La ONU critica a Lima por no depurar responsabilidades ni
reparar los daños provocados a las indígenas doce años después
La última vez que Perú se presentó ante el Comité de derechos humanos de
Naciones Unidas, en 2000, el país salía de ocho años del régimen autoritario de
Alberto Fujimori. En noviembre de 2000, el Comité expresó su preocupación por
las “denuncias
recibidas sobre esterilizaciones involuntarias, particularmente de mujeres
indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más
vulnerables”. Doce años después, la misma instancia vuelve a llamar
la atención sobre el tema por la falta de sanciones a los responsables de esa
política de control natal aplicada durante el gobierno de Fujimori y de
resultados en la investigación.
“Pese al significativo número de años que han pasado, las víctimas aún no
han recibido reparaciones y los perpetradores no han sido sancionados”, señala
en sus conclusiones el comité que evaluó el desempeño de Perú como Estado parte
del Pacto de Derechos Sociales y Políticos. El documento fue difundido el
jueves 28 en Ginebra.
En 2011, durante
la campaña electoral presidencial, el recuerdo de los casos de esterilizaciones
forzadas minó la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex
presidente que cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa
humanidad.
Las investigaciones fiscales acerca de las esterilizaciones forzadas se
reabrieron en 2012, aunque ONG alertaron que si el Estado no provee presupuesto
y personal, las denuncias se archivarán como en el pasado. Los expertos de la
ONU se han pronunciado en el mismo sentido. “El Comité urge al Estado parte a
agilizar la investigación: disponer suficientes recursos económicos, humanos y
técnicos (…) y asegurar que todas las víctimas reciban formas adecuadas de
reparación sin más dilaciones”.
Perú presentó a la ONU, en septiembre de 2011, su quinto informe como
Estado parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aunque debió haberlo
depositado en octubre de 2003. El año pasado, recibió preguntas específicas del
comité de expertos en Ginebra y fue convocado al examen periódico en Ginebra.
Estas audiencias del examen se realizaron el 19 y 20 de marzo, tras lo cual, el
comité de expertos elaboró sus conclusiones.
Entre otras recomendaciones, el Comité indica que el Estado peruano debe
asegurar la aplicación de un protocolo nacional de aborto terapéutico ya
aprobado. “En otros países de América Latina, el aborto terapéutico es
formalmente ilegal, pero en Perú es formalmente legal y no está adecuadamente
implementado. Nosotros debemos enfatizar en la protección de la vida y la salud
de las mujeres; en ese sentido es un problema más serio”, comentó a este diario
Gerald Neuman, uno de los expertos del Comité, y catedrático en Harvard de
Derecho Internacional y Derecho Comparado. “Cierta cantidad de problemas de
Perú acerca de los derechos humanos se debe a que las normas dicen cosas
coherentes con las obligaciones internacionales, pero fracasa en la implementación
efectiva de la ley en la realidad, y no cumple, entonces, con su obligación”,
añade Neuman.
El experto estadounidense también destacó que al Comité de la ONU le
preocupa “la frecuencia con la que declara el Estado de emergencia, sin
justificación, para lidiar con protestas pequeñas y locales”, dado que en esas
circunstancias ha habido excesos en el uso de la fuerza por parte de los
militares y la policía. “Esas violaciones de derechos humanos no están siendo
investigadas ni sancionadas”, agregó por teléfono.
Al igual que Neuman, el abogado argentino y miembro del comité Fabián
Salvioli, remarcó el riesgo que plantean los decretos 1064 y 1065 que autorizan
la intervención de las Fuerzas Armadas ante un ‘grupo hostil’. “En dichas
normas encontramos una posible incompatibilidad con el pacto, pues la
definición de ‘grupo hostil’ puede incluso aplicarse a personas con piedras o
palos, que no merezcan ese uso de la fuerza”.
Las conclusiones del comité también aluden a secuelas del
conflicto armado interno y la lucha
contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. La
instancia lamenta la falta de cooperación del ministerio de Defensa y las
fuerzas armadas a la hora de entregar información.
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