10.000 documentos de 1936 a 1968, listos para difundirse
La mayor desclasificación de la democracia, pendiente de
la aprobación por el nuevo Gobierno
Carmen Sevilla visita ás tropas en Ifni, 1957 |
El Ministerio de Defensa ha ultimado la mayor operación de desclasificación
de documentos secretos de la etapa democrática. El objetivo de esta medida es
poner a disposición del público unos 10.000 informes fechados entre 1936 y 1968
que se guardan en los archivos militares y que, pese a su interés histórico, no
pueden ser aún consultados por estudiosos e investigadores debido a que siguen
legalmente clasificados.
Tras varios años de análisis, la ministra de
Defensa, Carme Chacón, elevó en octubre pasado al Gobierno una
propuesta de desclasificación en bloque de estos documentos -técnicamente,
cancelación de la clasificación-, cuya divulgación, adelantada anoche por la Cadena Ser, ya no representa una
amenaza para la seguridad nacional o la defensa del Estado ni vulnera la
intimidad de las personas. La propuesta quedó aparcada debido a la inminencia
de las elecciones, pero las fuentes consultadas subrayan que el trabajo ya está
hecho y corresponderá al próximo Gobierno decidir si da luz verde a su
difusión.
Entre los miles documentos listos para ser conocidos figuran, por ejemplo,
boletines de radioescuchas, actividades clandestinas y emisiones de Radio
España Independiente (1946-68), espionaje, actividades inglesas y americanas
(1944-1945), repatriación y licenciamiento de las unidades expedicionarias de
las provincias de Ifni y Sáhara (1956-1968), procedimientos por masonería
(19401945), los planes de defensa de los Pirineos (1939-55), las dotaciones de
los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles (1940-46) o
entregas de material aéreo por EE UU (1955).
En Espaсa no existe, como en la mayorнa de los paнses occidentales, un
mecanismo periуdico de revisiуn y desclasificaciуn de documentos, por lo que el
sello de secreto se convierte en un cerrojazo casi perpetuo. El reglamento de
la preconstitucional Ley de Secretos
Oficiales, de 1968, preveнa que las mismas autoridades (militares)
que podнan clasificar documentos determinaran su reclasificaciуn o
desclasificaciуn, "a los efectos de evitar la acumulaciуn excesiva de
material calificado". Esta previsiуn nunca se ha puesto en prбctica, lo
que ha producido la anunciada acumulación.
Se da la circunstancia de que los informes secretos están depositados en
archivos militares, cuya principal función, además de la propia conservación de
los documentos, es facilitar su libre acceso y consulta por parte de ciudadanos
e investigadores, según la Ley del
Patrimonio Histórico Español. En la práctica, la posibilidad de
consultar estos documentos depende de la buena voluntad de los responsables de
los archivos, lo que da lugar a una notable inseguridad jurídica, cuando no
arbitrariedad. Además, muchos documentos no están clasificados uno a uno, sino
de modo genérico, lo que añade incertidumbre.
Para poner fin a esta indefinición y desatascar el problema, Defensa ha
preparado la desclasificación de aquellos bloques o materias que no incluirían
documentos individuales que puedan afectar a la seguridad del Estado. Aun así,
el acuerdo preparado para el Consejo de Ministros preveía un plazo de tres
meses para identificar los documentos y ponerles el correspondiente sello de
desclasificado antes de su libre consulta.
En total, los documentos afectados por el acuerdo -que Defensa reconoce que
no puede cuantificar con exactitud, pero cifra en unos 10.000- se agrupan en 41
bloques referidos, entre otros temas, a la organización y despliegue de
unidades del Ejército durante la Guerra Civil; campos de concentración,
batallones de trabajo, arrestos, denuncias, deserciones; documentación de las
Fuerzas Militares en Marruecos, política en el protectorado español,
información de las zonas española, francesa y cabilas; documentación de la
Armada de los dos bandos de la Guerra Civil o en la Segunda Guerra Mundial, etc
La mayoría están dispersos en los ocho archivos históricos de los Ejércitos
y 17 archivos intermedios, correspondientes a los cuarteles generales y las
circunscripciones militares, a los que ha venido a sumarse el recién creado
Archivo General e Histórico de la Defensa.
La desclasificación en bloque supone, en todo caso, una
solución parcial, a la espera de que una reforma de la ley de secretos
oficiales o una nueva ley de transparencia informativa fije un procedimiento
reglado con vistas al futuro.
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