Las cifras de agresiones a mujeres se disparan en la región.- Los
expertos reclaman que se cumplan las condenas judiciales ejemplarizantes
ANA LORITE - Madrid - 18/02/2011
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| Manifestación contra a violencia machista, México 2002 |
América
Latina muestra un cuadro grave de violencia contra las mujeres. La amplitud del
fenómeno ha convertido este tipo de criminalidad en una auténtica pandemia,
como señaló Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos
III (Madrid), durante las jornadas Iberoamérica
frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizadas por
este centro y Casamérica,
que, durante el martes y el miércoles reunieron en Madrid a un amplísimo grupo
de expertos en esta lacra social.
El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el triángulo
negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del
odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirmó la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer,
Rashida Manjoo.
"¿Por qué los hombres emplean la violencia contra las mujeres?
Porque pueden". Así de taxativa se mostró Rashida Manjoo. El feminicidio o
femicidio (según los países), palabra que aún no recogen los diccionarios, como
señaló Miguel Llorente, delegado del Gobierno español
para la violencia de género, se considera una de las formas más violentas de
criminalidad, un crimen extremo, porque atenta contra la mujer por el simple
hecho de ser mujer. "Y sorprende que la respuesta no sea igual de
importante que en otros casos de violencia, como por ejemplo el
terrorismo", afirmó Llorente. "Todo se reduce a un problema de
visibilidad."
En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en
la última década, macabro porcentaje que convierte al país centroamericano en
la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Según datos de la
policía salvadoreña, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos
de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte
de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. A
pesar de que el país guatemalteco es pionero en la legislación contra este tipo
de crímenes, con la aprobación en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra
ha aumentado un 400% en los últimos años. El caso de Honduras no es diferente:
entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres jóvenes,
entre 15 y 29 años.
Según Rocío Villanueva, profesora principal de Filosofía del Derecho de
la Pontificia
Universidad Católica del Perú, feminicidio significa cosas
diferentes, dependiendo de los códigos nacionales. "Guatemala es, a pesar
de las cifras, el país con una legislación más amplia de América Latina,
mientras que Costa Rica tiene una regulación muy restrictiva", constató la
profesora peruana. "El gran tema pendiente es que el sistema judicial de
cada país funcione".
La situación se complica aún más con las mujeres indígenas. Los expertos
reunidos en Madrid hicieron hincapié en la "revictimización" de estas
mujeres, que, además de sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo
en víctimas cuando tienen que enfrentarse a sistemas judiciales que ignoran su
lengua y sus costumbres.
Desigualdad y discriminación
Según los expertos reunidos en Madrid, el carácter universal de los
derechos humanos pierde el calificativo cuando una parte importante de la
sociedad, las mujeres, los vive desde la desigualdad y la discriminación.
Problemas culturales, como el machismo asentado en muchas culturas; la religión,
que, pese a ser un asunto de conciencia y pertenecer al ámbito privado, marca
el comportamiento de muchas sociedades y profundiza en la desigualdad; las
guerras, que a menudo convierten el cuerpo de la mujer en botín de guerra, y se
emplean las violaciones y otras formas de violencia sexual como medios
deliberados de limpieza étnica (casos recientes de las guerras de la ex
Yugoslavia y de Ruanda); la aceptación de la violencia doméstica y las
desigualdades extremas: pobreza, género y acceso a la justicia.
"El feminicidio nunca va a ser homogéneo. La clave está en darlo a
conocer", declaró Rashida Manjoo. La palabra más repetida durante las
jornadas fue impunidad, a pesar de que existe una amplia legislación y
jurisprudencia internacional sobre la materia, como la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), o la Convención
Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, o las sentencias de la Corte Penal Internacional que incluyen la
violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado
en la definición de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad que
hace invisibles a las víctimas.
Una sentencia pionera
El tema central de las jornadas fue la sentencia de Campo Algodonero, que marca un
antes y un después en América Latina. El 10 de diciembre de 2009, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano de justicia en América
Latina y cuyos fallos son inapelables, declaró al Estado mexicano culpable de
violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre
otros delitos, por el caso de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2001.
Los cuerpos de Claudia González, de 20 años; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura
Berenice Ramos, de 17, fueron hallados junto a los de otras cinco mujeres sin
identificar, el 5 de noviembre de 2001, en un terreno baldío conocido como
"campo algodonero". Sus restos indicaban que las mujeres habían sido
violadas con extrema crueldad. Condenó también al Estado por no investigar
adecuadamente. México fue sentenciado a investigar con perspectiva de género a
los culpables, y a las autoridades que permitieron la impunidad se les exigió
una disculpa pública ante las familias de las víctimas y la ciudadanía, la
construcción de un memorial, la reparación económica a las víctimas, modificaciones
legales y la creación de una base de datos de desaparecidas.
La sentencia se consideró histórica porque era la primera vez que se
condenaba a un Estado como responsable de feminicidio. Sin embargo, el Gobierno
mexicano ha cumplido solo con sus obligaciones a corto plazo, aunque se ha
comprometido a cumplirlos completamente. Lo fundamental de la sentencia de
Campo Algodonero es que pretende que las reparaciones sirvan como elemento de
transformación, resaltó el mexicano Sergio García Ramínez, expresidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El chileno Felipe González, presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, admitió que la asunción de la
violencia contra la mujer como tema de trabajo e investigación por parte de
este organismo tuvo una evolución lenta, llevó varias décadas que la comisión
encarara de manera decidida la cuestión. "En la década de los noventa
empezó a aceptarse algo que hasta ese momento se había visto como una cuestión
privada". González afirma que el trabajo de la comisión ha servido para
crear conciencia: "Hasta hace 15 años no era obvio que la cuestión de la
violencia contra la mujer pertenecía al ámbito de los derechos humanos".
309 nuevos casos en Ciudad Juárez
Emilio Ginés, abogado español, miembro del Subcomité de Prevención contra
la Tortura de Naciones Unidas, se lamentó de que a pesar de la sentencia
condenatoria de la corte, desde 2010, ha habido 309 nuevos casos de
desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez. La periodista mexicana
Rosa Isela Pérez también insistió en estas cifras: "A pesar de la
sentencia la violencia se ha recrudecido".
En lo que se refiere a los problemas de ejecución de la sentencia de
Campo Algodonero, José Guevara, exdirector de la Unidad para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México,
aportó datos importantes para intentar comprender la respuesta mexicana ante
esta sentencia. Presentó unas "cifras negras" de la Universidad Autonóma de México
(UAM) que demuestran que el 75% de los delitos cometidos en ese país no se
denuncian y que sólo 1,6 de cada 100 delitos llega a conocimiento de un juez.
Guevara señaló que, a pesar de la repercusión mediática que tiene la
criminalidad en México, sin embargo este país ocupa el puesto decimosexto de
delitos violentos frente a El Salvador, que ocupa el primero; Venezuela el
tercero, y Colombia el cuarto. Sin embargo, el Estado mexicano de Chihuaua,
donde se encuentra Ciudad Juárez y donde nueve de cada 10 casos quedan impunes,
está al mismo nivel de Colombia. "Creímos que la sentencia de Campo
Algodonero iba a servir para frenar la violencia contra nuestras mujeres, pero
lamentablemente no ha sido así", afirmó Guevara. Entre las causas que
aportó para que el Estado mexicano no hubiera ejecutado aún la sentencia señaló
el federalismo mexicano. "La sentencia de Campo Algodonero solo habla del
Estado de Chihuaua y es su Gobierno el que tiene que encontrar a los
responsables de los crímenes e irregularidades".
Los expertos concluyeron que la celebración de actos como el de Madrid
ayuda a dar visibilidad a estos atentados contra los derechos humanos y que el
respeto a sentencias como estas son un paso fundamental para fin de la
impunidad.
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