Seis países solicitaron a la Comisión que equiparara la negación
del Holocausto con la de los crímenes cometidos por los antiguos
regímenes comunistas
RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO - Bruselas - 24/12/2010
Primavera de Praga, 1968 |
Los ministros de Exteriores de Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania,
República Checa y Rumanía enviaron recientemente una carta a Viviane
Reding, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia y Derechos
Fundamentales, en la que reclamaban una iniciativa legislativa para
castigar la "aprobación pública, minusvaloración o negación de los
crímenes totalitarios".
La carta fue promovida por el jefe de la
diplomacia lituana, Audronius Azubalis, quien, como muchos políticos de
países antaño sometidos al dominio de la Unión Soviética, se lamenta de
que los europeos estén perfectamente al tanto de las atrocidades
cometidas por los nazis (Alemania, Austria, Francia y Hungría incluso
han criminalizado la negación del Holocausto) e ignoren las perpetradas
por los comunistas. La negación o condonación de tales delitos "debe ser
sometida a los mismos estándares [que se aplican a los crímenes nazis]
para evitar el resurgimiento de la ideología totalitaria", dicen los
signatarios.
Karel Schwarzenberg, ministro checo perteneciente a
una familia aristocrática acosada por el comunismo, mantiene que los
crímenes de los totalitarismos son perfectamente equiparables, que
Hitler y Stalin fueron asesinos de masas y que quienes colaboraron con
ellos fueron cómplices.
La carta era la última manifestación de un activismo de base que se encarnó en abril del año pasado en una resolución del Parlamento Europeo,
jurídicamente no vinculante, en la que se dice que "Europa no estará
unida hasta que sea capaz de establecer una visión común sobre su
historia, reconozca el nazismo y el estalinismo y los regímenes
fascistas y comunistas como un legado común". Condenaban, además, sus
euroseñorías "todos los crímenes contra la humanidad (...) perpetrados
por todos los regímenes totalitarios y autoritarios" y pedían que el 23
de agosto se convirtiera en "Día Europeo conmemorativo de las víctimas
de todos los regímenes totalitarios y autoritarios".
Los propios Gobiernos de la Unión dieron a finales de 2008 dos años de plazo a la Comisión
para que evaluara si hacía falta un instrumento jurídico específico
para abordar la cuestión. Bruselas encargó entonces un estudio sobre
cómo se trata en los Veintisiete la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios
en Europa y ese trabajo de casi 500 páginas, dirigido por el politólogo
español Carlos Closa, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, ha servido ahora de base al informe de la Comisión que frustra las expectativas de los seis ministros.
Closa
y sus colaboradores establecen con lujo de detalles que los distintos
países emplean un amplio abanico de métodos e instrumentos para tratar
con la memoria de los totalitarismos; que cada Estado ha adoptado su
propia combinación de legislación y políticas para abordar la cuestión, y
que el negacionismo sobre uno u otro extremo suscita diferente
respuestas: once países no tienen legislación sobre el particular y solo
dos (República Checa y Polonia) consideran delito negar los crímenes
del comunismo.
Recuerda la Comisión que el artículo 83 del Tratado
de Lisboa fija claramente las infracciones penales y sanciones en
ámbitos delictivos que pueden ser objeto de directivas (terrorismo,
trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico
de armas y drogas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de
moneda, delincuencia informática y organizada) y hace notar que "la
condonación, negación o flagrante trivialización públicas del genocidio,
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra infligidos a grupos
de personas identificados por su raza, color, religión, ascendencia u
origen nacional o étnico no entra en esas áreas".
El Ejecutivo comunitario pasa la pelota a los Gobiernos de los Veintisiete: "La relación de áreas
[sobre
la que se puede preparar una directiva] puede ser ampliada por
unanimidad por el Consejo, previo consentimiento del Parlamento Europeo
en función de la evolución de los delitos". Y cierra el caso: "En estos
momento las condiciones no se cumplen" para adoptar una iniciativa que
satisfaga a los seis ministros.
Expuesta la argumentación
jurídica, la Comisión concluye que "mantener viva la memoria de los
horrores del pasado es nuestro deber colectivo como señal de tributo y
respeto a todas las víctimas que han sufrido y perecido y como un modo
de asegurarse de que no volverá a ocurrir".
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