Por: EL PAÍS | 25 de septiembre de
2012
Autores invitados: Gerardo Ríos y Sara del Río (Amnistía
Internacional/Greenpeace)
Esta es una historia de delitos
empresariales, de violaciones de derechos humanos y de la incapacidad de las
autoridades para proteger a las personas y al medio ambiente. Es una historia
que muestra cómo empresas sin escrúpulos pueden abusar de la debilidad e
insuficiencias de la legislación internacional para anteponer sus beneficios a
las vidas humanas.
El 20 de Agosto
de 2006 los habitantes de Abiyán, la principal ciudad de Costa de Marfil, se
despertaron con un olor nauseabundo. Una cadena de empresas irresponsables
había vertido toneladas de residuos tóxicos en hasta 18 lugares diferentes de
la ciudad junto a casas, escuelas, parques...
Pese a la emergencia sanitaria que se declaró, hubo al menos 16 muertos y
43.492 casos fueron registrados como intoxicación grave causada por los
residuos tóxicos. Los efectos en la población dieron lugar a 103.116 peticiones
de tratamiento en los hospitales de la ciudad. En los días peores se produjeron
hasta 8.000 demandas de asistencia médica. Los síntomas más comunes: cefaleas,
problemas respiratorios y oftalmológicos, erupciones cutáneas y
dificultades digestivas con dolores.
¿Cómo se generó esta auténtica crisis de derechos
humanos, este desastre medioambiental?
Una empresa basada en Londres, Trafigura Ltd., la tercera empresa mundial en el comercio de
combustibles y con una facturación anual de 122 mil millones de
dólares, había generado residuos extremadamente tóxicos al realizar un proceso
denominado “lavado caústico” a una gasolina sin refinar llamada nafta de
coquización con la idea de refinarla y aumentar su precio.
Comenzaron en refinerías de Emiratos Árabes y Túnez. Pero tras una fuga de
gases en la planta de Tunez que derivó en problemas respiratorios para los
trabajadores, las autoridades tunecinas suspenden las operaciones. Es entonces
cuando deciden comenzar a realizar el “lavado caústico” a bordo de buques. En concreto, a
bordo del Probo Koala.
El buque es propiedad de una empresa griega, registrada en las Islas
Marshall y tiene bandera de conveniencia panameña. Durante tres meses de
2006 el buque fue lavando los residuos de nafta de coquización con sosa
caústica diluida mientras navegaba por el Mediterráneo. Básicamente en las
proximidades de Malta y Gibraltar.
Trafigura contrató con una compañía holandesa, Amsterdam Port Services, la
recepción y tratamiento final de los residuos. Pero al comenzar la descarga las
autoridades detectaron la peligrosidad de estos. Los holandeses revisaron el
coste del tratamiento al alza, entonces Trafigura rechazó el precio y decidió
volver a cargar los residuos en el Probo Koala. El buque viajó primero a
Estonia buscando descargar los residuos o quizás verterlos en el mar. Ante la
vigilancia y seguimiento de las autoridades holandesas, Trafigura ordenó el
transporte de la carga tóxica hacia África. Hubo intentos de descarga en Togo y
en Nigeria, pero en ambos casos las autoridades lo impidieron.
A partir de ahí comienza la historia en Costa de Marfil. Los residuos son
descargados mediante camiones que operan de noche. Cuando la empresa gestora
del vertedero principal de Abiyán, primer destino de los residuos, alarmada por
el mal olor de las primeras descargas, cierra el acceso al recinto, los
conductores de los camiones, sin instrucciones y asustados, buscan lugares de
todo tipo para descargar los residuos. El sufrimiento de la población de Abiyán
había comenzado.
Treinta mil víctimas de la intoxicación promovieron una demanda contra
Trafigura ante los tribunales de Londres, y la fiscalía holandesa demandó a la
filial de la empresa que había gestionado la operación en el puerto de
Amsterdam. En Septiembre de 2009 los tribunales británicos admitieron un
acuerdo entre las partes por el que Trafigura pagó 45 millones de dólares como
compensación a las víctimas y el tribunal holandés emitió un veredicto de
culpabilidad, pero en Costa de
Marfil el gobierno alcanzó un acuerdo con Trafigura para renunciar a
cualquier demanda a cambio de una compensación de 195 millones de dólares para
llevar a cabo la limpieza y cubrir los daños ocasionados. Los tribunales no
resolvieron la situación de las víctimas.
El caso en su integridad no ha podido ser llevado ante ningún tribunal, ya
que no existen hoy leyes ni jurisdicción internacional que puedan actuar en un
caso cuyas ramificaciones implican a compañías registradas en diversos países.
Todos los detalles del caso están en el informe The Toxic Truth (*) que
casi al mismo tiempo que se publica este post presentan conjuntamente Amnistía Internacional y Greenpeace.
Un informe que recoge un proceso de
investigación largo y complicado, de más de tres años de duración.
Después de leer el informe, la pregunta que se impone es: ¿cómo puede suceder
algo así?
La respuesta: porque hay empresas que para incrementar sus beneficios
buscan los agujeros de la legislación o los países débiles políticamente,
así evitan exigencias y controles, puede actuar con impunidad. La cadena de
responsabilidad se diluye hacia empresas subcontratadas, como en este caso, con
información falseada o incompleta.
Pero las limitaciones de la legislación actual no eximen de responsabilidad
a las empresas ni a los estados y mucho menos reducen los derechos de las
víctimas. Los Estados deben reclamar a las empresas evaluaciones de impacto
y análisis de riesgos, planes de actuación en caso de impactos negativos
sobre los derechos humanos y deben promover cambios en la legislación para
asegurar que las responsabilidades de las empresas pueden ser exigidas
judicialmente.
Hace falta que, en línea con los últimos acuerdos del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, se desarrollen leyes que permitan asegurar la
exigencia de responsabilidad a todas las empresas en todos los lugares del
mundo y en todos los casos en que se violen los derechos humanos. Sólo así
será posible terminar con la impunidad de empresas como Trafigura y prevenir
hechos parecidos a los que en agosto de 2006, en Abiyán, la ciudad más
importante de Costa de Marfil, causaron al menos 16 muertos y miles de
damnificados.
(*) Gerardo Ríos
es responsable del Equipo de Empresas de Amnistía Internacional España y Sara del Río, responsable de la campaña de
tóxicos de Greenpeace España. El informe 'Toxic True' se presenta
hoy en Dakar (Senegal).
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