El informe "Violadas y Expulsadas" denuncia el acoso sexual a
mujeres inmigrantes en situación irregular que trabajan en el servicio doméstico
Recoge obstáculos en la atención sanitaria y desprotección social
"No existe garantía legal de que a una víctima que vaya a denunciar
una agresión sexual no se le abra un expediente de expulsión"
María no tiene papeles. En 2012, trabajaba de interna en el servicio doméstico
cuando fue violada por un compañero. No denunció por miedo a ser expulsada.
Lourdes también está en España en situación irregular. En enero de 2013, fue
violada por cinco conocidos. La agresión le causó un sangrado vaginal. Acudió a
un hospital madrileño, donde se negaron a realizarle las pruebas hasta
que no presentara una denuncia. Estos, con nombres ficticios para proteger su
identidad, son dos de los testimonios que recoge el informe “Violadas y
Expulsadas: mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa
irregular”, de la Fundación para
la Convivencia Aspacia.
El documento pretende visibilizar este tipo de violencia poniendo el foco
especialmente en las empleadas de hogar. “La garantía jurídica que tienen las
españolas, el resto de europeas y las extranjeras con papeles en regla, les
permite acceder a derechos básicos que las mujeres en situación irregular no
tienen. Por ejemplo, la asistencia sanitaria o la protección después de
poner una denuncia. Ellas son más vulnerables”, asegura Bárbara Tardón,
coordinadora del informe, que se basa en la experiencia de 45 mujeres y
denuncia la falta de información en esta materia. "Si bien es cierto que
en España el Estado difunde datos sobre la violencia de género por parte de la
pareja o expareja, no existen datos de la violencia sexual. Mucho menos
de grupos determinados de mujeres como las migrantes y menos aún si están en
situación administrativa irregular”.
La falta de permiso de trabajo en España las obliga a aceptar empleos más
precarios, donde no solo están expuestas a la explotación laboral, también en
otros terrenos, como el sexual. “A veces, las agresiones sexuales son una práctica
aceptada dentro de sus tareas. Hemos registrado violaciones. Entre las
que realizan cuidado de hombres, especialmente mayores, hemos detectado abusos,
como tocamientos, lenguaje sexual e incluso tener que hacer masturbaciones. Lo
que refleja el informe es solo el principio, hay que seguir escarbando”. Son
muy pocas las que se deciden a dar el paso de denunciar. El primer obstáculo en
esa carrera de fondo es la atención sanitaria, que puede variar en función de
la comunidad autónoma en la que se encuentren.
En España, existe un protocolo de actuación estatal y otros a nivel autonómico
y municipal. La mayoría indica que la atención a la víctima es prioritaria,
pero hay excepciones. El municipio de Madrid, por ejemplo, no contempla la
recogida de muestras por agresión sexual si no existe denuncia previa.
La mayor parte de los profesionales termina siguiendo las pautas del documento
estatal, pero pueden darse casos como el de Lourdes, que encabeza el artículo,
en los que no atienden a la mujer. “Todo depende del personal que te encuentres
enfrente y un Estado de derecho no se puede sustentar en la voluntad de un
profesional”, denuncia Tardón. La investigación recuerda también que el
decreto que excluye a los inmigrantes en situación irregular del sistema
sanitario impide a estas mujeres "tener un seguimiento completo y
adecuado".
Siguiente obstáculo: la policía. En teoría, cuando una mujer extranjera sin
papeles va a comisaría a poner una denuncia, se debe tramitar su orden de
expulsión o gestionar la propia expulsión en el caso de que ya exista un
expediente, denuncia el informe. En la práctica, no lo hacen, pero la
desconfianza y el miedo echa atrás a las víctimas. “La garantía jurídica no
puede, una vez más, depender de esa arbitrariedad, de la decisión que tome una
persona”. Además, puede considerarse un incumplimiento de la ley con
consecuencias para el propio policía.
Las otras barreras son culturales, ligadas a prejuicios sexistas y xenófobos
que influyen en el comportamiento hacia estas mujeres. "Existen prejuicios
discriminatorios respecto a la nacionalidad, la cultural, la forma de vestir...
A las morenas, las caribeñas, en el fondo les gusta que las toquen, las del
Este que vienen a quitar maridos, etc. En general, el estereotipo es que con
estas mujeres está permitido lo que no está con las españolas”, indica la
investigación. Esos condicionantes determinan también la respuesta social a sus
denuncias. "Es común que, por el hecho de ser migrantes, se considere
que su testimonio es falso porque lo que quieren es sacar partido de la
situación, cosa que es imposible”, recuerda Tardón. “La gente a veces se
pregunta: ¿Por qué una mujer que ha sufrido violencia sexual tarda en denunciar
el caso? Cuando la pregunta es: ¿Por qué se le exige a ellas que denuncien
antes? Ese es solo el comienzo de los problemas que pueden llegar a encontrarse
para acceder al sistema judicial. Generalmente, necesita pruebas muy evidentes
y los juicios son muy duros para ellas porque siempre se duda de las víctimas".
En los últimos años ha habido avances legislativos y políticos para hacer frente a la
violencia contra las mujeres. Estos esfuerzos se han centrado en
las agresiones de género en la pareja o por parte de la expareja y en la
trata de mujeres con fines de
explotación sexual, pero no en los casos de violencia sexual. En el
caso de la trata, las víctimas tienen una serie de garantías legales: la
paralización de su expulsión, 30 días para valorar si quiere testificar,
medidas de protección, permiso de residencia y trabajo o retorno a su país de
origen. En el caso de la violencia de género, también tienen derecho a un
permiso de trabajo y residencia, siempre que su agresor sea declarado culpable.
Las víctimas de violencia sexual no tienen este tipo de colchón.
“No existe nada, ni un plan, ni una política pública. Hay un absoluto
desinterés. No existen ni siquiera campañas de prevención. Nada para trabajar
contra la violencia sexual. Está completamente invisibilizada", reclama Bárbara
Tardón, que propone la puesta en marcha de un plan de acción estatal que establezca
una política pública integral para todas las víctimas este tipo de
violencia, independientemente de la situación administrativa en la que se
encuentren. "Creemos que es el momento de que el Estado tome medidas, no
como un acto de buena voluntad, sino como una responsabilidad jurídica después
de firmar acuerdos internacionales que le comprometen a ello”.
Ningún comentario:
Publicar un comentario