Se trata del tercer juicio sobre los crímenes cometidos
en la siniestra Escuela Superior Mecánica de la Armada
ALEJANDRO
REBOSSIO Buenos Aires 29 NOV 2012 - 19:37 CET
En el nuevo juicio sobre la última dictadura de Argentina (1976-1983) que
comenzó este miércoles hay 68 acusados por 789 delitos, entre secuestros,
torturas, trabajo esclavo, desapariciones y homicidios, incluidos los llamados vuelos
de la muerte, en los que los detenidos eran arrojados al Río de la Plata o
al mar desnudos, atados de pies y manos, encapuchados y drogados con pentotal.
Casi 900 testigos darán su testimonio a lo largo de dos años. Se trata del
tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Superior Mecánica de
la Armada (ESMA), que era uno de los dos principales centros clandestinos de
detención del régimen, y por sus dimensiones es el mayor proceso judicial sobre
el terrorismo de Estado en Argentina. Desde que en 2006 se reanudaron los
juicios contra la dictadura en este país, ya ha habido 64 sentencias en las que
se condenó a 244 personas, la mayoría militares y policías, según la
estadística que el Centro de Estudios Legales y Sociales llevaba hasta marzo
pasado.
En el primer juicio sobre la ESMA se juzgaba solo a un exintegrante de la
Prefectura Naval (policía de ríos y mares), que se suicidó en 2007. Entre 2010
y 2011 se hizo el segundo proceso, en el que fueron condenados 17 represores.
De ellos, 16 serán juzgados otra vez en el tercer juicio de la ESMA por otros
delitos que en su momento no se analizaron. Entre estos sentenciados figuran
Alfredo Astiz, conocido como El Ángel Rubio; Jorge Acosta, alias El
Tigre; y Ricardo Cavallo, también llamado Sérpico, que estuvo preso
en España entre 2001, cuando aún regían las leyes del perdón en Argentina, y
2008 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Se juzgará, por ejemplo, la
desaparición de Norma Arrostito, una de los fundadores de la guerrilla peronista
Montoneros, que se formó en 1970, cuando regía otra dictadura, la de 1966-1973.
También se indagará sobre los detenidos que eran obligados a trabajar para el
régimen en oficinas como el gabinete de prensa del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
En el banquillo también se sentarán cinco presuntos pilotos de los vuelos
de la muerte, que fueron el destino final de muchos de los 5.000 detenidos
en la ESMA. Estos vuelos fueron denunciados en su momento por sobrevivientes de
este campo de concentración, hoy devenido Museo de la Memoria, y por el
excapitán de navío Adolfo Scilingo, que se confesó autor de ellos, viajó a
Madrid para denunciarlos ante Garzón en 1997 y allí fue condenado en 2005 y
2007 a 1.084 años de prisión. Entre los acusados por los vuelos de la muerte
en el nuevo juicio figura Julio Poch, que en una noche de borrachera reivindicó
ante otros compañeros de trabajo de la aerolínea holandesa Transavia su
participación en esos operativos. También están dos exprefectos después
reconvertidos en pilotos de Aerolíneas Argentinas, Enrique de Saint Georges y
Mario Arru, y otro, Emir Hess, que confesó a un exempleado suyo de un hotel de
la Patagonia que las víctimas “caían como hormiguitas”. En esos vuelos murieron
al impactar en el agua o ahogados, entre otros, los secuestrados en la iglesia
porteña de Santa Cruz, como las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y
dos monjas francesas, quienes acompañaban a los familiares de desaparecidos en
la búsqueda de sus parientes.
De los 68 acusados, la inmensa mayoría son exmilitares y expolicías, pero
hay dos civiles. Uno es Juan Alemann, abogado y empresario que ocupó el cargo
de secretario de Hacienda de la dictadura entre 1976 y 1981. Secundaba al
entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, en cuya gestión se
inició la apertura comercial del país sudamericano, se congelaron los salarios,
aumentó la deuda externa en forma exponencial y se alimentó una burbuja
financiera. Alemann, que permanece libre, está imputado porque presuntamente
presenció torturas a un guerrillero que había atentado contra él. El otro
juzgado es un abogado, Gonzalo Torres de Tolosa, que supuestamente participaba
como voluntario en los vuelos de la muerte.
Garzón, en el juicio
El exjuez Baltasar Garzón asistió este jueves en el
segundo día del tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela
Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los dos mayores centros clandestinos de
detención ilegal de la ultima dictadura de Argentina (1976-1983). Garzón
apareció entre el publico, en un balcón que da a la sala, donde se acomodan los
familiares de las víctimas, los sobrevivientes de la ESMA y los periodistas. En
la planta baja de la sala estaban los tres magistrados que juzgan el caso, los
68 acusados y sus allegados.
Entre los imputados figuraban varios de los
exmilitares y expolicías que Garzón había investigado en los años noventa y a
principios de la década de los 2000, cuando en Argentina regían las leyes del
perdón y las amnistías dispuestas en los Gobiernos de Raul Alfonsín (1983-1989)
y Carlos Menem (1989-1999). El entonces juez invocaba en su momento el concepto
de justicia universal para perseguir a los autores del terrorismo de Estado
argentino. Estos delitos de lesa humanidad comenzaron a ser juzgados en
Argentina después de que el Gobierno de Néstor Kirchner impulsara la derogación
de todas las amnistías. Este jueves, en el banquillo estaba, por ejemplo,
Ricardo Cavallo, que fue descubierto en México y extraditado en 2001 a España
por orden de Garzón. Allí permaneció en 2008, hasta que fue enviado otra vez a
Argentina para ser juzgado aquí. El exjuez español podía ver el rostro de
Cavallo en una pantalla grande de la sala. La cámara hacía permanente
recorridos de los rostros de los imputados, mientras los secretarios del juzgado
leían la larga lista de más de 700 delitos por juzgarse, pero el exmarino, que
ya fue condenado a prisión en el segundo juicio de la ESMA, no podía observar a
Garzón, apostado en el balcón.
Garzón llegó al juicio acompañado
por la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El
actual asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya venía de visitar
Jujuy (noroeste de Argentina), donde fue a respaldar al juez local Fernando
Poviña, el hombre que hace pocas semanas cobró protagonismo nacional porque
procesó por colaborar en crímenes de la dictadura a uno de los empresarios más
poderosos del país sudamericano, Carlos Pedro Blaquier. Al interrumpirse el
juicio por la hora de la comida, Garzón se retiró rápidamente sin formular
ninguna declaración a EL PAÍS.
Ningún comentario:
Publicar un comentario