Representantes de campesinos denuncian que el Gobierno no
ha cumplido una sentencia de la CIDH a favor de comunidades indígenas
desalojadas
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas
cautelares para exigir al Gobierno de Guatemala la protección de 800 familias
de 14 comunidades maya q'eqchi que fueron desalojadas violentamente de las
fértiles tierras del Valle del Polochic, en marzo de 2011. Pero al
día de hoy el Estado guatemalteco no ha cumplido con el dictamen del organismo
de la OEA de dar viviendas —arrasadas durante el desalojo— y alimentos a los
afectados.
Las organizaciones indígenas y campesinas realizaron una marcha en marzo
para protestar por el limbo en que están estas familias, pero solo han
conseguido una respuesta política del Gobierno de Otto Pérez Molina, mientras
la situación de inseguridad alimentaria está causando un aumento en los niveles
de desnutrición, principalmente en los niños. “En Guatemala se siguen violando
los derechos a la tierra y los alimentos”, asegura Daniel Pascual, coordinador
del Comité de Unidad Campesina (CUC). Pascual,
junto a otra representante del comité, María Josefa Macz, se encuentra en
Madrid en el inicio de una gira europea que les llevará además a Bruselas y
Ginebra para pedir que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a los
alimentos — a través del acceso a la tierra—, a la vivienda, la seguridad y la
salud, como está establecido en los convenios internacionales.
Los desplazados del valle del Polochic son el resultado de un conflicto agrario
que comenzó hace unos cinco años, pero que desde 2011 se ha agravado, dejando
un saldo de tres muertos, sin que el Estado dé una respuesta adecuada,
denuncian los representantes del CUC. Esas tierras, bañadas por el río
Polochic, son muy fértiles y han atraído en los últimos años la atención de
inversores del sector de biocombustibles, enfocados en los cultivos de caña de
azúcar, palma africana y piñón.
Las tierras en disputa alcanzan unas 8.000 hectáreas y según Pascual, la
expansión de los monocultivos para la producción y exportación de
biocombustibles se traduce en menos tierras para las comunidades indígenas que,
además, se ven perseguidas, mientras sus mujeres y niños quedan desprotegidos y
se convierten en víctimas de la malnutrición.
“El Estado en Guatemala no puede
desconocer la existencia de los derechos de los indígenas y debe dar el paso
para que se cumplan”, dice Pascual. El CUC pide que se apruebe una ley de
Desarrollo Rural Integral que garantice el acceso a la tierra a los pequeños
campesinos ante las grandes empresas de biocombustibles que operan en el área,
y sobre todo a las mujeres, en gran parte responsables de la producción
agrícola, pero de las cuales solo el 6,6% tiene titularidad sobre la tierra.
En este sentido, Macz cuenta que las mujeres y los niños han sido los más
afectados por los desalojos en el Polochic. La gran mayoría ha buscado refugio con
familiares y vecinos. Pero la situación es prácticamente insostenible, en vista
de la situación de pobreza en la que están sumidos. Los hombres, cuenta, tienen
que desplazarse a otras áreas para trabajar el campo, en condiciones de muy
bajos sueldos, mientras que las mujeres y niños, por el miedo a ser
perseguidos, no pueden moverse y en las condiciones en las que viven, no tienen
acceso a los servicios públicos, como educación y salud. “No tienen forma de
generar ingresos, tienen escasa posibilidad de adquirir alimentos, han sido
perseguidos. Hay mujeres y niños desnutridos, solo viven de tortilla de maíz
con sal”, relata Macz. En Guatemala, un 60% de la población está en situación
de pobreza y un 13,3% en pobreza extrema. Pero en las zonas rurales, esa
miseria extrema se eleva al 60%.
Esta es la realidad que el CUC quiere presentar en
Bruselas, donde se dan los últimos toques a un acuerdo de asociación comercial
UE-Centroamérica que se firmará en las próximas semanas, para que se incluya un
compromiso con las comunidades indígenas y una mayor regulación a los
inversores en el sector agrícola. Lourdes Benavides, portavoz en España de la
campaña Crece de Intermón Oxfam,
considera que en este caso, y siendo Guatemala un importante destinatario en
materia de cooperación, el Gobierno de España debe tener un papel importante a
la hora de impulsar la mejora de normas que regulen la tenencia de las tierras
y que integre salvaguardas y criterios ambientales y sociales a la hora de
otorgar financiación a las empresas que quieran invertir, especialmente en
agricultura, en el extranjero.
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