El investigador y jornalero Antonio Jiménez Cubero profundiza en la
represión franquista contra las mujeres republicanas de Cazalla de la Sierra
(Sevilla) en su nuevo libro ‘Crónica local de la infamia'.
RAFAEL GUERRERO Sevilla 17/03/2014 publico.es
Lavandeiras de Priego de Córdoba nos tempos da II República |
Medio
centenar de mujeres fueron asesinadas por los golpistas tras la toma del pueblo
sevillano de Cazalla, centro neurálgico de la Sierra Norte de Sevilla. La dura
represión franquista llevó a la cárcel a otras 102, mientras que el resto hasta
las 198 represaliadas documentadas en el libro Crónica local de la infamia
desaparecieron, fueron depuradas o se exiliaron. Esto ocurrió a raíz de la toma
del pueblo a sangre y fuego por la columna rebelde del comandante Gabriel
Tassara Buiza el 12 de agosto de 1936. Antonio Jiménez Cubero es un
maestro no ejerciente de profesión jornalero que lleva más de 20 años haciendo
acopio de testimonios de las víctimas y de sus descendientes cuyo resultado ha
sido la publicación de dos libros en los que detalla con precisión la represión
en su pueblo serrano: Con nombres y apellidos (Aconcagua, 2011) y Crónica
local de la infamia (autoedición, 2014).
Entre la
publicación de ambas investigaciones locales se ha podido incrementar el censo
de represaliados en total desde 1.203 hasta 1.843, una cifra que se acerca al
20% de la población, que según el censo vigente en 1936 superaba los 11.200
habitantes. La cifra total de muertos a consecuencia de la represión rebelde
ascendió a 357, según el recuento publicado por el investigador sevillano José
María García Márquez, autor del voluminoso libro de referencia Las
víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla. 1936-1963
(Aconcagua, 2012).
¿Qué pasó en
Cazalla de la Sierra para que la represión fuera tan terrible, tan masiva y tan
cruel? La envergadura de "la matanza y del expolio franquistas siempre se
ha justificado por reacción a una masacre previamente cometida por el Comité de
Defensa que resistió cerca de un mes, pero no hubo tal asesinato en masa",
señala el prologuista Bartolomé Clavero, catedrático de Historia del
Derecho de la Universidad de Sevilla. "Lo único que hubo fue que el día 5
de agosto, tras rechazar un ataque frustrado de la columna golpista Carranza,
los milicianos se dirigieron a la cárcel y mataron a 63 presos
derechistas", reconoce el autor del libro. Esa matanza condicionaría la
represión contra los republicanos que multiplicó casi por seis las víctimas conservadoras.
Y no hubo
más asesinatos porque —como se reconoce en un documento militar encontrado por
el investigador extremeño Francisco Espinosa— "fusilar en masa a gentes
sin más capital que sus brazos, todos asociados a organismos del Frente
Popular, habría acarreado desastrosas consecuencias económicas y de
producción".
Una vez
contextualizado el marco represivo general, descendamos a las represalias que
se tomaron contra las mujeres cazalleras, en las que se extiende el segundo
libro de Jiménez Cubero, un hombre que durante años ha alternado la recogida de
la aceituna y de la documentación en los archivos militares, incluyendo los
papeles de Falange en este pueblo que a alguien se le olvidó hacer
desaparecer, como ha sucedido en el resto de España.
Como señala
la experta granadina en represión contra la mujer, Pura Sánchez, en su
obra Individuas de dudosa moral (Crítica, 2009), los represores
prefirieron "infligirles castigos ejemplares" antes que aniquilarlas,
aunque este fue uno de los pueblos con mayor proporción de asesinadas: 49 en
total. Motivos recurrentes fueron "no sólo por ser rojas —un hecho
político—, sino por haberse atrevido a ocupar un espacio público y social que
no les pertenecía —la política— y por haberse desnaturalizado como mujeres
abandonando los preceptos morales cristianos que, según ellos, eran inherentes
a su condición".
En efecto,
estas motivaciones pesaron mucho sobre las cazalleras republicanas que, en gran
medida, fueron perseguidas y castigadas por ser "familia de", pero
también por haberse atrevido a crear el Sindicato de Empleadas del Servicio
Doméstico, afecto al Sindicato de Oficios Varios de la CNT, en febrero de
1936 tras la victoria del Frente Popular. Esa sindicación culminó un proceso de
movilizaciones que este gremio integrado por las llamadas criadas o sirvientas,
además de lavanderas, aguadoras o silleras había plasmado en sucesivas huelgas
en los años 1932, 1934 y 1936 en pos de unas condiciones de trabajo dignas.
Como ejemplo
baste citar algunas de las reivindicaciones que justificaron la sonada huelga
de junio del 36 ante la reiterada negativas de los patronos a negociar unas
bases contractuales mínimas: jornada de siete horas desde las 09.00 de la
mañana, prohibición de que las mozas sirvientas se quedaran a dormir en la casa
de los patronos, abono del sueldo íntegro en caso de accidente laboral y el
domingo como día de descanso. En cuanto al sueldo, se pedían 40 pesetas
mensuales para las cocineras, 35 para las sirvientas del cuerpo de casa, 30
para las niñeras, y 0,75 pesetas por hora para lavanderas y limpiadoras.
El
Ayuntamiento medió para propiciar la negociación, pero sólo logro que acudieran
dos de los 134 patronos a los que convocó, lo que provocó una huelga de tres
semanas con piquetes ante los domicilios incluidos. "Nada volvería a
ser lo mismo en las relaciones interclasistas de la sociedad local",
precisa Antonio Jiménez añadiendo que "poco antes del golpe militar
sucedió un hecho que marcaría la represión posterior: el cierre gubernativo del
local de la CNT en Cazalla y la requisa de las fichas de las 99 afiliadas el
Sindicato del Servicio Doméstico". Ese listado sirvió para castigar a más
del 90% de aquellas mujeres perfectamente identificadas con sus nombres y
apellidos.
"Para
los fascistas locales había llegado la hora de la venganza y la vergüenza, y
para el resto, fue el tiempo de la muerte, el dolor y el silencio" escribe
Jiménez Cubero, que asegura que hubo barrios enteros del pueblo duramente
represaliados, justamente las zonas más humildes donde vivían las sirvientas.
De las 49 mujeres asesinadas por los golpistas en Cazalla, 11 son catalogadas
por el investigador jornalero Jiménez Cubero como sirvientas de profesión,
mientras que varias decenas más sufrieron cárcel o tuvieron que huir.
Pero,
concluida la guerra, algunas regresaron a Cazalla confiadas en la falsa promesa
de Franco de que nada debían temer quienes no tuvieran las manos manchadas de
sangre. Eso le ocurrió a Carmen Benítez, apodada La Manchá y a sus dos
hijas Dolores y Antonia, que habían estado afiliadas al sindicato. Un
consejo de guerra las condenó en 1941 a 12 años de cárcel a cada una,
"por un batiburrillo de cargos que iba desde el auxilio a la rebelión, a
su carácter revolucionario, pasando por la violencia y demás
perversidades".
El
investigador y autor del libro Crónica local de la infamia, Antonio Jiménez
cubero, intenta en vano desde hace tiempo que al menos una placa en la fuente
del Chorrillo recuerde a estas mujeres que pagaron tan caro el atrevimiento de
luchar por sus derechos.
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