EE UU busca una solución política que deja en segundo
plano los derechos humanos
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| Milicianos talibáns entregan as armas en Herat |
Al principio fueron filtraciones, luego vinieron las declaraciones
oficiales. Y es así como las negociaciones con los talibanes para un acuerdo de
reconciliación en Afganistán
se han convertido en la cuestión clave para poner fin a una misión
internacional que tiene fecha de
caducidad sin que se pueda proclamar misión cumplida. Una estrategia
de salida que, como casi todo lo que ha ocurrido en la intervención en el país
asiático en los últimos diez años, corre el riesgo de dejar el país en 2014 una
vez más al borde de la guerra civil, atrapado en su propio eterno retorno.
“Hay el riesgo de que nos vayamos de Afganistán en una situación
desastrosa, con un acuerdo débil que no sobrevivirá en el tiempo”, comenta
Francesc Vendrell, exenviado de la ONU y exrepresentante
de la UE en Afganistán, en su intervención el martes en la primera
de las tres jornadas sobre los riesgos de la retirada de Afganistán celebradas
en Madrid y Barcelona por las organizaciones Asociación por
los Derechos Humanos de Afganistán (ASDHA) y el Afghanistan Analysts Network (AAN).
“Hace falta una solución política. Un acuerdo con los talibanes es
inevitables pero tiene que haber un amplio consenso nacional, las concesiones a
los talibanes tienen que tener un consenso amplio”, recalca Vendrell, actual
presidente del comité asesor del AAN, mientras desgrana una tras otras las
cosas que serían necesarias para un acuerdo que no sea solo un parche para
justificar el fin de la misión internacional. De entrada, dice, “las
negociaciones con los talibanes tiene que llevarlas el Gobierno afgano pero al
mismo tiempo EEUU no puede no estar involucrado”. Los últimos acontecimientos
no parecen demostrar que Washington y Kabul estén siguiendo el mismo camino.
Tras el anuncio bendecido por EE UU de la apertura de
una representación diplomática de los talibanes en Catar, el
presidente Hamid Karzai ha
anunciado el lunes que se reunirá con los talibanes para negociar en Arabia
Saudí, en lo que, según el exenviado de la UE, puede ser “una señal
del descontento de Kabul hacia la iniciativa de EEUU”.
“Si el Gobierno afgano no se siente cómodo con las negociaciones, las
socavará”, añade Vendrell, dejando caer que las filtraciones que hubo en las
últimas semanas pueden ser parte de una fácil forma de boicoteo. Pero el
problema no es solo la distancia entre la Administración estadounidense y el
Gobierno afgano: “En la Administración de EE UU tampoco hay acuerdo, por
ejemplo, entre la Casa Blanca y el Pentágono. O entre lo que dice la secretaria
de Estado [Hillary] Clinton y lo que dice el embajador en Kabul”.
Y todo mientras de momento ni EEUU ni Kabul están interesados en contar con
un mediador, en un escenario en el que haría falta que se involucraran las
potencias regionales (India, Rusia), por supuesto Pakistán y sobre todo Irán.
“Pero, ¿cómo hacer que Irán esté implicado cuando nos encontramos en un momento
en el que las relaciones con EEUU son las peores en años? Si Israel empezara un
ataque contra Irán estropearía por completo las posibilidades de un acuerdo”,
asegura Vendrell.
“¿Y la población afgana? ¿Qué quiere la población afgana?”, pregunta uno de
los asistentes a la conferencia de Madrid a una mesa redonda formada por
expertos y defensores de los derechos humanos en Afganistán. Hadi Marifat,
director de la Organización por los Derechos Humanos
y la Democracia en Afganistán, es uno de los encargados de dar una
respuesta que no es sencilla. Marifat es de etnia hazara, perseguida
brutalmente por los talibanes. “Si me preguntan como afgano qué es lo que
quiero, está claro que quiero paz. Pero ¿cuál es el precio?”. En las muchas
intervenciones que seguirán a la suya nadie lo explicitará claramente pero el
mensaje de fondo es que el “precio” es que el discurso sobre los derechos
humanos no será la prioridad en este llamado proceso de reconciliación. A
pregunta directa, Vendrell cierra la cara en una mueca y contesta: “Creo que
no”.
Por otra parte la decisión de Karzai en diciembre pasado de no renovar tres
de los cinco miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Afganistán, justo cuando el organismo iba a presentar un informe sobre los
abusos cometidos por miembros del actual Gobierno, no levantó ampollas en la
comunidad internacional.
Rangina Hamidi conoce de primera mano lo que ha sido la
lucha para los derechos humanos en estos años en Afganistán. Volvió al país en
2003 dejando una carrera profesional en EEUU, adonde llegó tras haber
huido con su familia a Pakistán en 1981. Ha abierto talleres para mujeres
en Kandahar, en una de las zonas más peligrosas y donde más fuerte es la
presencia talibán. Y por eso casi se excusa cuando explica por qué no está en
contra de una negociación. “Puede sorprender que una persona como yo, que ha
trabajado para las mujeres, esté a favor de negociar con los talibanes. Pero es
que yo estoy en contra de todos los regímenes que ha habido porque todos han
matado y violado. Se ha llegado a compromisos con señores de la guerra que
habían matado y violado a mujeres, a niños…Cuando era niña en Quetta quien me
amenazaba con tirarme ácido a la cara eran los muyahidines, aún no
existían los talibanes. Y ahora están en el Gobierno, con el apoyo de la
comunidad internacional. Tenemos que ser honestos con esto”. Hamidi, hija del alcalde de
Kandahar muerto en un atentado suicida el pasado julio, ha vuelto a
abandonar el país casi diez años después. “Los abusos de los derechos de las
mujeres no empezaron ni acabaron con los talibanes”, recuerda y añade: “Un gran error de
Bush fue no incluir en la conferencia de Bonn de 2001 a los talibanes,
mientras sí participaron los señores de la guerra”.
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