Más de 100.000 irregulares han llegado a Etiopía en un
mes y se espera que 50.000 más lleguen en los próximos meses, el doble de lo
previsto
La decisión de Arabia Saudí de expulsar a los
inmigrantes que no tengan la documentación en regla está causando
enfrentamientos dentro del reino y poniendo en aprietos a los países de origen
de los trabajadores. Tres ciudadanos etíopes y un sudanés murieron el mes
pasado cuando policías y agentes de paisano buscaban sin papeles en Riad.
Etiopía, uno de los más pobres de África, ha anunciado hoy que ya ha repatriado
a 100.000 nacionales y otros 50.000 esperan en campos de detención. Yemen,
Sudán y Pakistán, también se están viendo afectados por este repentino aluvión.
“Los regresados de Arabia Saudí alcanzaron 100.620 la pasada noche”, ha
informado esta mañana el ministro etíope de Asuntos Exteriores, Tedros Adhanom,
en un comunicado. “Todos los ciudadanos que estaban detenidos en campos de
deportación en Riad están de vuelta”, añadía. No obstante, su departamento aún
espera a otros 50.000 etíopes que no pudieron regularizar su situación antes de
que, el pasado 4 de noviembre, concluyera la amnistía para que los inmigrantes
arreglaran sus visados, o se fueran voluntariamente del país.
Los etíopes no han sido los únicos afectados. Por lo menos 11.000
trabajadores han regresado de forma voluntaria a Sudán, según informaba la
prensa de ese país la semana pasada. También han sido expulsados
54.000 paquistaníes de los cerca de un millón que trabajan en el
reino. Pero quizá la comunidad más afectada sean los yemeníes, entre
200.000 y 300.000 de los cuales se estima que residen de forma irregular
en Arabia Saudí y se sumarán al ejército de desempleados entre los que recluta
Al Qaeda. Además, hay indios, bangladeshíes, filipinos, nepalíes y hasta 14
nacionalidades en las mismas circunstancias.
Sin embargo, numerosos vídeos
clandestinos difundidos a través de las redes sociales muestran a
los etíopes como los más activos en las protestas contra su expulsión que se
han producido sobre todo en Riad. Los saudíes les asocian con redes delictivas
dedicadas al tráfico de bebidas alcohólicas y la prostitución, ambos prohibidos
en el reino. Etiopía es el segundo país más poblado de África con 91 millones
de habitantes y uno de los más pobres del continente. Cada año decenas de miles
de sus ciudadanos se juegan la vida cruzando el golfo de Adén en pateras con el
objetivo de llegar a Arabia Saudí en busca de trabajo y mejores oportunidades
de futuro.
Aunque la falta de transparencia del sistema saudí hace difícil saber cómo
surgieron las protestas, todo indica que fueron violentamente acalladas por la
policía y civiles armados con palos. Las manifestaciones de todo tipo están
prohibidas en Arabia Saudí.
El Gobierno etíope ha dicho que tres de sus ciudadanos murieron en esos
enfrentamientos. También ha reconocido que hay algunos detenidos, sin precisar
su número. La prensa saudí se ha hecho eco de la muerte de un sudanés el 13 de
noviembre, y de un saudí y otros dos hombres de los que no precisa
la nacionalidad cuatro días antes.
Human Rights Watch (HRW) ha criticado la
violenta represión y pedido a las autoridades que investiguen la
violencia. La organización de defensa de los derechos humanos advierte del
riesgo que suponen las condiciones en las que están confinando a los
trabajadores que van a deportar en centros de detención provisionales sin
alimentación ni servicios sanitarios adecuados. Algunos han dormido a la
intemperie a pesar de las fuertes lluvias que hace un par de semanas afectaron
a Riad.
“Durante meses, las autoridades saudíes han estado tachando de delincuentes
a los inmigrantes en los medios de comunicación y agitando los sentimientos
contra ellos para justificar la represión”, ha declarado Joe Stork, el
vicedirector para Oriente Próximo de HRW. “Ahora el Gobierno saudí tiene que
contener a los ciudadanos saudíes que están atacando a los trabajadores
extranjeros”.
La violencia que estalló el mes pasado contra los etíopes sigue a meses de
informaciones en la prensa saudí responsabilizando a empleadas del hogar
etíopes de ataques brutales contra las familias saudíes para las que
trabajaban. El pasado julio, funcionarios saudíes anunciaron la detención de
200 mujeres etíopes por “problemas psicológicos”, lo que permitió al Ministerio
de Trabajo prohibir temporalmente la contratación de trabajadores de esa
nacionalidad.
Hasta ahora casi 9 millones de los cerca de 30 millones de habitantes de
Arabia Saudí son extranjeros. Constituyen más de la mitad de la fuerza laboral,
sobre todo en el sector servicios, la industria y la construcción. Las
autoridades han justificado la persecución de los inmigrantes como un esfuerzo
por combatir el elevado paro entre los saudíes, aunque muchos observadores
dudan de que éstos vayan a aceptar ese tipo de empleos.
Desde que empezó la operación contra los trabajadores
irregulares en marzo, un millón de yemeníes, indios, paquistaníes,
bangladesíes, nepalíes y filipinos han abandonado el país. Se espera que la
actual persecución de quienes no han aprovechado la amnistía para regularizar
su situación permita expulsar a otro millón más.
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