El 36 aniversario de la matanza de los abogados de Atocha vuelve a poner de
relieve que la Transición no fue el período modélico y pacífico del que se
presume. 188 personas murieron por “violencia política de origen
institucional”.
ALEJANDRO TORRÚS Madrid 26/01/2013
El 24 de
enero de 1977, Alejandro Ruiz, abogado laboralista de Comisiones Obreras,
acudió como cada día al local que el sindicato tenía en la céntrica calle de
Atocha. Nada sería igual desde entonces. Ruiz se encontraba en una reunión con
otros ocho compañeros. En el ambiente de la ciudad se respiraba el miedo. Ellos
sabían que en la España de la época corrían peligro. Pero nadie imaginaba
algo así. A las 22.40 horas de la noche un grupo de tres pistoleros asaltó el
despacho. Preguntaron por Joaquín Navarro, histórico líder de Comisiones
Obreras. No estaba. Desde entonces, nada fue igual.
“Nos
agruparon en una esquina del hall del despacho y sin mediar palabra se liaron a
tiros con nosotros. Era evidente que fueron a matarnos. Los altos teníamos
tiros en el corazón y los bajos en la cabeza. Una vez que estábamos en el suelo
nos intentaron dar el tiro de gracia. Yo salvé la vida porque tenía un
bolígrafo en la camisa y me rebotó la bala. Me abrió una herida pero no
tocó hueso y cuando nos dieron los tiros de gracia a mi sólo me hirieron en la
pierna derecha porque era lo único que no ocultaba el cuerpo de mi compañero
Enrique Valdevira, cuyo cadáver tuvo que levantar para sobrevivir”, rememora
para Público Alejandro Ruiz, abogado superviviente de la matanza de
Atocha.
De los nueve
abogados que se encontraban en la sala cinco murieron en el acto: Luis
Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel
Rodríguez. Cuatro lograron salvar la vida: Luis Ramos, Miguel Sarabia, Dolores
García y el propio Alejandro.
El mismo 24
de enero, horas antes de la matanza de Atocha, un bote de humo lanzado por la
Policía impactó en la frente de la estudiante universitaria Mariluz Nájera,
causándole la muerte. En ese momento, Mariluz se encontraba en la manifestación
protesta por el asesinato de otro joven estudiante un día antes: Arturo Ruiz,
quien fue tiroteado por un grupo de extrema derecha durante una manifestación
que pedía la amnistía para los presos políticos que aún estaban encarcelados.
“La
Transición no es el cuento de hadas que nos cuentan. Cada vez que había una
fecha decisiva para el cambio político se recrudecía la violencia política en
la calle. El objetivo era que la calle no fuera de izquierdas, así como
controlar el proceso sin tocar a los franquistas ni los grandes capitalistas.
Se pretendía desestabilizar y frenar el proceso democrático”, analiza Mariano
Sánchez, autor de la obra La Transición Sangrienta (Península).
Los datos
que aporta Mariano Sánchez en su obra son demoledores. Entre 1975 y 1983, se
produjeron 591 muertes por violencia política (terrorismo de extrema izquierda
y extrema derecha, guerra sucia y represión). De ellos, nada menos que 188
de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor
denomina violencia política de origen institucional. Es decir, los
asesinatos “desplegados para mantener el orden establecido, los organizados,
alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado”, explica
Mariano Sánchez.
“Un ejemplo:
al estudiante Arturo Ruiz lo mató un miembro de los guerrilleros de
Cristo Rey de los que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. Es
lo que entonces se llamaban grupos de incontrolados", agrega.
La
investigación llevada a cabo por Mariano Sánchez detalla el origen de cada uno
de los 591 asesinatos. Los grupos incontrolados de extrema derecha causaron 49
muertos; los grupos antiterroristas asesinaron a 16 personas, principalmente
del en torno de ETA y el GRAPO; la represión policial le costó la vida a 54
personas; 8 personas fueron asesinados en la cárcel o en comisaría; 51 murieron
en enfrentamientos entre la Policía y los grupos armados; ETA y el terrorismo
de izquierdas asesinó a 344 y el GRAPO a 51.
Y un dato
más. Sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el
76% del total. Había que controlar la calle porque, no hay que olvidar, la
vía pública tenía un dueño. "El orden público fue un factor determinante
de la Transición. Sirvió para frenar a la izquierda, que entró en el juego y
renunció a las calles, donde se producían las reivindicaciones más fuertes. El
cambio del franquismo a la democracia debía hacerse con el menor coste político
y económico", explica Sánchez.
El asesinato
de Yolanda González
La violencia
no cesó tampoco una vez aprobada la Constitución. En 1980, 30 personas fueron
asesinadas por “violencia política de origen institucional”. Entre los
numerosos atentados quedó grabado en la memoria el secuestro y asesinato en
Madrid de la dirigente estudiantil Yolanda González, militante del
trotskista Partido Socialista de los Trabajadores, un pequeño grupo
político que provenía de una escisión de la Liga Comunista Revolucionaria.
Yolanda, de
apenas 18 años, fue secuestrada y ejecutada por un comando fascista compuesto
por militantes de Fuerza Nueva, comandado por Emilio Hellín Moro, y organizado
por el jefe de seguridad del partido de Blas Piñar. “La asesinaron y dejaron
su cuerpo tirado en una carretera comarcal. Le quitaron la vida un tiro en
la sien disparado por Hellín Moro, quien hoy vive plácidamente, a pesar de
haber de que fue condenado a más de treinta años por el asesinato y secuestro
de Yolanda”, escribe Sánchez.
La
indulgencia de la justicia con los asesinos de extrema derecha de la Transición
fue la tónica habitual. “Hay que partir de la base que los encargados de
investigar los terrorismos era la misma gente que antes estaba en la Brigada
Político Social de Franco. No se hizo una limpieza en las instituciones.
Si la gente es la misma los resultados eran parecidos”, aprecia Sánchez.
Una vez más,
Atocha
La
connivencia de la Justicia con los asesinos de ultraderecha se ejemplifica, una
vez más, con el caso de la matanza de Atocha. Antes incluso del comienzo de la
vista, el juez instructor del caso, Gómez Chaparro-que provenía del Tribunal de
Orden Público- concedió un permiso de fin de semana a Fernando Lerdo de
Tejada, sobrino de una secretaria de Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva)
e imputado en la causa por asesinato.
Lerdo de
Tejada jamás regresaría a la cárcel de Ciudad Real y, hasta hoy, permanece
desaparecido. Su delito prescribió en febrero de 1997. Los otros dos imputados
por el asesinato de los abogados, Fernández Cerrá y García Juliá, sí fueron
juzgados y condenados, cada uno, a 193 años de cárcel. Además, el secretario
provincial del Transporte de Madrid, Francisco Albadalejo Corredera, fue
condenado a 73 años de prisión por haber dado la orden.
Apenas 14
años después de aquella noche de enero de 1977, en el año 1991, García Juliá
obtuvo la libertad condicional. No obstante, su estancia en libertad duró
poco tiempo. El 11 de mayo de 1996 era detenido por la policía boliviana bajo
la acusación de tráfico de drogas. Por último, Fernández Cerrá cumplió 15 años
de cárcel y salió con la condicional en 1992.
Nunca se
investigó más arriba de Albadalejo. Las sospechas de que el asesinato fue
organizado desde élites políticas cercanas al franquismo han circulado siempre
entre los abogados supervivientes y su círculo. Sin embargo, nunca se
investigó. “La investigación judicial impidió saber quien estaba detrás de
los asesinos. Se impidió una investigación mayor que, probablemente,
hubiese unido a estos asesinos a partidos de extrema derecha y a algún sector
ultra del franquismo”, asegura Alejandro Ruiz, quien afirma que aun hoy hay
gente reticente a reconocer que este atentado fue alentado por sectores del
Estado.
“Nos movemos
en un tiempo muy difícil entre la memoria y el olvido, pero sin memoria no
se puede tener futuro. La democracia le costó la vida a cientos de
personas. No fue fácil llegar hasta aquí ni construir una democracia en la que
todos tenemos cabida. Recordémoslo”, sentencia Alejandro Ruiz.
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