El fármaco, vendido en los sesenta, producía
malformaciones fetales
El caso de los niños de la talidomida es, probablemente, una de las
muestras más claras de lo que sucede cuando un fármaco se prescribe sin las
pruebas pertinentes. Patentado en 1955 por Grünenthal en Alemania como un
tranquilizante, era administrado también como calmante de las náuseas del
embarazo, todo parecía ir bien hasta que hubo una serie de nacimientos de bebés
con graves malformaciones, sobre todo acortamiento o falta de extremidades. Hoy
aquellos niños (nacieron unos 3.000 en España, de los que quedan alrededor de
300 con vida, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España,
Avite) todavía luchan por un reconocimiento por parte del fabricante. Este
lunes empieza el juicio en el que 186 afectados piden 204 millones al
laboratorio, a razón de 20.000 euros por punto de discapacidad.
Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, es uno de los demandantes. “A
mis 48 años tengo los brazos más cortos de lo normal, no puedo doblar el codo,
tengo glaucoma y el canal auditivo estrecho, lo que se llama oído de
submarinista, y problemas de páncreas”. El juicio es, para él, la culminación
de años de lucha. Porque los afectados están convencidos de que ha habido un
cúmulo de intereses para no reconocer su enfermedad. “El fabricante es un
imperio que factura 5.000 millones. Su presidente come con Angela Merkel, pero
en Alemania ya ha dado 500 millones de ayudas. No sé por qué a nosotros no nos
toca”, dice.
“El medicamento afecta al desarrollo de las extremidades, pero solo en
embarazadas entre los días 14 y 50, que es cuando empieza su desarrollo. Por
eso muchas mujeres que lo tomaron no sufrieron complicaciones —es lo que le
pasó a mi madre con mi hermana mayor—”, dice Basterrechea. En el mundo, calcula
que pudieron nacer unos 50.000 niños afectados, de los que solo quedan con vida
10.000 o 15.000. “Tenía unos efectos muy graves, y los más graves no
sobrevivieron”, afirma. Extrapolando los datos salen los 2.000 o 3.000 casos
que Avite calcula que hubo en España.
Llegar a este juicio no ha sido nada fácil. El sistema español exige
demostrar una relación causa-efecto entre el medicamento y sus consecuencias. Y
hasta que el CIAC (Centro de Investigación de Anomalías Congénitas) del
Instituto de Salud Carlos III lo acreditó, no pudieron ganar su primera
batalla. Esta fue contra la Administración, responsable de la
farmacovigilancia. “A raíz de aquello se estableció en España”, dice
Basterrechea.
Por fin, en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció su
situación, pero solo a los nacidos entre 1960 y 1965 (a Basterrechea
le pilló por poco), aunque la asociación afirma que el producto, que se sigue
usando para indicaciones como la lepra y otros problemas de la piel, todavía
causó un caso en 2003.
En aquel real decreto, el Gobierno pretendía “responder a la necesidad de
reconocimiento y apoyo solidario a las personas afectadas por la sustancia
activa talidomida”, entre 1960 y 1965, si lo acreditaba el Carlos III. Pero no
se reconocía culpa o responsabilidad, señala Basterrechea, y no se le llama
indemnización, sino “ayuda solidaria”: un pago de una sola vez que, según el
grado de discapacidad, iba de 30.000 a 100.000 euros. “En otros países, como
Alemania, se han fijado sueldos permanentes, que es lo que muchos necesitamos
porque cuando una persona está sin brazos y piernas, no puede trabajar y,
además, necesita ayuda para todas las actividades de la vida”, indica
Basterrechea.
Aquella resolución tiene una ventaja, según Avite: “Ya no tenemos que
demostrar que somos afectados por el producto”. Por eso, ahora esperan que haya
una sentencia a su favor de una indemnización por parte del laboratorio.
Este no ha querido hacer declaraciones al respecto
“porque se trata de un asunto que está en los juzgados”, según ha explicado una
portavoz. Pero en mayo pasado, cuando se supo que se presentaba la demanda en
el juzgado de lo civil número 9 de Madrid, emitió un comunicado en el que decía
que lamentaba la “tragedia” de la talidomida —“que siempre formará parte de la
historia de la compañía”—, y recalcaba que ha estado “abierta” a negociar con
Avite, pero que la asociación rechazó la propuesta (según los afectados les
ofreció 120.000 euros, muy lejos del millón largo de media que reclaman) y
decidió recurrir a procedimientos legales.
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