Su tesis era que si la Iglesia católica
recibía tanto dinero del Estado, era por culpa de los judíos y por la
desamortización de Mendizabal, en el siglo XIX, “que era judío y les quitó
todos los bienes”. Más tarde, a la comunidad judía se les intentó negar el
carácter de “notorio arraigo”, y por tanto, su derecho a contar con acuerdos de
cooperación, con el argumento de que eran muy pocos. Isaac Querub, presidente
de las Comunidades Judías de España, que participó también en los debates,
sentenció: “España padece un antisemistismo sin judíos, al parecer, y eso que
con Franco éramos un peligro y se hablaba entonces de la amenaza del
contubernio judeomasónico”.
Los musulmanes también alzaron sus quejas, por boca de
los secretarios generales de la Comisión Islámica de España,Riay Tatary y
Mounir Benjelloum. Todavía hoy se les mira como si fuesen todos un peligro
terrorista. La mezquita de Tetuán, de la que Tatary es imán, cumple ahora 25
años y recibe cada día visitas de colegios, en una prueba de normalidad e
integración total. Pese a todo, aún se obliga en alguna comisaría a quitarse el
velo a la mujer musulmana para obtener el DNI (pero no a las monjas que visten
hábito preconciliar), o se acompaña la tramitación de permisos con la solicitud
previa de un informe de la Policía competente.
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