De profesión, genocidas

El documental ‘The act of killing’, de Joshua Oppenheimer, entrevista a los asesinos de 500.000 indonesios en la masacre de 1965

ÁNGEL LUIS SUCASAS Madrid 28 AGO 2013 - 00:24 CET

¿Puede una película cambiar un país? El documental The act of killing está conmocionando Indonesia hasta el punto que su director, Joshua Oppenheimer (Texas, 1974), quiere creer en ello. Después de rodar su filme, que ofrece los testimonios de los verdugos que perpetraron la masacre de al menos medio millón de supuestos comunistas de 1965 a 1966, el cineasta confía en que la tremenda reacción que está teniendo la película tendrá su efecto. Para evitar que el gobierno prohibiera su obra, Oppenheimer reunió a los principales medios de comunicación indonesios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para una proyección de la película. La reacción fue unánime. “Me dijeron que esto era un antes y después para Indonesia. Que ya no podía ignorarse el genocidio tras un filme así”.

La revista de referencia en la nación, Tempo, dedicó un especial de 75 páginas a la película y a los testimonios de los asesinos contratados por el gobierno para las matanzas. Agotó tres ediciones. Y en este 2013, The act of killing ha encontrado finalmente hueco en las salas. “De 60 sesiones en 13 ciudades en diciembre pasamos a 500 en 95 ciudades. Y la película se convertirá en gratuita para todos los indonesios a partir del 30 de septiembre, fecha del inicio de la masacre”. En España, donde recibió el primer premio del jurado y el reconocimiento del público en Documenta Madrid 2013, se estrena el próximo viernes.

Pero antes de alcanzar esta catarsis, Oppenheimer vivió voluntariamente en un infierno al obligarse a retratar de cerca a los gánsteres que se ensuciaron las manos en las purgas comunistas. “Podía ser tan directo como para decir: ‘Has formado parte de uno de los mayores genocidios en la humanidad, ¿qué te hace sentir?’. Y no se trataba de darles la cuerda suficiente para que se colgaran sino de entender quiénes son, el papel que juegan en la sociedad y cómo esta reacciona a ese papel”. Los asesinos se encuentran tan desinhibidos que describen sin problemas el método exacto para perpetrar la masacre. En una secuencia de la versión extendida del filme, con una hora de metraje más, uno de ellos dice que su mayor disfrute eran las violaciones.

En cambio, su lado más humano emerge constantemente, como cuando Anwar Congo, gángster ya anciano, rompe a llorar al ver una escena en la que él interpreta el papel de la víctima que va a ser liquidada por comunista: “Lo entiendo, Joshua, lo entiendo. Entiendo el dolor de las víctimas”. Y el director, que le filma en el salón de su casa, contesta: “No, no lo entiendes. Tú sabías que esto era una actuación y ellos sabían que iban a morir”.

De los asesinos que Oppenheimer entrevistó, Anwar fue el elegido para cargar sobre sus hombros el peso de la película. “Su dolor estaba más cerca de la superficie”, revela el documentalista. “Para mí fue tan duro como para el público ver la película. No sé filmar una historia sobre una persona sin intimar con ella. Un ser humano es algo tan complejo que solo puede entenderse si llegas a conocerle muy bien. Me obligué a verle como un hombre. Y lo hice por una razón: es un ser humano. Todos lo son. El hecho de que no se demonice a nadie, que se les muestre con el mismo amor por su humanidad ha causado que los medios y la discusión social en Indonesia no se centre en señalar a los culpables, sino en reconocer el pasado y mirar juntos hacia el futuro”.

Allí también apunta la mirada del cineasta, que ya se encuentra preparando su próxima película, también en Indonesia y también relacionada con el drama que se relata en El acto de matar. “Estoy montando otra película sobre un grupo de supervivientes que descubrieron quién mató a su hijo a través de mi investigación con los ejecutores. Y es algo muy doloroso, porque reúno a las víctimas y al verdugo para que se vean cara a cara”. A pesar de las pesadillas que le han durado años por The Act of Killing, Oppenheimer no se ha cansado de hacer cine. Tal vez sea por lo que piensa sobre el séptimo arte: “Creo que el cine ha sido parte de nuestra alienación. Pero creo que también lo puede ser de nuestro despertar”.

Memoria de una masacre indígena

Por: Fernando Gualdoni | 30 de mayo de 2013

Esta semana en Brasil sucedió un hecho clave para su historia. Tras 45 años perdido o creído extinto, reapareció un tristemente célebre informe sobre las atrocidades cometidas contra los indígenas de Brasil entre los años cuarenta y sesenta por parte de los terratenientes y el propio Servicio de Protección Indígena (SPI).

El conocido como Informe Figueiredo, presentado en 1967 por el fiscal Jader de Figueiredo Correia, describe las torturas, los robos de tierras, los envenenamientos, las violaciones y el genocidio de las tribus indígenas. Algunas de estas comunidades desaparecieron o quedaron al borde de la extinción. Cuando se hizo público el documento de 7.000 páginas hubo un gran revuelo internacional por las brutalidades que describía. Dio pie a una investigación que acabó con 134 funcionarios acusados de cometer más de un millar de crímenes de toda índole. Apenas una cuarentena fueron destituidos y ninguno fue a prisión.

Poco después de salir a la luz, el informe supuestamente quedó destruido en un incendio. Se achacó a la dictadura una maniobra para hacer desaparecer el documento, en un intento de echar tierra sobre el escándalo y de paso lavar la imagen de muchos latifundistas aliados del régimen. Sin embargo, 45 años después el texto fue hallado en el Museo del Indio de Brasil.

Entre las atrocidades recogidas en el informe, se describe la “masacre del paralelo 11”, en la que se arrojó dinamita desde un pequeño avión sobre una comunidad de indígenas Cinta Larga. Treinta indígenas murieron, y solo dos sobrevivieron para contarlo. También se da cuenta del envenenamiento de cientos de indígenas con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el “tronco”.

En 1969, en un artículo titulado Genocidio que apareció en el Sunday Times británico, el cronista Norman Lewis escribió: "Desde el fuego y la espada al arsénico y las balas: la civilización ha enviado a seis millones de indígenas a la extinción". El artículo motivó a un pequeño grupo de personas a fundar Survival International ese mismo año. De acuerdo con la ONG Survival, el informe será considerado por la Comisión Nacional para la Verdad de Brasil, que investiga las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1946 y 1988.

Tras las huellas del genocidio tamil

EL PAÍS recorre el escenario de la ofensiva final de la guerra civil de Sri Lanka

Los testimonios hablan de una masacre que la ONU insta a que se investigue

      FOTOGALERÍA Un genocidio oculto

ZIGOR ALDAMA Mullivaikal 24 MAR 2013 - 00:00 CET

Balasubramaniam Annaludchumy con fotografías de vítimas.
 / ZIGOR ALDAMA

Balasubramanian Annaludchumy recuerda: “En las últimas semanas de la guerra mi familia había estado dispersa, pero el 14 de mayo [de 2009] nos encontramos en la ‘zona segura’ que el Ejército había habilitado en Mullivaikal para proteger a los civiles, y encontramos cobijo en una casa. Estábamos felices. Pero esa misma noche cayeron varios obuses sobre el edificio. Cuando recuperé el sentido y se posó el polvo, vi a todos en el suelo. Mi marido estaba boca abajo, y al darle la vuelta descubrí que le había estallado el pecho, que estaba muerto”.

La mujer rompe a llorar, pero no detiene su relato. “Al lado estaba mi hija mayor. Se sujetaba los intestinos con las manos, y sabía que iba a morir. Por eso me pidió que salvase a sus dos hijos”. Esta tamil, originaria de la ciudad de Kilinochchi, en el norte de Sri Lanka, se las arregló para coger a los pequeños y llevarlos a un hospital del Ejército, pero allí fueron rechazados. “Había tantos cadáveres en la carretera que casi no se podía andar”.

Los dos niños perecieron pocas horas después del ataque, del que el Gobierno niega ser el autor a pesar de que los proyectiles utilizados fueron los que usaba habitualmente el Ejército, y no los de la guerrilla de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). Los combates se habían reanudado, así que Annaludchumy tuvo que abandonar los cadáveres de su familia y esconderse en una zanja. Tres días después, el presidente ceilanés, Mahinda Rajapaksa, anunció la muerte del líder rebelde, Velupillai Prabhakaran, y declaró el fin de 26 años de una guerra civil que ha enfrentado a la etnia mayoritaria cingalesa —budista— y a la minoría étnica tamil —hinduista—.

Según el mandatario, la ofensiva final fue un éxito porque no se cobró la vida de ningún civil. Annaludchumy explica que ese discurso triunfalista es la razón de que en el certificado de defunción de sus cinco familiares aparezca como fecha de la muerte el 15 de marzo y no el 15 de mayo. “El Gobierno miente”, sostiene la mujer. Como ella, todos los supervivientes entrevistados para este reportaje aseguran que los soldados atacaron deliberadamente las “zonas seguras” en las que se refugiaban.

Esa sospecha ha empujado a la ONU esta semana a aprobar una resolución con la que presionar al Gobierno de Sri Lanka para que investigue la masacre —que la organización considera que podría alcanzar las 40.000 víctimas— entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Van aún más lejos trabajadores de diferentes agencias de Naciones Unidas que critican la tibieza del informe sobre los hechos presentado en noviembre por su secretario general, Ban Ki-moon. Desde el anonimato, uno expone su molestia: “El texto incluye acusaciones contra el Ejército por atacar la zona designada como ‘libre de combate’ con bombas, misiles, artillería, bazucas y armas ligeras. Allí se habían refugiado 330.000 personas, pero Ban se ha limitado a lamentar que la ONU haya fallado de nuevo en su misión. Las presiones, que llegan no solo de Sri Lanka sino también de China e India, han impedido que se diga con claridad que lo sucedido fue un genocidio”.

Basta con echar un vistazo a los arcenes de la carretera de Mullivaikal para confirmar que el Ejército en sus embestidas contra los tamiles no solo atacó objetivos militares. Autobuses, camiones, coches y triciclos motorizados aparecen reducidos a un amasijo de hierros. Componen un escaparate del horror que está protegido de las cámaras por soldados apostados cada 50 metros con un AK-47. Los vehículos no pueden detenerse, y los militares exigen revisar el material gráfico de todo sospechoso de haber retratado esa metálica montaña de vergüenza.

El obispo de Mannar, Rayapu Joseph, vivió en primera persona el fin de la guerra y ha recogido decenas de testimonios. Sostiene que los militares han quemado miles de cadáveres para destruir pruebas, y describe la operación como “una masacre que se inscribe dentro de un proceso de limpieza étnica que continúa en todos los frentes”. Un buen ejemplo de ello es el “poblado modelo” de Keppapillavu, que pretende ser un ejemplo de reconstrucción y se queda en espejo del apartheid.

Aquí han sido reubicadas 115 familias tamiles que lo perdieron todo en la ofensiva final. Pero, en contra de lo que asegura el Gobierno, Tharmaragini, una mujer que reside en una de las chabolas sin agua corriente ni electricidad con los cinco familiares que han sobrevivido a la guerra, explica que no ha tenido que abandonar su casa porque haya sido reducida a escombros. “Se la ha quedado el Ejército”, afirma. Y no es la única. M. Mathusamy, un agricultor que construye su propia vivienda unos metros más allá, cuenta algo parecido: “Nos han arrebatado la tierra para construir asentamientos de cingaleses, y ahora nosotros no tenemos de qué vivir”.

Esta estrategia, que incluye la reordenación administrativa de municipios y provincias para evitar que la población tamil tenga mayoría, busca diluir la fuerza social y política que permitió al LTTE gobernar, de facto, el tercio norte de la isla. Pero también es la principal razón por la que el fin de la guerra no ha supuesto el fin del conflicto. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, advierten de que el resentimiento tamil hacia el Gobierno ha aumentado con la represión.

“Hay buenas razones para la lucha, porque el Gobierno nos priva de derechos básicos”, afirma Elango, un activista tamil. “Antes de la colonización existían diferentes reinos que respondían a una compleja realidad que los británicos trataron de homogeneizar sin éxito”, analiza. “Ahora, la Constitución unitaria y el carácter dictatorial de Rakapaksa son escollos insalvables para buscar una solución dialogada al conflicto, y no podemos olvidar que la guerra se cerró con una masacre a la que ha seguido la desaparición de miles de personas”.

El hijo de Thava Malar es uno de ellos. “Durante la última batalla, el LTTE estaba desesperado y obligó a todos los hombres del pueblo a luchar con ellos. Se llevaron a nuestro hijo, de 16 años, que, afortunadamente, sobrevivió a los combates”. El adolescente regresó a casa terminada la guerra, pero una noche, 20 días después, desapareció. Su madre está convencida de que el Ejército se lo llevó. “Aquella noche hubo patrullas, y luego hemos recibido noticias de dos personas que aseguran haberlo visto en instalaciones militares”.

La impotencia de miles de personas como Malar y la impunidad del Gobierno pueden prender de nuevo la lucha armada, asegura Elango. Él considera que los miembros del LTTE son “héroes que murieron por la libertad de los tamiles”, pero es consciente de que la organización —considerada terrorista por multitud de países— cometió graves errores que no debe repetir, como el asesinato del primer ministro indio Rajiv Gandhi. “Además, durante la batalla final, el LTTE exigía a cada familia tamil que aportase hombres a la lucha. En los últimos días incluso usó a la población civil como escudos humanos, algo que muchos nunca olvidarán. Si queremos tener éxito necesitamos promulgar un sistema que sea justo y humano”.

Este activista cree que no volverá a surgir un ejército como el que tenía el LTTE, sino que se optará por una táctica de guerrilla. “Creímos que Obama detendría la masacre, pero hemos confirmado que la comunidad internacional se pliega ante los intereses económicos”. Elango apunta a la emergencia de China e India: “Esos países ayudaron al Gobierno con la ofensiva final para hacerse con todo tipo de contratos, y por eso ahora sus grandes empresas están liderando el lucrativo proceso de reconstrucción”.

El juicio a Ríos Montt enfrenta a Guatemala con el horror de los ochenta

ASÍ LO CONTÓ EL PAÍS EN 1982

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El anciano general tendrá que responder por 15 matanzas de indígenas cometidas en 1982

Los familiares han luchado durante años para logar sentarlo este martes en el banquillo

JOSÉ ELÍAS Guatemala 18 MAR 2013 - 22:22 CET

Después de una lucha de años, contra viento y marea, los familiares de las víctimas de las brutalidades del exgeneral Efraín Ríos Montt podrán ver este martes en el banquillo, juzgado por crímenes contra la humanidad, al hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala. Tiene 86 años. Sin descartar aún que los abogados logren un nuevo aplazamiento con alguna treta legal, el juicio enfrentará a Guatemala con el espanto de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. Lo que comienza este martes, 19 de marzo, es un relato, por fin en sede judicial, de los traumas que aún sangran en el país centroamericano.

El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y elevó al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.

Sin que los “jóvenes oficiales”, en su mayoría tenientes y capitanes, lo sospecharan, su decisión de aupar a Ríos Montt abría un capítulo de la historia de Guatemala que estaría marcado por la errática personalidad del viejo general. Fue jefe del Estado durante 16 meses. Pero su protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres décadas, hasta que el 14 de enero de 2012, entregó su acta de diputado y se retiró de la vida política.

El breve mandato de Ríos pasará a la historia como un periodo de represión indiscriminada contra la población civil que “servía de sustento” a la subversión izquierdista. La doctrina de la tierra arrasada, versión del “quitarle el agua al pez” que los franceses aplicaron en Argelia y los norteamericanos perfeccionaron en Vietnam, se convirtió en el primer mandamiento de los Ejércitos latinoamericanos de los años setenta y ochenta. En Guatemala, oficiales argentinos formados en las academias francesas llegaron a ser asesores muy valorados.

Los informes citados por organizaciones humanitarias estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comunes o dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 desplazados. El informe de la CEH documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa.

No obstante, en el juicio señalado para hoy, Ríos Montt y el que fuera su jefe del temido servicio de inteligencia (la G-2), José Mauricio Rodríguez Sánchez, solo deberán responder por 15 masacres ocurridas en el área conocida como Triangulo Ixil (Quiché, norte). Los hechos costaron la vida a 1.771 personas. De acuerdo con el informe de los forenses, “un 43% de los esqueletos exhumados corresponden a niños de entre cero y 12 años y más del 50%, a mayores de 50 años”.

Antes de entregar el poder a los civiles en 1985, el Ejército destruyó todos los documentos “comprometedores”, lo que impide determinar con exactitud el alcance de la represión y la responsabilidad de los mandos. Pero los informes sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), del malogrado obispo Juan Gerardi, y el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, permiten una aproximación a lo ocurrido.

Al respecto, los defensores de Ríos Montt, que no niegan la “existencia de las víctimas”, insisten en que no hay manera de probar que la orden de exterminio emanara del entonces jefe de Estado. La Fiscalía, por su parte, argumenta que los sindicados no pueden eludir su responsabilidad, “porque como máximas autoridades de las fuerzas castrenses eran informados de los operativos desarrollados por el Ejército”.

La cadena de mando estaba encabezada por Ríos Montt, en su calidad de jefe del Estado y Comandante General del Ejército; Óscar Humberto Mejía Víctores, ministro de Defensa; y Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor Presidencial. Estos dos últimos se han librado de ser enjuiciados por razones de salud.

El auge de Ríos Montt, el hombre que, guste o no, marca la historia de la Guatemala de la segunda mitad del Siglo XX, hay que buscarlo en la ausencia de líderes, exterminados por los militares, y en la corrupción con que estos manejaron el país desde las más altas instancias de poder.

A principios de los 80, Guatemala atravesaba una situación de guerra interna. En Nicaragua, los sandinistas habían derrocado al dictador Anastasio Somoza. Las guerrillas salvadoreñas demostraban una fortaleza que hacía viable su ascenso al poder. En Guatemala, los rebeldes ejercían dominio sobre amplios territorios, particularmente en el altiplano de población mayoritariamente indígena.

Como contrapartida, las sucesivas dictaduras militares, disfrazadas de democracia por medio de elecciones amañadas, estaban totalmente agotadas. La corrupción y la brutalidad de la represión, que alcanzó una de sus cotas más altas con el salvaje asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980, hacía que el régimen, totalmente aislado del mundo, se tambaleara. La operación para salvar a Guatemala precisaba de un líder carismático, capaz de dar un golpe de timón a la nave del Estado, totalmente a la deriva.

Para el analista Gustavo Berganza, el contexto histórico es determinante en la deriva político-represiva de Efraín Ríos, quien sufrió la presión de la administración de Ronald Reagan para salvar a Centroamérica del comunismo internacional. Y lo hizo con medios limitados. Estados Unidos le había quitado toda la ayuda militar, por la apuesta del anterior mandatario, Jimmy Carter, en favor de los derechos humanos. Esto permitió a los militares tener una gran autonomía a la hora de enfrentar a la guerrilla. “El hecho de no depender de los militares estadounidenses, como sucedió en El Salvador, hizo que la guerra en Guatemala tomara derroteros diferentes, con asesores israelíes y argentinos. Estos últimos, auténticos maestros de la represión en el continente”, enfatiza.

Para el historiador José Cal, “fue durante los Gobiernos de Romeo Lucas García (1978-1982) y de Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 a agosto de 1983) cuando la represión alcanzó su clímax, con ataques directos a las poblaciones civiles. El avance de la guerrilla era evidente. Había creado una base social en estas comunidades, mientras que otras poblaciones se oponían a los controles que el Ejército ejercía sobre ellas. Esto permitió el exterminio masivo de poblaciones y la represión generalizada a cualquier manifestación de oposición política”.

Con respecto al resultado del juicio, el historiador cree que “fruto de la presión internacional”, lo más probable es una condena, aunque recuerda que, por el otro lado, hay poderes fácticos, como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) que anuncian, recurriendo incluso a la amenaza abierta, que no permitirán la prisión de oficiales “que salvaron a Guatemala de la amenaza del marxismo”.

Gustavo Berganza señala que, de alguna manera, es un despropósito el que solo se procese a Ríos Montt, a quien se le carga toda la responsabilidad de 36 años de guerra. “Él no es el único causante de las 50.000 muertes por las que se le sienta en el banquillo”.