Una opositora holandesa-iraní, ahorcada la semana pasada, forma parte de
las varias decenas de personas ejecutadas por el régimen en enero
ÁNGELES ESPINOSA 06/02/2011
"Me han prohibido hablar del caso", responde al otro lado del teléfono
Jinoos Sharif Razí, la abogada de Zahra Bahramí, la mujer irano-holandesa que
fue ejecutada la semana pasada "por tráfico de drogas". La hija de
Bahramí ni siquiera tiene tiempo de responder. La línea se corta y no vuelve a
enganchar. Como en otros muchos casos, las autoridades iraníes han levantado un
muro de silencio en torno al caso. No quieren versiones diferentes de la
oficial, mucho menos en un momento en que las organizaciones de defensa de los
derechos humanos les acusan de estar intensificando la presión sobre la
sociedad con un aumento de las ejecuciones, casi tres al día en lo que va de año.
"Zahra Bahramí, que fue condenada por vender y poseer droga, ha sido
colgada el sábado a primera hora de la mañana", afirmaba el comunicado de
la Fiscalía de Teherán difundido el pasado 29 de enero por los medios locales.
Según esa versión, un tribunal revolucionario la condenó a muerte el pasado 2
de enero por "poseer 450 gramos de cocaína y 420 gramos de opio, y
participar en la venta de 150 gramos" de la primera sustancia.
La historia que ha contado su hija, Banafsheh Nayebpour, es muy
diferente. Bahramí, de 45 años, fue detenida en Teherán el 27 diciembre de
2009, cuando participaba en una manifestación contra la reelección de Mahmud
Ahmadineyad, proclamada seis meses antes. Aunque la mujer vivía en Holanda,
donde había adquirido esa nacionalidad, se encontraba en su país de origen para
visitar a la familia. Como decenas de miles de iraníes, se unió a las últimas
grandes protestas que coincidieron con la festividad religiosa de Ashurá. En el
curso de esas manifestaciones, la policía mató a nueve personas y detuvo a
centenares.
Entre las acusaciones que presentaron contra ella también figuraba, según
la hija, "pertenencia a un grupo armado opuesto al Gobierno". Ese
extremo parece respaldado por el comunicado de la Fiscalía, que atribuye su
detención a "crímenes relativos a la seguridad". Fue durante el
registro de su domicilio cuando la policía supuestamente encontró la droga. Una
investigación posterior "demostró que había vendido 150 gramos de cocaína",
según la versión oficial.
La hija de Bahramí interpreta que las autoridades deseaban alejar de la
opinión pública el asunto de las controvertidas elecciones. "Mi madre es
ciudadana holandesa. Así que probablemente presentaron esa acusación para
tratar de evitar la intervención del Gobierno holandés", declaró Nayebpour
poco después de conocer la sentencia a muerte de su madre.
La principal prueba durante el juicio fue la confesión televisada que
Bahramí realizó a finales del año pasado, después de pasar 10 meses en una
celda de aislamiento en la cárcel de Evin. "Mi madre siempre dice que hizo
las confesiones y participó en la entrevista televisiva porque la forzaron a
hacerlo y le prometieron que le ayudaría. Desafortunadamente, no le ayudó en
absoluto", explicó Nayebpour. Tampoco su doble nacionalidad.
"La repentina ejecución de Bahramí, sin ni siquiera informar a su
hija ni permitirle una última visita, envía el mensaje a los iraníes de que si
Europa no puede hacer nada para proteger a sus ciudadanos de nuestros
tribunales tutelados y ejecuciones, el iraní medio tampoco está seguro",
explica a este diario Hadi Ghaemí, portavoz de la Campaña Internacional por los
Derechos Humanos en Irán (CIDHI).
El Gobierno holandés congeló de inmediato sus relaciones con Irán, pero
las autoridades iraníes rechazan las críticas europeas como una intromisión en
sus asuntos internos, ya que no reconocen segundas nacionalidades. Teherán
asegura que utiliza la pena de muerte para mantener el orden público y que las
ejecuciones solo se llevan a cabo tras exhaustivos procesos judiciales.
No opinan lo mismo las organizaciones de derechos humanos. Navi Pillay,
alta comisionada de la ONU, así como las entidades Human Rights Watch y la
CIDHI han denunciado el exponencial aumento del número de ejecuciones desde
principios de año "en ausencia de los mínimos estándares
internacionales". Entre 66 y 83 personas han subido al patíbulo solo en
enero, casi tres al día. Las cifras aparecen en medios locales. Las autoridades
no publican estadísticas. Aseguran que la mayoría son traficantes de droga y
violadores, pero los observadores han detectado al menos tres disidentes políticos.
Además, las ejecuciones se han realizado en plazas públicas en dos ocasiones,
una en Teherán y otra en Karaj, una ciudad dormitorio al noroeste de la
capital.
Incluso los líderes de la aplastada oposición reformista han expresado su
alarma. En un comunicado conjunto, Mir Hosein Musaví y Mehdi Karrubí estiman en
cerca de 300 los ahorcados en 2010, algunos de ellos antes de que concluyera la
investigación judicial. "Al margen de las acusaciones y de si eran
verdaderas o falsas, es un derecho legal y religioso de todos los seres humanos
que se complete su proceso", recuerdan antes de calificar esas ejecuciones
de "contrarias al islam".
Ghaemí no duda del objetivo político. "Es parte de una estrategia de
los servicios secretos y las fuerzas de seguridad para demostrar su control
sobre la sociedad e intimidar cualquier acto de disensión", asegura. En su
opinión, tampoco es casual que este súbito aumento de las ejecuciones coincida
con los levantamientos populares en Túnez y en Egipto. "Las agencias de
seguridad están extremadamente nerviosas por la facilidad con que los
manifestantes desbordaron al aparato de seguridad de Mubarak. Temen algo
similar".
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