xoves, 31 de xaneiro de 2013

21 aviadores sin piedad


El dictamen sobre los bombardeos italianos de Barcelona abre la puerta a procesar a los pilotos
Buonamico, Cassiani, Rossagnigo, Di Tullio, Corti, Montanari, Ruspoli, Zucconi... Parece una lista de convocados de la squadra azzurra,pero se trata de miembros de otro tipo de selección, muy siniestra. 
Son algunos de los nombres de los 21 aviadores fascistas contra los que se dirige principalmente la denuncia por crímenes de guerra presentada por dos víctimas de los bombardeos áreos italianos de la ciudad de Barcelona durante la Guerra Civil y la asociación de italianos residentes en la capital catalana Altraitalia (www.altraitalia.org). La querella criminal, que se centra en los bombardeos de saturación de 1937 y 1938 y especialmente en los 12 salvajes ataques de la aviación de Mussolini a la ciudad en 41 horas del 16 al 18 de marzo de 1938, ha hecho historia esta semana al ser admitida finalmente a trámite por la Audiencia Provincial de Barcelona que, en su auto, determina instruir y juzgar a la plana mayor de las escuadrillas responsables.
La cosa podría parecer un saludo al sol y de una inutilidad pasmosa si se tiene en cuenta que han pasado 75 años desde los explosivos hechos y que los aviadores involucrados no estarán ya para muchos vuelos. Eso si sobrevive alguno. Al que le traerá el asunto al pairo es sin duda a uno de ellos, el capitán Aldo Quarantotti, al que, según he descubierto, el 12 de julio de 1942, siendo a la sazón tenente colonello de la Regia Aeronautica en la II Guerra Mundial a los mandos de un caza Reggiane Re 2001s, le arrancó la cabeza de cuajo un cañonazo del Spitfire del as canadiense George Buzz Beurling, “el halcón de Malta” en los cielos de la isla. Al menos a Quarantotti se lo puede tachar ya de la lista.
“Sabemos que nos vamos a encontrar casos así”, dice con voz apesadumbrada, menos por la suerte del piloto, me parece, que por no poder llevarlo ante la justicia, el abogado y miembro de Altraitalia Newton Bozzi, que junto con Jaume Asens, de la comisión de defensa de los derechos humanos del Colegio de Abogados de Barcelona, presentaron la querella. “Pero, como establece el auto de la audiencia, que menciona notables casos de longevidad, como, por cierto, los de las dos víctimas querellantes, no podemos descartar que de la lista quede gente viva”.
La negra lista de esos 21 aviadores sin piedad, explica, se ha confeccionado de manera aproximativa, “con los datos de que disponíamos, con el apoyo de historiadores”. Son todos, subraya Bozzi, “oficiales de la Aviazione Legionaria, el cuerpo expedicionario en España, líderes, mandos notorios”.
La denuncia se centra en el hecho de que los aviadores italianos, se recalca, bombardearon premeditada y despiadadamente a la población civil y —esto es fundamental— sin la existencia de declaración de guerra entre Italia y España. Los denunciantes aseguran que, por muy viejecitos que sean los pilotos, no se trata de un acto meramente simbólico. “¿Llevarlos ante la justicia? ¡y porqué no!”, se exclama Marcello Belotti, del grupo Memoria Histórica de la asociación Altraitalia, que ha abanderado el caso y que aún le guarda rencor a Mussolini, “al que conseguimos colgar por los pies en piazzale Loreto”. Belotti recalca que en el caso de los aviadores estamos hablando de “militares muy especializados, muy conscientes y orgullosos de lo que hacían, gente muy ideologizada que decidían sobre la vida y la muerte desde el cielo y nunca expresaron remordimientos”. Fascistas del copón, vamos.
Señala que los aviadores eran muy distintos de otros combatientes italianos enviados por el Duce, “la pobre gente sacada del campo y las minas sicilianos que describe Sciascia en L'antimonio y a los que se prometió un paraíso en España”. En cuanto a los aviadores, “hay que averiguar si están vivos y citarlos, como establece el auto”. La audiencia solicitará al Ministerio de Justicia italiano su cooperación para conocer el estado y paradero de los imputados.
Entre los denunciados, hay personajes notables como el capitán Orlandini, al que encontramos luego en 1940 pilotando Stukas, los famosos bombarderos en picado que los nazis suministraban a los italianos con cuentagotas, o el mayor Quattrociocchi, quien, incorregible, tras el armisticio entre Italia y los Aliados, en 1943, a diferencia de otros aviadores, siguió fiel al fascismo y comandó hasta el final la Aeronautica Nazionale Repubblicana (ANR), la aviación de la República de Saló.
El historiador y autor de documentales catalán Xavier Juncosa tuvo el privilegio de conocer en 1998 en la Casa degli Aviatori de Roma a los dos pilotos de bombarderos que encabezan la lista, los tenientes en España y luego generales Paolo Moci y Alberto Lauchard. “Entonces me dijeron que eran los dos últimos de la Aviazione Legionaria, y ambos han muerto”, rememora. Bajo los venerables abuelitos, encontró a dos férreos militares. Moci incluso justificaba el bombardeo de Gernika, en el que participó al frente de una patrulla de tres Savoia S.79. Juncosa aplaude la decisión del tribunal barcelonés.
La mala reputación militar de los italianos, un falso cliché, ha relegado el papel de su aviación en la Guerra Civil. La fama se la ha llevado la Legión Cóndor. En realidad los italianos han sido siempre grandes aviadores, de Francesco Baracca, el as del Cavalllino rampante, símbolo que heredaría Ferrari, a Mario Visintini, inmortalizado por Hugo Pratt. Y la aviación legionaria (seis mil combatientes con cerca de 800 aparatos), en concreto sus bombarderos, como los excelentes Savoia-Marchetti SM.79, que es lo que os ocupa, fue un arma muy efectiva, terrible y brutal en España.
A los fascistas les encantaba la aviación, que evocaba al hombre moderno, indómito y virilmente fuerte y violento. Ese amor aéreo lo esencializaban Ítalo Balbo y sus proezas, y el propio tercer hijo del Duce, Bruno Mussolini que fue piloto de bombarderos y se integró en la aviación legionaria en Mallorca (aunque Franco lo hizo volver a Italia). Aunque no se les suele acreditar, fueron los italianos unos de los inventores del bombardeo de población civil con el objetivo de desmoralizar al enemigo. En concreto, el general Giulio Douhet, a principios del siglo XX, fue un adelantado del bombardeo estratégico, que definía en su animosa lengua como un “acto de guerra lejos de los campos de batalla para golpear, entre otras cosas, a las ciudades”.
La contienda de España sirvió a los italianos, como a los alemanes, para hacer experiencias de guerra aérea (los meridionales también llevaron pormenorizadas anotaciones de los efectos de las bombas). De hecho, varios de sus pilotos que lucharon en nuestro país participaron luego incluso en las poco conocidas operaciones de bombardeo italiano contra ciudades durante la Batalla de Inglaterra (los Chianti raiders que despegaban desde Bélgica —uno de los ataques se denominó, lo que hay que ver, Operazione Cinzano). A un cínico ejercicio de empirismo achacan algunos autores los tremendos bombardeos contra Barcelona de marzo de 1938. No obstante, el historiador Edoardo Grasssia opina que Mussolini quiso impresionar a Hitler en las fechas del Anschluss y se le ocurrió esa infernal manera, marcando paquete aéreo por así decirlo.
La orden, según anotó el ministro de exteriores y yerno del Duce Galeazzo Ciano en sus diarios, la dio Mussolini personalmente al jefe de estado mayor de la aviación, general Valle (que pasó a Velardi la mecha, el famoso telegrama infame: “Iniciar desde esta noche acciones violentas sobre Barcelona con bombardeos espaciados en el tiempo”), aunque luego, a la vista del horror internacional que provocaron los ataques, trataron de endosarle la decisión a Franco. Los ataques los llevaron a cabo en oleadas sucesivas desde Mallorca los aparatos del 8º Stormo Bombardamento Veloce (“los halcones de las Baleares”) de día y el XXV Gruppo Autonomo Bombardamento Notturno (Pipistrelli delle Baleari) de noche, en total cerca de 50 toneladas de bombas y un mínimo de 670 muertos y 1.200 heridos.

Testimonio de un chino ‘reeducado’


Trabajan 10 horas diarias por un euro al mes, hacen instrucción continua y apenas duermen
Muchos de los 310.000 encarcelados sin sentencia son simples críticos con el régimen de Pekín
El 19 de marzo de 2011, Huang Chengcheng, un joven de la municipalidad de Chongqing, fue arrestado formalmente por la policía, acusado de “conspirar para derrocar al Gobierno”. Las pruebas: dos textos que había escrito en el servicio de mensajes cortos QQ, en los que citaba a los amigos a salir a tomar un té de jazmín, al calor de las convocatorias que circularon en Internet en China instando a la gente a pasear en lugares céntricos de las ciudades como forma pacífica de protesta. Sin necesidad de juicio, tribunal ni sentencia, Huang fue enviado días después al campo de trabajos forzados Shanping, en Chonqging. El mundo vivía la eclosión de las revoluciones árabes —o del jazmín—, y el Gobierno chino, alarmado ante la posibilidad de un contagio, lanzó por todo el país una dura campaña contra activistas y disidentes. Huang cayó así en el sistema de reeducación por el trabajo, que permite a la policía encarcelar hasta cuatro años sin necesidad de juicio.
“Dos mensajes fueron toda la evidencia de mi crimen. Pasé 21 meses en campos de reeducación; hasta las 3.50 de la tarde del 17 de diciembre de 2012”, explica por teléfono. “Pretenden cambiar tu comportamiento. Nos obligaban a cantar canciones revolucionarias, a sentarnos de una determinada forma, a caminar en fila. Nos hacían formar como en el ejército, nos adoctrinaban. Buscaban cansarnos lo máximo posible para que no pensáramos en nada más”.
El sistema, inspirado en el modelo soviético, data de mediados de la década de 1950. Originalmente, surgió para encarcelar a “contrarrevolucionarios”, “capitalistas” y críticos con el nuevo Gobierno comunista de Mao Zedong, tras la fundación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949. Pero, más tarde, fue extendido a autores de otros delitos, prostitutas o drogadictos. Es ampliamente utilizado también contra activistas políticos y religiosos, y miembros del movimiento de inspiración budista Falun Gong, que Pekín considera un “culto diabólico”, por lo que lo ilegalizó a finales de la década de 1990.
Según el Ministerio de Justicia, en 2008 había en China 160.000 personas internadas en un total de 350 de estos centros. La cadena de televisión pública CCTV eleva el número a 310.000, en 310 centros.
La reeducación por el trabajo es un sistema de detención administrativa para delitos menores, dictada por la policía fuera del sistema judicial. Es distinta de la antes llamada reforma por el trabajo (laogai), que incluye prisiones, granjas y campos de trabajos forzados para condenados por un tribunal, con penas más largas. Estas instalaciones continúan, pero el Gobierno no usa el término laogai desde mediados de los noventa.
En Shanping, Huang fue obligado a trabajar primero en el equipo dos de la unidad cinco, donde fabricó componentes de motocicletas, y luego en el equipo dos de la unidad uno, donde, según dice, se producen cables de automóvil para la compañía china Changan. “Trabajaba 10 horas al día. A veces más, a veces menos, dependiendo de las necesidades en la factoría. Dormíamos muy pocas horas, porque también teníamos todas las otras actividades”. En Shanping, los presos están repartidos en siete unidades, según cuenta: de la uno a la nueve. No existen la número cuatro —cuya pronunciación es similar a la de la palabra muerte— ni la ocho —número de la suerte en China, ya que suena como fortuna—. Le pagaban ocho yuanes (un euro) al mes.
En cada unidad había entre 100 y 300 internos. “Son peticionarios [personas que protestan ante las autoridades por causas que van desde las expropiaciones ilegales de tierras hasta la corrupción o injusticias en los tribunales], pequeños ladrones, participantes en altercados públicos, proxenetas, y gente como yo, que es detenida por sus palabras”, afirma este hombre de 29 años. En la habitación en la que él dormía se apiñaban 16 personas en literas dobles. La unidad siete era la de los miembros de Falun Gong.
Los campos de reeducación han sido muy criticados por organizaciones internacionales como Naciones Unidas, pero también, dentro de China, por abogados y académicos, que los consideran ilegales y fuente de abusos. Además, son campo de corrupción, con familiares de detenidos que pagan a los funcionarios para reducir sus penas o para mejorar su alimentación.
“El sistema de reeducación por el trabajo viola la Constitución china y la ley, no es humanitario, ha sido utilizado en muchos casos injustos, falsos y erróneos y causa muchas peleas en la sociedad. Es hora de que sea abolido”, afirma Hu Xingdou, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Pekín, que ha denunciado con frecuencia el modelo. “Quienes están internados no han quebrantado la ley criminal, y estos campos son ilegales; por tanto, no son criminales. Este sistema priva a la gente de sus derechos sin un juicio”, añade Pu Zhiqiang, un abogado que ha llevado muchos casos sensibles y contribuyó a la liberación de Huang.
Desde hace años, el Gobierno dice que va a reformar el sistema. Pero la presión, entre otros, del Ministerio de Seguridad Pública, que ha advertido de que su eliminación supondría una amenaza para la estabilidad social, ha ido retrasando la decisión. Sus defensores argumentan que ayuda a reducir la criminalidad. Algunos expertos consideran que su cambio podría aumentar los casos en los ya muy sobrecargados tribunales, y otros, que su transformación supondrá una merma de ingresos para los Gobiernos locales, que se benefician de la mano de obra gratis para fabricar productos, que incluso son exportados.
La llegada de Xi Jinping, en noviembre pasado, a la secretaría general del Partido Comunista Chino (PCCh) y sus llamamientos a luchar contra la injusticia y la corrupción parecen haber dado un nuevo impulso a la reforma.
El Diario del Pueblo —órgano oficial del PCCh— publicó en noviembre un editorial en el que decía que la reeducación viola la ley y se ha convertido en “una herramienta de venganza” en manos de algunos. A principios de enero, Meng Jianzhu, miembro del Politburó del PCCh y director del Comité de Asuntos Políticos y Legales, aseguró que su uso “finalizará este año”, tras la aprobación en el Parlamento, cuya sesión anual tiene lugar en marzo. Las declaraciones del alto funcionario fueron matizadas, poco después, por la agencia oficial Xinhua: “El Gobierno chino promoverá este año las reformas de su controvertido sistema de reeducación por el trabajo, que, según expertos, contradice leyes superiores, incluida la Constitución china”.
Huang, un operario especializado en máquinas de control numérico, afirma que la seguridad en Shanping es, incluso, “mayor que en una cárcel”, y el régimen de funcionamiento, muy estricto. “Tienes las llamadas seis posiciones fijas obligatorias. Cada interno tiene su mesa y su lugar en ella para comer, su sitio en las filas, su lugar para las clases de estudio, su puesto de trabajo, su cama. No puedes caminar libremente, y si incumples las normas, te castigan de pie durante horas, te confinan en solitario en una habitación pequeña o te golpean. Además, te deducen puntos y alargan tu estancia”. Dice que los maltratos son frecuentes. “He visto a menudo pegar a internos hasta que sangraban y tenían que darles varios puntos en la cabeza. Quienes pegan no son los policías, sino otros empleados”.
Algunos críticos temen, sin embargo, que la reforma sea solo una operación de maquillaje. Según Human Rights Watch, en los últimos años, Pekín ha considerado sustituir los campos de reeducación por un sistema de detención que “dejaría esencialmente intactas características clave del mecanismo existente: un sistema de detención administrativa, bajo el control del Departamento de Seguridad Pública, que existiría en paralelo al sistema criminal formal y permitiría detenciones a largo plazo sin los beneficios de un juicio y el debido proceso legal”. Según la organización, “utilizaría un nombre diferente, establecería una sentencia máxima y, en teoría, permitiría algunos derechos procesales, como el acceso a un abogado”.

El nuevo muro de Europa contra la inmigración que la UE se negó a financiar


La valla, de 10,3 km de longitud, 4 metros de alto y coronada por alambre de espino, está ubicada al noreste de Grecia.
Su construcción ha costado más de 3 millones de euros sufragados enteramente por el Gobierno heleno.
En 2010 se desplegó una misión policial europea que redujo el número de inmigrantes que cruzaban esa frontera entre Turquía y Grecia.
Sin embargo, provocó que muchos optasen por rutas más peligrosas, como el mar Egeo o cruzar el río Evros.
EFE. 26.01.2013 - 16:38h
Los alrededores de la estación de tren de Orestiada, situada en el noreste de Grecia junto a la frontera turca, están cubiertos de zapatos, mocasines de imitación y zapatillas deportivas. Los han abandonado inmigrantes y refugiados recién llegados desde Turquía, como si así, cambiando de calzado, pudiesen también trocar su suerte y empezar una nueva etapa.
Hasta hace poco esta estación de tren era una de las primeras paradas ya en territorio europeo de las rutas migratorias que se inician en África, Oriente Medio o Asia. De Orestiada, viajaban a Atenas y, de allí, a la costa oeste de Grecia para colarse en algún barco hacia Italia y, como polizones, continuar su ruta hacia la Europa más próspera.
Ahora las ropas y los zapatos abandonados se pudren a merced de las lluvias del invierno, ya que apenas pasan inmigrantes por este punto. "En 2010 sufrimos un tsunami de inmigrantes pues por esta zona entraron ilegalmente unos 36.000", explica el director general de la Policía de Tracia, Georgios Salamangas.
Entonces se desplegó una misión del cuerpo policial europeo Frontex y se reforzó la cooperación con las autoridades turcas. Igualmente, el pasado agosto se enviaron 2.000 efectivos más de Policía a la región y recientemente se concluyó la construcción de un muro en la frontera greco-turca.
La valla, de 10,3 kilómetros de longitud, 4 metros de alto y coronada por alambre de espino, ha sido elevada sobre las huertas que antes hacían de frontera entre estos dos países y su construcción ha costado más de tres millones de euros sufragados enteramente por el Gobierno griego, ya que la Unión Europea se negó a financiar un proyecto que ha desatado protestas de los grupos de derechos humanos.
"Los resultados de la operación policial y de la valla son muy buenos. El número de inmigrantes que cruza ilegalmente se ha reducido drásticamente. Esto debería satisfacer no sólo a Grecia sino a toda Europa porque todos estos inmigrantes no quieren quedarse aquí, sino ir a otras capitales europeas", añade Salamangas.
La vida junto a la valla
Los vecinos que viven junto al nuevo muro están, con todo, satisfechos, aunque reconocen que, aparte de pisadas en sus campos de cultivo, nunca han tenido mayores problemas con los 'sin papeles'.
"Antes venían muchos. Con el muro ya no pasan más. Pero, ¿por qué vienen a Grecia? Esto no es el paraíso. Aquí hay crisis, no hay trabajo", critica el viejo Vangelis mientras despluma un pollo.
Sin embargo, Jalid, un paquistaní que hace dos años cruzó ilegalmente esta frontera se defiende: "Ya sé que aquí las cosas no son fáciles, pero en Pakistán están peor. Si no fuese así, no habría venido".
Algunos locales, en cambio, sí que han alzado la voz contra la construcción del muro, como el joven Panos, de Orestiada.
"Lo irónico es que Orestiada se construyó para los refugiados griegos expulsados de Turquía y los hijos de estos refugiados emigraron en 1960 a Alemania para ganarse la vida. Ahora, construimos una valla contra refugiados e inmigrantes", lamenta.
Gökhan Tuzladan, periodista turco que vive al otro lado de la valla, asegura además que no solucionará el problema de la inmigración irregular.
"Está claro que la valla tiene un efecto disuasorio, pero sólo cubre 10 kilómetros. Los otros 190 kilómetros de frontera sólo están separados por el río Evros. Y por ahí sigue habiendo gente que cruza ilegalmente", apunta y añade que incluso se están empezando a producir entradas ilegales de Turquía a Bulgaria, a pesar de que este país no forma parte de la espacio Schengen de libre tránsito europeo.
Las consecuencias del muro: hacia rutas más peligrosas
Las organizaciones humanitarias denuncian que, debido a la valla, los inmigrantes están utilizando rutas más peligrosas, como el Mar Egeo —donde en los últimos meses se han producido varios hundimientos de pateras— o el propio río Evros.
Según datos de la Policía, entre 2010 y 2012, murieron 112 inmigrantes ahogados o de hipotermia mientras trataban de cruzar el río, pero el muftí musulmán de la provincia griega de Evros, Serif Damatoglu, asegura haber enterrado él mismo a unos 400.
"Yo sufro mucho. Ves a esta gente que es tan joven y ha perdido la vida... y en ocasiones no son uno ni dos, sino grupos de nueve o diez a los que tienes que enterrar. Algunos cadáveres llegan incluso mutilados por haber pisado las minas que hay en la frontera", afirma.
En el pueblo de Sidiro han habilitado un pequeño monte para enterrar estos cadáveres.
La lluvia del invierno cae inmisericorde sobre los montones de tierra, algunos todavía frescos, que cobijan los cuerpos sin vida de los inmigrantes. No hay lápidas. Nadie conoce el nombre de sus ocupantes ni su país de origen. Ni cuántos miles de kilómetros recorrieron para venir a morir a las puertas de Europa.

mércores, 30 de xaneiro de 2013

El Gobierno ruso prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad


La prohibición se aplica a los lugares públicos donde puedan acceder los menores y a los medios de comunicación.
No se especifica lo que se entiende por propaganda de la homosexualidad, lo que podría dar pie a una libre interpretación y a una arbitraria aplicación de la ley.
Se apoyan en los principios morales y las tradiciones rusas, donde dos tercios de la población sienten rechazo hacia los homosexuales.
EFE. 25.01.2013 - 20minutos.es
La Duma o cámara de diputados de Rusia prohibió este viernes la propaganda de la homosexualidad entre los menores de edad, una ley que las minorías sexuales consideran una flagrante violación de su libertad de expresión.
La ley, que fue aprobada en primera lectura con 388 votos a favor, mientras solo un diputado votó en contra y otro se abstuvo, propone sancionar la promoción de los comportamientos homosexuales con multas en metálico.
De esta forma, se sancionará con multas de hasta 5.000 rublos (125 euros) a las personas físicas, hasta 50.000 rublos (1.250 euros) a los funcionarios y hasta 500.000 rublos (12.500 euros) a las personas jurídicas que infrinjan la nueva ley.
Será la Policía la que se ocupe de formalizar la sanción administrativa contra el infractor, que obligatoriamente tendrá que comparecer ante los tribunales, según las agencias rusas.
La interpretación de la ley
Los diputados rusos no especificaron lo que entienden por propaganda de la homosexualidad, lo que podría dar pie a una libre interpretación y a una arbitraria aplicación de la ley, según denuncian defensores de los derechos humanos.
No obstante, Elena Mizúlina, jefa del comité para Asuntos de la Familia, la Mujer y los Niños, adelantó que los diputados precisarán con exactitud ese concepto en una segunda lectura.
La diputada socialdemócrata aboga por prohibir la promoción de los valores homosexuales en lugares públicos adonde puedan acceder los menores de edad, aunque sea con sus padres, y también en los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, en horario infantil.
En relación a las críticas de que la ley viola la Convención Internacional de Derechos Humanos, Mizúlina asegura que una sentencia dictada en 1981 por el Tribunal de Estrasburgo llama a ejercer control sobre el comportamiento homosexual.
Tradiciones rusas
Además, concede al Gobierno del país la libre discreción a la hora de aprobar leyes teniendo en cuenta las tradiciones y los principios morales nacionales sobre las relaciones sexuales.
La diputada considera que las marchas de orgullo gay también son actos de propaganda homosexual directa a los que tienen acceso libre los niños, por lo que habría que prohibirlos.
Dos tercios de los rusos, tanto hombres como mujeres, sienten rechazo hacia los homosexuales, según una encuesta del prestigioso centro de investigaciones Levada hecha pública a fines del año pasado.
Mientras, el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, se manifestó el pasado año en contra de la regulación de las relaciones homosexuales, a la vez que el jefe del Consejo Presidencial de Rusia para los Derechos Humanos, Mijaíl Fedótov, aseveró que "la homosexualidad no es un crimen".
Varios detenidos
Una veintena de personas fueron detenidas este viernes por la Policía frente a la Duma en los enfrentamientos entre representantes de las minorías sexuales rusas y los partidarios de la prohibición, en su mayoría miembros de organizaciones ortodoxas radicales.
El detonante del incidente fue un apasionado beso que se dieron dos mujeres, tras lo que los partidarios de la ley comenzaron a lanzarles huevos y pintura e intentaron abalanzarse sobre ellas al grito de "Moscú no es Sodoma", aunque se lo impidió la nutrida presencia policial.
La Iglesia Ortodoxa Rusa había pedido desde un principio que se extendiera a toda Rusia una ley que ya fue aprobada hace un año por la segunda ciudad del país, la tradicionalmente liberal San Petersburgo.
Las organizaciones homosexuales criticaron duramente la ley al considerar que supone una violación de su libertad de expresión y manifestación, y un pretexto para seguir prohibiendo las marchas de orgullo gay, lo que ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Esto es un caso claro de histeria homofóbica. Rusia demuestra que avanza no hacia los valores europeos, sino hacia regímenes represores como Irán", aseguró Vladímir Voloshin, redactor jefe de KVIR, la revista más popular entre la comunidad homosexual rusa.
La Asociación Internacional de Gais y Lesbianas concedió en 2012 a Rusia y también a Moldavia el dudoso honor de ser los países de Europa donde menos se respetan sus derechos.