Los políticos inventan medidas para invisibilizar el sexo
de pago en la calle pero eluden abordar el fondo: regular o prohibir
Cuando Ivie Okundaye, de 21 años, vio a la patrulla de los Mossos
d'Esquadra, echó a correr. Era la noche de un 18 de septiembre de 2009. Por
aquel entonces, el municipio de La Jonquera (Girona) había puesto en marcha una
ordenanza que multaba a prostitutas y clientes. Okundaye
confundió a los Mossos, que hacían un control rutinario en un polígono, con la
policía local. Por eso huyó. Estaba en la Nacional II. Un coche con matrícula
francesa la atropelló, matándola, y se dio la fuga. Todavía no se sabe quién
conducía el vehículo.
Las prostitutas se enfrentan a una situación de alegalidad e
incertidumbre en España. En una calle las pueden multar y, si cruzan
a la siguiente, en otro municipio, quizá no. Tampoco es igual si están en
Cataluña o en Extremadura, si la carretera es estatal o autonómica...
Hasta ahora, algunos políticos han optado por perseguir la prostitución a
través de ordenanzas municipales de convivencia, que acostumbran a sancionar a
clientes y meretrices en la calle. En el ámbito autonómico, la Generalitat de
Cataluña ha modificado la
ley para que los Mossos puedan sancionar con hasta 30.000 euros a
quienes negocien servicios sexuales en la carretera. La polémica medida lleva
aparejada la creación de un fichero que incluye el nombre, el DNI, la
dirección, la fecha de nacimiento, la nacionalidad de clientes y prostitutas
sancionados.
Pero la fórmula de la multa se ha granjeado las críticas de la mayor parte
de los colectivos que protegen y defienden a las prostitutas. Organizaciones
que afirman que sancionar a quienes ofrecen sexo en la calle no sirve para
terminar con la prostitución. Solo contribuye a ocultarla en pisos y burdeles.
¿Estigmatiza la medida a un colectivo ya de por sí vulnerable? ¿Ayudan acaso
las mutas a detectar a las víctimas de la trata? La polémica medida no aborda,
además, el problema de fondo: que no hay una postura común que apueste por
regular o, por el contrario, abolir esta práctica.
En España, aunque el proxenetismo sí es un delito según el Código Penal, la
prostitución se mueve en un limbo de
alegalidad. Las distintas propuestas para definir una postura
reglamentada sobre el comercio sexual han fracasado. En 2008, el Congreso
rechazó regular o prohibir al considerar que distinguir tráfico de personas y prostitución
era complicado. Ambas cosas, aseguró en su informe la comisión parlamentaria
encargada del tema, “son fenómenos ligados y relacionados que no pueden
separarse”. Por eso, se aprobaron medidas para luchar contra la trata, se
ampliaron las penas a los explotadores y las mafias y se creó el Plan de Lucha
contra la Trata, que recoge ayudas y apoyo a las mujeres explotadas por las
mafias.
“Sirvió para coordinarnos mejor”, explica la presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de
la Mujer Prostituida, Rocío Nieto. Pero las chicas siguen
vendiéndose en las calles. Algo que molesta a algunos ciudadanos, que no
quieren que sus hijos vean a mujeres con poca ropa que ofrecen su cuerpo por
dinero. Por eso muchos municipios se han visto presionados para desarrollar
ordenanzas que multan por vender o comprar servicios sexuales en la calle.
“Se está bordeando el problema. Lo
que hay que hacer es una ley seria contra de las personas que explotan a las
mujeres”, continúa Nieto. Su asociación y muchas otras consideran que la
mayoría de las mujeres que se prostituyen no lo hacen voluntariamente, sino que
son víctimas de las mafias. Un argumento compartido también por las
administraciones que, sin embargo, no se puede apoyar en cifras ni datos
oficiales; pero que choca de frente con el sistema de multas a mujeres. ¿Multar
a las propias víctimas?
Nieto apunta, además, que una persona a la que se persigue y se está
penalizando difícilmente va a acabar admitiendo que está siendo explotada. “Es
estéril, ni las chicas ni los proxenetas pagan esas multas. Es imposible, no
tienen cuenta ni domicilio fijo”, añade un inspector del Cuerpo Nacional de
Policía con una dilatada experiencia en la lucha contra las mafias que explotan
a mujeres.
“Se da un rodeo al problema y se utiliza una argucia legislativa para que
no haya chicas en las calles”, explica María Luisa Balaguer, catedrática de
Derecho Constitucional en la Universidad de
Málaga. Sostiene, además, que esas multas son recurribles porque
están en terrenos límite: “Se podría esgrimir la inconstitucionalidad, por
ejemplo, del derecho de libre deambulación de las mujeres a las que multan por
estar en una carretera”.
A su entender, los partidos políticos deberían abordar el problema, pero no
es una cuestión de fácil consenso. “En cualquier caso, no se puede legalizar.
Va contra el artículo 15 de la Constitución que habla del derecho a la
integridad física y moral de las personas. No se puede hacer un contrato entre
un hombre y mujer para tener sexo porque atenta contra esa integridad”, opina.
Los propios Ayuntamientos reconocen que se valen de parches, “subterfugios,
apaños transitorios”, en palabras del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de
Málaga, Julio Andrade (PP), a la espera de una norma estatal. Pero mientras
tanto, aseguran que la prostitución callejera “afecta a la actividad comercial
y a la tranquilidad vecinal”, cuenta Andrade.
El listado de municipios que multan la prostitución en la calle es extenso:
desde Badajoz a Málaga o La Jonquera, pasando por decenas de pequeñas
localidades. Incluso la Federación Española de Municipios y Provincias redactó
una ordenanza tipo en 2009 en la que se incluyen sanciones por negociar
servicios sexuales.
La Jonquera fue de los primeros en ponerlo en práctica, pero un año después
dejó de multar a clientes y chicas porque no era “eficaz” ni “efectivo”. “El
99% de los clientes son franceses y las chicas no tienen con qué responder”,
admite la alcaldesa de la localidad, Sònia Martínez (CiU). El municipio tomó la
iniciativa porque “los vecinos estaban cansados de salir en la prensa por este
tipo de problemas”. Además, continúa Martínez, “el consistorio quería atajar la
situación por la mala imagen que da y por la propia seguridad de las mujeres”.
Una seguridad, sin embargo, que las entidades en defensa de las prostitutas no
cree que mejore multándolas.
“¿Cómo puede ser que multemos a las trabajadoras del sexo por ofrecer
servicios sexuales que no son un delito? Raya la inconstitucionalidad”, se
queja Cristina Garizábal, de la organización Hetaira, que defiende a
las “trabajadoras del sexo”. A su entender, no todas las personas que se
colocan en una carretera a vender su cuerpo lo hacen explotadas. Por eso, piden
lugares específicos en los que puedan ejercer la prostitución con garantías de
seguridad.
Una iniciativa que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Málaga. El
consistorio cedió a las chicas un lugar apartado, junto al río Guadalhorce. Lo
iluminó, allanó el terreno y las animó a que, si querían prostituirse, lo
hiciesen en ese lugar, alejado de vecinos y comerciantes. El Ayuntamiento abrió
una vía de diálogo con las prostitutas cuando empezó a multar en el centro y
considera que fruto de toda esa labor han conseguido casi erradicar esta
práctica de la calle. “De día apenas existe la prostitución, se dan pocos
casos. De noche hay algunas más, pero saben que seguimos sancionando”, explica
Andrade.
Ese paso de ocultar a las chicas en espacios apartados preocupa
especialmente a algunas asociaciones. “Con toda la penalización y la
criminalización, tememos que al final las escondan en pisos, en los que no se
tenga acceso a ellas y eso las haga aún más vulnerable”, avisa Helga
Flamtermsky, del proyecto Mujer Frontera.
Eso dificultaría más el rescate de las mujeres en los casos de explotación
sexual, que ya de por sí son complicados para la policía.
Garizábal considera que las multas comportan otro problema añadido: “Se
echa a las mujeres en manos de los clubes para que ahí sean víctimas de abusos,
ya que no hay ninguna ley que reconozca relación laborar”.
Viviana Waisman, directora de Women's Link
Worldwide, sostiene que las ordenanzas ciudadanas violan, además,
varios tratados internacionales de prevención y lucha contra el tráfico de
seres humanos. “Castigar a las mujeres que ejercen la prostitución tiene el
peligro de colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad, lo que
contraviene todos los instrumentos internacionales de protección a las víctimas
de trata. Debe primar la persona y las violaciones a sus derechos humanos. Es
esencial que este sea el marco, y no uno que se centre en la persecución del
delito ni en el control migratorio”, afirma.
Purificación
Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, tampoco está de acuerdo
con las normas municipales que penalizan a las personas que ejercen la
prostitución. “Estas ordenanzas tienen más que ver con el vandalismo y el orden
público. Hay que combatir el tráfico de personas y las mafias y facilitar que
las mujeres salgan de esta situación con ayudas”, considera. Comprende la
postura de los Ayuntamientos, pero cree que la manera de erradicar la
prostitución es combatir el tráfico y la explotación. “Penalizar a las mujeres
solo las estigmatiza, esconde y dificulta su seguimiento”, argumenta Causapié,
más partidaria de multar solo al cliente, como se hace en Sevilla.
“Se ha huido de intentar identificar a la mujer con prostitución. Es cosa
de dos: quien ofrece y quien demanda”, argumenta el secretario general de
Interior de Cataluña, Xavier Gibert. “Me cuesta pensar que multar a estas
personas, teniendo en cuenta las pésimas condiciones en las que se ven en la
carretera, aumente su nivel de estigmatización”, añade.
La Generalitat de Cataluña admite que la sanción en la carretera es solo un
paso de un largo camino. “El problema requiere debate social y político”, dice
Gibert, pero defiende que mientras tanto hay que luchar contra “el espectáculo
humanamente y socialmente indigno como es la oferta y demanda en las
carreteras”. Para ello, necesitan un fichero con datos de prostitutas y
clientes. “Se trata del trámite administrativo más habitual”, indica Gibert.
“La mera existencia del fichero es una fuente de problemas. Si una entidad
privada incumple la ley de protección de datos tiene una multa que oscila entre
los 3.000 y los 600.000 euros. Pero si se pierden esos datos de un archivo
público no hay sanción económica para la administración”, contrapone Paloma Llaneza,
abogada experta en protección de datos. “Es clave que cuando la multa
prescriba, cuando acabe el expediente en firme, automáticamente se cancelen
esos datos”, añade el presidente de la sección de propiedad intelectual y
derechos de imagen del colegio de abogados de Barcelona, Jordi Bacaria.
En Europa, la perspectiva legal sobre prostitución es diversa. En Suecia,
Noruega o Finlandia está prohibida. Sin embargo, solo se penaliza al cliente,
que se enfrenta a sanciones que pueden oscilar entre una multa económica y la
pena de cárcel, aunque esta última no se suele hacer efectiva nunca. Suecia
inició ese modelo abolicionista en 1999, un sistema que cuenta con la mayoría
del apoyo ciudadano y que ha logrado disminuir el fenómeno.
El modelo abolicionista es, según Balaguer, en el que se debería fijar
España. “Se podría haber desarrollado un plan estatal para abolir y reinsertar
a las mujeres, pero entonces el dinero se gastaba en otra cosa y ahora no hay
dinero para nada”, lamenta.
Algunos países del Este consideran la prostitución un delito y multan
también a las meretrices. Hungría, por ejemplo, aplica una polémica ley que
sanciona más a las prostitutas que a los clientes. Esta puede ser encarcelada o
multada económicamente si ofrece sus servicios en “áreas protegidas”. Mientras,
a los clientes solo se les aplica la multa si acuden a una menor; una multa, en
cualquier caso, mucho menor que la de la meretriz.
En otros países, como Alemania u Holanda, la prostitución es legal, se
considera a las mujeres como trabajadoras y necesitan una licencia municipal
para ejercer. En Holanda una ley reglamentó en el año 2000 la prostitución como
un trabajo. Los empresarios de los clubes tienen que obtener permisos y pagar
impuestos y las mujeres tienen prestaciones sociales por realizar ese trabajo.
“Eso no frenó la explotación. Algunas mujeres han llegado al país pensando que
iban a trabajar en otra cosa y a otras les obligan o incitan a mantener sexo
inseguro o sin apenas descanso”, afirma la socióloga Kareen Vryck, que ha
estudiado la realidad holandesa. El Gobierno holandés y el sindicato de
prostitutas, Hilo Rojo, tienen planes
específicos para proteger a las mujeres. Incluido un periodo de
reflexión de tres meses para que decidan si quieren denunciar a sus
explotadores, prestaciones sanitarias, y un subsidio económico.
“España es un país de doble moral. Como no se consiguen
muchos votos abordando el problema, solo preocupa la mujer que se ve en la
calle. Estamos lejos de que alguien se plantee seriamente tratar la
prostitución. Y para esto no hay ni izquierda ni derecha, nadie se atreve”,
augura, pesimista, Garizábal.
El marco legal en Europa
España.
La prostitución es alegal. Los Ayuntamientos persiguen el sexo de pago en las calles
con multas por infracción de la ordenanza de convivencia.
Cataluña.
Tiene regulado los clubes de alterne como locales de pública concurrencia donde
se ejerce la prostitución. Prevé empezar a multar a mujeres y clientes en las
carreteras catalanas.
Suecia.
Inició en 1999 un modelo abolicionista, que sanciona únicamente al cliente. La
medida ha disminuido la prostitución.
Holanda.
La prostitución se regula como un trabajo. Los clubes pagan impuestos y
necesitan permisos y las mujeres tienen una licencia para ejercer.
Hungría.
La prostitución es ilegal. Se penaliza, sobre todo a la meretriz que ejerza en
“zonas protegidas”. Ellas se enfrentan a multas o incluso a cárcel, al cliente
solo se sanciona si “acepta” los servicios de una menor.
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