La OTAN traspasa el control de la prisión de Bagram a los afganos

El recinto, situado a 60 kilómetros de Kabul, alberga la principal base militar estadounidense y la cárcel para los insurgentes más peligrosos

DAVID ALANDETE Washington 10 SEP 2012 - 10:33 CET

En el contexto de una creciente desconfianza entre las tropas de Afganistán y las de Estados Unidos, por el incremento de ataques ‘fratricidas’, la Alianza Atlántica formalizó este lunes la transferencia del mayor centro de detención militar del país a la custodia del gobierno de Kabul. Se trata de uno de los mayores hitos en la operación de transferencia de soberanía a manos afganas, antes del repliegue total de tropas, que culminará antes de 2015. En ese centro, conocido como prisión de Parwan, dentro de la base militar de Bagram, se quemaron en febrero centenares de Coranes, un incidente que provocó unas protestas a nivel nacional que se saldaron con 41 muertes.

La OTAN y Afganistán pactaron el traspaso de la custodia de la prisión en marzo. Finalmente, la ceremonia de transferencia tuvo lugar este lunes, el último día del plazo marcado entonces. El presidente afgano, Hamid Karzai, no estuvo presente en ella, pero la calificó previamente de éxito para su Gobierno, en un comunicado. En el centro de detención de Parwan, EE UU retuvo a unos 3.000 supuestos insurgentes, entre ellos aquellos que consideraba líderes en las operaciones de combate de la Guerrilla Talibán. Momentos después de esa ceremonia, un ataque suicida en Kunduz, en el norte del país, provocó 15 muertos, todos civiles, y 25 heridos, según el Gobierno de Afganistán.

EE UU mantendrá todavía la custodia de unos 30 detenidos a los que considera insurgentes con alto grado de mando en la Guerrilla Talibán, y sobre los que exige a Kabul garantías de que no serán liberados. Según fuentes de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de Afganistán de la OTAN, un 99% de los detenidos en la prisión de Parwan antes del 9 de marzo están ya bajo custodia de las fuerzas armadas afganas. Los mandos norteamericanos están investigando a otros 600 supuestos insurgentes, detenidos en los pasados seis meses, pero esperan poder transferirlos a manos afganas en las próximas semanas.

Los mandos norteamericanos retuvieron en Parwan a supuestos insurgentes durante años, con el argumento de que suponían una amenaza para la seguridad nacional de Afganistán y para los intereses de la OTAN en ese país. Muchos de los detenidos en la base naval de Guantánamo pasaron antes por Parwan, y acusaron posteriormente a sus captores de haberles torturado allí, empleando técnicas como el ahogamiento fingido [waterboarding]. Al menos dos detenidos en esa cárcel de la base de Bagram fallecieron cuando estaban bajo custodia de las tropas extranjeras. Según el acuerdo de transferencia de soberanía, una quincena de detenidos ha sido liberados después de que EE UU determinara que no suponen una amenaza para su seguridad o la de Afganistán.

Entre los mandos de EE UU ha habido una notable resistencia a transferir la custodia de la prisión a manos afganas, dado el riesgo de que el sistema de justicia de ese país libere a una considerable cantidad de ellos, por considerar que faltan pruebas fehacientes de su conexión con la Guerrilla Talibán o el grupo terrorista Al Qaeda. A la ceremonia no acudió personal de la embajada de EE UU en Kabul. Tampoco estuvo presente el teniente general Keith M. Huber, comandante de la prisión hasta la fecha de la transferencia. Sobre la transferencia no se pronunció tampoco el comandante al mano de las tropas de la OTAN en Afganistán, general del Marine Corps John Allen.

En febrero, unos soldados norteamericanos destinados a Parwan requisaron varios centenares de Coranes y otros textos sagrados del Islam, por sospechas de que los detenidos los empleaban para comunicarse entre ellos. Buscando librarse de ellos, los quemaron en las inmediaciones de la base de Bagram, la mayor del país. Aquello provocó la ira de numerosos grupos religiosos, y de una buena parte de la población civil. Los disturbios provocaron 41 muertes, cuatro de ellas entre las filas de las tropas aliadas. De estas últimas, dos se debieron a ataques fratricidas, incidentes en los que soldados afganos abrieron fuego contra uniformados extranjeros.

La quema de Coranes precedió al notable incremento de ataques ‘fratricidas’ que vive el país. En lo que va de año, estos han provocado un 14% de las bajas entre los soldados extranjeros: 45 muertos, frente a los 33 de 2011 y los 21 de 2010. Recientemente, el líder talibán, el Mulá Omar, llamó a los insurgentes a infiltrarse entre los rangos de las fuerzas armadas afganas, para diezmar a las tropas extranjeras con ese recurso. Hace dos semanas, el mando de los cuerpos de operaciones especiales de EE UU puso entre paréntesis el entrenamiento de nuevos reclutas de la milicia conocida como Cuerpo de Policía Local de Afganistán, a la espera de imponer sistemas más rigurosos de investigación de aspirantes a soldado.

Matar a 11.200 kilómetros de distancia de nueve a dos

Más de 1.300 pilotos en al menos 13 bases en Estados Unidos controlan el vuelo de los ‘drones’ que ejecutan los ataques contra la insurgencia en Afganistán

ELISABETH BUMILLER (NYT) Base militar de Hancock 30 JUL 2012 - 21:03 CET

Desde una base militar en Siracusa, a 380 kilómetros al norte de Nueva York, el coronel D. Scott Brenton controla el vuelo de un drone sobre Afganistán. La aeronave transmite en directo la vida de insurgentes talibanes, su objetivo a 11.200 kilómetros de distancia. Él y su equipo pueden observar a una familia durante semanas. “Madres con niños. Padres con niños. Padres con madres. Niños jugando al fútbol”, cuenta. Cuando llega la orden, y dispara y mata a un miliciano —lo que solamente hace, comenta, cuando las mujeres y los niños no están cerca— un escalofrío recorre su nuca, como le ocurría cuando disparaba a un objetivo desde los F-16 que solía tripular.

Los drones han revolucionado el modo en que Estados Unidos hace la guerra. Y también han cambiado profundamente la vida de quienes las libran.

El coronel Brenton reconoce la singularidad de atacar, sin más equipo que un mando, unas pantallas y un pedal, en un frente a miles de kilómetros de su silla acolchada en un suburbio en Estados Unidos. Cuenta que en Irak, donde estuvo destinado, “aterrizabas y quienes te rodeaban sabían qué había pasado”. Ahora sale de este cuarto lleno de pantallas, aún con la adrenalina tras haber apretado el gatillo, y conduce rumbo a su casa, para ayudar a sus hijos con los deberes. Pero siempre solo.“Nadie en mi círculo más cercano es consciente de lo que ha pasado”, dice.

Los drones tienen potentes cámaras que transmiten la guerra en directo a sus pilotos. Los militares que controlan los drones hablan con entusiasmo de los días buenos, como cuando pueden alertar a una patrulla terrestre en Afganistán de una emboscada. Para los días malos, la Fuerza Aérea envía médicos y capellanes a las bases para hablar con los pilotos y operadores cuando un niño muere en un ataque, o cuando las imágenes muestran un primer plano de un marine caído en combate.

La minuciosa vigilancia que precede a un ataque recuerda a la película La vida de los otros: la historia de un agente de la Stasi, la policía secreta de la RDA, que acaba absorto en la vida de las personas que espía. Un piloto de un drone y su compañero, un operador que controla la cámara de la nave, observan a un miliciano mientras juega con sus hijos, habla con su esposa y visita a sus vecinos. Ejecutan el ataque cuando, por ejemplo, su familia ha ido al mercado.

“Ven todos los detalles de la vida de este tipo”, comenta el coronel Hernando Ortega, el jefe de Medicina Aeronáutica en el Mando de Formación y Educación Aérea, que colaboró en un estudio sobre el estrés en las tripulaciones de los drones, realizado el año pasado. “Se pueden identificar hasta cierto punto".

De una docena de pilotos, operadores y analistas aeronáuticos entrevistados, ninguno reconoció que el rastro de sangre causado por las bombas y los misiles les impidiera dormir. Pero todos hablaron de la intimidad que habían establecido con las familias afganas que habían observado durante semanas, cuyas vidas desconocen el piloto que vuela a 6.000 kilómetros de distancia o incluso el soldado que está en el terreno.

“Los ves levantarse por la mañana, trabajar y luego irse a dormir”, describe Dave, un mayor de la Fuerza Aérea que pilotó drones entre 2007 y 2009 desde la base de Creech (Nevada) y ahora entrena a nuevos pilotos en la base de Holloman, en Nuevo México. (Bajo el argumento de que han recibido “amenazas creíbles”, la Fuerza Aérea prohíbe a los pilotos de drones dar sus apellidos. Solo los comandantes de la base, como el coronel Brenton, usan sus nombres completos con la prensa). “Hay una muy buena razón para matar a estas personas. Me lo repito una y otra y otra vez”, afirma Will, otro oficial. “Pero nunca te olvidas de lo que ha ocurrido”.

La Fuerza Aérea cuenta con más de 1.300 pilotos de drones repartidos en 13 bases en Estados Unidos. Según fuentes militares necesita, por lo menos, unos 300 más. La mayoría de las misiones son en Afganistán. (Las cifras no incluyen las misiones clasificadas de la CIA en Pakistán, Somalia y Yemen). El Pentágono calcula que para 2015, la Fuerza Aérea deberá contar con 2.000. El Ejército entrena ya más pilotos para drones que tradicionales: 350 el año pasado. Anteriormente, las tripulaciones de drones superaban el entrenamiento para volar un avión de combate tradicional. A partir de este año, los pilotos solo pasan 40 horas a bordo de un Cessna antes de aprender a manejar un drone. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Norton A. Schwartz, reconoció que es “posible” que los pilotos de drones superen a los tradicionales en los próximos años. Cada vez más bases dejan los aviones tradicionales para volar drones y satisfacer la demanda. Hancock retiró sus F-16 en 2010.

“Creo que hago el mismo trabajo de siempre. La única diferencia es que no me envían a otro país a hacerlo”, comenta el coronel Brenton. Todos los pilotos de la base rechazan que su trabajo sea un videojuego. “No tengo ningún videojuego que requiera que permanezca inmóvil durante seis horas observando solamente a un objetivo”, dice Joshua, un operador. “Las tripulaciones son conscientes de que las decisiones que toman, sean buenas o malas, tienen consecuencias reales”, añade. También evitan la palabra drone. Prefieren llamarlos “aviones pilotados a distancia”.

Todos los pilotos que han tripulado naves de combate afirman que echan de menos volar. El coronel Brenton participó en mayo pasado en un espectáculo aéreo en Siracusa. Cuenta que los fines de semana suele pilotar un pequeño avión de hélices, al que bautizó como “El Matamoscas”. “Es agradable estar en el aire”, afirma.

La violencia contra la mujer afgana continúa tras 10 años de 'liberación'

El asesinato en público de una joven acusada de adúltera saca a la luz la indefensión femenina Los avances legales, notables, se quedan en el papel

      “No podemos perdonar a esta mujer. Su marido tiene derecho a matarla”

ÁNGELES ESPINOSA Dubái 9 JUL 2012 - 20:40 CET

El asesinato público de una mujer en Afganistán ha vuelto a poner de relieve la brutalidad y el primitivismo de sectores de ese país, pero sobre todo el límite de los avances logrados por la ocupación occidental desde el desalojo de los talibanes en 2001. Su difusión en vídeo ha resultado aún más punzante al coincidir con la Conferencia de Donantes de Tokio, en la que EEUU y sus aliados han vinculado la futura ayuda al desarrollo a que Kabul mejore la gobernanza, la justicia y los derechos de la mujer.

El fusilamiento se produjo en una aldea de Parwan, a apenas un centenar de kilómetros de Kabul. Una portavoz del Gobierno provincial identificó a la mujer como Najiba, de 22 años y atribuyó su asesinato a los talibanes. Sin embargo, esta milicia, levantada en armas contra el Gobierno de Kabul, ha negado su implicación y atribuyen el incidente a un arreglo de cuentas tribal. Lo único seguro es que quien sigue pagando los platos rotos de la ignorancia, la pobreza y las luchas de poder es la mujer afgana, a la que en este caso, como en muchos otros, se acusa de adulterio para imbuirlo de pretendida legalidad.

El presidente afgano, Hamid Karzai, ha calificado el crimen de “odioso e imperdonable” y ha ordenado la inmediata búsqueda y captura de los responsables, un bonito gesto con pocas posibilidades de dar resultados. Por mucho que hayan cambiado las leyes, el Gobierno no tiene ni la capacidad ni, a decir de algunos observadores, la voluntad de ponerlas en práctica. A pesar de sus buenas palabras, Karzai sigue apoyándose en los antiguos +señores de la guerra+ y otros extremistas para mantener el poder. De ahí, que las organizaciones de derechos humanos y las feministas hayan denunciado su intención de hacer la paz con los talibanes, temerosos de una vuelta atrás.

El parricidio cometido en Parwan no es un hecho aislado, sino otro más de los mal llamados crímenes de honor con los que se castiga cualquier transgresión sexual por parte de la mujer. Aunque las autoridades lo hayan condenado, el problema radica en que la sociedad entiende y acepta que se penalice el sexo fuera del matrimonio (zina) o la rebeldía de las chicas que escapan de los matrimonios forzados y la violencia. Como reveló un informe de Human Rights Watch el pasado marzo, 400 mujeres y niñas se encontraban encarceladas por “delitos contra la moral”.

Tras el derribo del régimen talibán, la nueva Constitución afgana estableció la igualdad de “todos los ciudadanos ante la ley”, sin diferenciar entre hombres y mujeres. En consecuencia, las afganas pueden votar en las elecciones, ser candidatas y servir en cualquier cargo oficial. Las nuevas autoridades también suprimieron la obligación de que tuvieran que cubrirse con el burka (esa especie de tienda de campaña con apenas unos agujeros a la altura de los ojos) para salir a la calle.

ONG y activistas de los derechos humanos reconocen que desde entones se han aprobado nuevas leyes y enmendado otras para acabar con la discriminación. También se han fijado cuotas para la participación de las afganas en las instituciones (tienen reservados un 25% de los escaños del Parlamento), ha mejorado el acceso a la salud y la educación, y se ha establecido un Ministerio de Asuntos de la Mujer para impulsar proyectos que ayuden a su desarrollo.

Sin embargo, esos avances sobre el papel apenas se han trasladado a la sociedad en las ciudades. Muchas familias, sobre todo en las zonas rurales, aún limitan la libertad y la participación en la vida pública de sus madres, esposas, hijas y hermanas. Todavía son frecuentes los matrimonios forzados (entre el 60% y el 80%, según la ONU), con niñas menores de 16 años (el 57%), y en algunas regiones se niega la educación básica a las niñas, bien por considerarla inapropiada o por temor a los ataques de los extremistas contra las escuelas femeninas.

La ausencia del Estado en amplias zonas del país hace imposible imponer esos derechos o extender el sistema de justicia, lo que deja a las poblaciones locales merced a los talibanes u otros grupos armados. Esa inseguridad impide también el acceso de las ONG que trabajan para promover la emancipación de la mujer a través de la salud y el trabajo.

“Los derechos humanos están siendo crecientemente minados por la inseguridad y la falta de respeto por el Estado de derecho, un boyante narcotráfico, un sistema de justicia ineficaz, el mal gobierno, la corrupción endémica y la pobreza enquistada”, denunció en vísperas de la cita de Tokio Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional.

La situación es especialmente sangrante en el caso de las mujeres, cuyo punto de partida está muy por debajo de la media nacional en todos los indicadores (el 87% son analfabetas frente al 57% de los hombres, y su esperanza de vida no supera los 51 años). Pero lo peor es la violencia. En un país que ha encadenado guerras desde hace cuatro décadas, es una lacra institucionalizada. De acuerdo con la ONG Oxfam, el 87% de las afganas declaran haber padecido violencia física, sexual o psicológica, o ser víctimas de un matrimonio forzado.

No censures el grito de la guerra

La fotografía ganadora del Pulitzer reabre el debate ético de la violencia en los medios

ROSA PASCUAL Madrid 24 ABR 2012 - 15:41 CET

Massoud Hossaini capturó la imagen de Tarana Akbari (11 años) con su Nikon el pasado 6 de diciembre durante la celebración de la festividad chií de la Ashura, cuando un atentado suicida dejó el terrible balance de 55 muertos y 150 heridos en las puertas de una ermita de Kabul, Afganistán. La fotografía de Tarana gritando, vestida de un verde salpicado de rojo, en medio de un mar de cuerpos ensangrentados, ha recuperado el protagonismo que le dio The New York Times al publicarla en su portada un día después por un doble motivo: se ha convertido en la última ganadora del Pulitzer y ha supuesto un retorno al eterno debate ético de los límites de las imágenes violentas en el fotoperiodismo.

La instantánea fue lo suficientemente potente para convertirse en la portada del diario norteamericano. Sin embargo, diarios como The Wall Street Journal o The Washington Post prefirieron dar otras versiones de la escena que restringen parte de la tragedia. Otros medios digitales optaron por no publicar la imagen o mostrarla cortada. El portal MSNBC (Microsoft y NBC) solo decidió publicarla tras serle concedido el galardón y bajo advertencia. Algo parecido hizo el Huffington Post, que ofrece un corte de la imagen en la parte superior de su web con posibilidad de verla completa más abajo con una alerta. La razón, según los responsables de estos medios, es que la visión de los cuerpos –especialmente los menores– podía herir la sensibilidad de los lectores y que basta con intuir el horror sin que sea necesaria una imagen explícita.

Hossaini, autor de la imagen premiada, confiesa sus propios límites cuando las imágenes son excesivamente violentas en una entrevista telefónica con este periódico desde Ámsterdam: “Yo mismo corto algunas de mis fotos, porque son muy gráficas. Lo que no esperaba es que otros lo hicieran. Había dos opciones: mostrarla como era o no hacerlo”. Al fotoperiodista Enrique Meneses, en cambio, le indigna la sola mención de la sensibilidad del lector: “La gente está tan sensibilizada que da vergüenza– continúa. Estamos haciendo periodismo del miedo, quien no se quiera informar que no se informe”. Meneses no comparte tampoco la justificación de que basta con insinuar la violencia. “La guerra no se intuye, se vive o no se vive”, sentencia.

Más cercano esta visión se encuentra Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía 2009: “La guerra es sangrienta y cuando se produce una explosión hay muertos y heridos, muchas veces niños y niñas. Las bombas no preguntan la edad a sus víctimas. Explotan, matan, descuartizan”. Sánchez, empeñado desde hace años en poner el acento en las secuelas de la violencia, es rotundo: “Es importante que el público conozca la verdad sobre las consecuencias de las guerras para que reflexione sobre la necesidad moral de buscar soluciones. Que los ciudadanos se enfrenten al dolor de la guerra, que sepan que los que sufren o mueren desconocen las razones de sus tragedias. Una sociedad que reivindica imágenes asépticas de la violencia está condenada al fracaso”. Son razones similares a las que esgrime también Marisa Flórez, editora gráfica de EL PAÍS, que decidió publicarla a cuatro columnas en la sección de Internacional para ilustrar el atentado. “Es una foto informativa y de denuncia, de lo que está ocurriendo en ese país – explica Flórez–. Se ve el grito de una niña llena de horror por todas partes. Y va mucho más allá de los cadáveres; es la imagen de la desolación”.

En el difícil equilibrio entre lo necesario y lo gratuito, Javier Bauluz, director de Periodismo Humano, lo tiene claro: “Yo siempre digo que la línea está en que [las imágenes] lleguen al corazón y la cabeza, no al estómago. Que te hagan pensar”. Bauluz, único español ganador de un Pulitzer en 1995, introduce un nuevo elemento. “Si sabes que algo es tan duro que no se va a publicar, de alguna manera te autocensuras”, afirma mientras recuerda que en Sarajevo las imágenes eran tan “salvajes” que muchos días los fotógrafos no tenían nada que mandar. “Bastante nos censuran los demás como para que nos autocensuremos nosotros”, considera Meneses, radicalmente opuesto.

Massoud Hossaini conoce bien, a sus 30 años, el horror con el que trata a diario. Nacido en Afganistán en 1981 y exiliado en Irak desde los seis meses, cuando su padre fue detenido por el régimen comunista, Hossaini regresó a su país de origen tras los atentados del 11-S decidido a contar al mundo lo que allí ocurre. “La verdad en Afganistán es mucho más amarga que todo esto. La gente debería saber lo que pasa en este país, hablar de ello y ejercer presión sobre sus Gobiernos”, sueña. Revela “sentimientos ambivalentes” en torno al premio: se siente feliz porque cree que ayudará a que el mundo conozca la tragedia de la población afgana pero “triste por lo que pasó aquel día” que aún le provoca pesadillas cuando le deja dormir.

“Hubo una explosión –recuerda: me caí al suelo, tenía una mano herida… pero no me sentía mal. La gente corría en dirección contraria al humo y yo hacia él”. Pese a ser consciente del riesgo de que en Afganistán a una explosión suele sucederle otra Hossaini afirma que “necesitaba” quedarse. Y lo hizo. “Me encontré a la niña en medio de un círculo lleno de cuerpos ensangrentados. Estaba gritando, aterrorizada, y no sabía qué hacer. Yo hice la foto para mostrárselo al mundo”, concluye. Siete personas de la familia de Tarana, que empieza a recuperar la sonrisa, murieron aquel día. Aunque los más cercanos tuvieron la fortuna de resultar solo heridos, su hermana podría perder un brazo, cuenta Hossaini.

"Es muy difícil cubrir la guerra de tu propio país. Yo no lo haría”, asegura Gervasio Sánchez que, feliz por el premio de Hossaini, concluye: “La imagen de Hossaini es un magnífico documento que demuestra el absurdo en que vivimos, incapaces de poner coto a la violencia. Censurar esta imagen es matar al ruiseñor, es como matar la inocencia de nuevo”.

El largo camino de las mujeres afganas

Más de diez años después de la caída del régimen talibán, todavía perduran leyes machistas en el país asiático 

ANTONIO PAMPLIEGA KABUL 13/02/2012

Durante el nefasto régimen talibán,de 1996 a 2001, uno de los colectivos que más sufrió la brutal represión de los fanáticos religiosos fue el de las mujeres. El Gobierno del mulá Omar cercenó todos sus derechos fundamentales, convirtiéndolas en ciudadanas de tercera. Las prohibió trabajar, cerró las escuelas de niñas, las obligaba a salir de casa acompañadas por un varón de su familia y lapidó públicamente a las acusadas de adulterio o prostitución. Llevó hasta el último extremo el popular dicho pastún: "Todas las mujeres son despreciables, inclui-das tu madre y tu hermana".

Una década de cambio ha servido para que empiecen a notarse pequeños avances en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. En el Parlamento, en las escuelas, en la Administración Pública e, incluso, en el Ejército, la mujer ha ido recuperando los puestos de relevancia que tenía antes de la llegada del régimen talibán. Pero el camino aún es largo. "Afganistán sigue siendo un país machista; los cambios no son suficientes. Actualmente, si una mujer pasa una noche fuera de casa, se la considera una adúltera y es encarcelada", explica Mónica Bernabé, presidenta de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán y que lleva 12 años luchando por los derechos de las mujeres en este país. "Además, siguen existiendo matrimonios concertados donde las niñas son obligadas a casarse con hombres que les triplican la edad. Queda un largo camino por delante", añade.

Uno de los mayores avances conseguidos ha sido la posibilidad de fundar asociaciones de mujeres desde las que luchar. "Es cierto que la situación ha mejorado, pero ese cambio es sólo perceptible en las grandes ciudades. En las zonas rurales, las mujeres afganas siguen sin tener unos derechos que están recogidos en la Constitución", afirma Sohaila, activista de Afghan Women's Network, asociación de mujeres que engloba a 60 agrupaciones en todo el país.

"Las afganas aún tenemos un largo camino por recorrer para conseguir equipararnos a los hombres. Seguimos sometidas a su yugo, por eso deben erradicarse algunas leyes machistas", sentencia Sohaila. "Desde Occidente se tiene una visión equivocada de la situación de la mujer afgana", continúa. "El problema no subyace en el burka; hay que ir más allá, comprender que el actual Gobierno promulgó una ley que permitía a los chiítas abusar de su esposa si esta se negaba a tener relaciones sexuales, ley que finalmente tuvo que derogar por la presión internacional. Esa es la clase de leyes que tratamos de erradicar", especifica la activista. "Y, si un hombre es condenado a una pena de prisión, puede condonarla obligando a su mujer a cumplirla por él", detalla, indignada.

Otra de las quejas recurrentes de las asociaciones es la actual composición del parlamento. "Un parlamento que da cobijo a criminales de guerra no puede ser capaz de legislar a favor de las mujeres. Así es imposible que se avance", denuncia Bernabé.

Precariedad en el rural

Las leyes son uno de los principales problemas a los que tienen que enfrentarse las afganas. Sólo el 11% de los jueces ha estudiado Derecho. El resto son mulás o autoridades religiosas que utilizan el Corán como sanctasanctórum a la hora de impartir justicia. En la mayoría de los casos, se postulan a favor del hombre; un handicap para toda mujer que quiera reclamar justicia. A eso hay que añadir que sólo en las grandes ciudades del país existen juzgados.

En las grandes urbes, el cambio es más que evidente. Mujeres maquilladas bajo los hiyab. Niñas acudiendo a la escuela. Mujeres manifestándose por las calles para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un cambio palpable y espectacular. Pero no todo el país ha evolucionado igual. "En muchas zonas rurales, la mujer no tiene ni la posibilidad de acudir a un hospital a dar a luz", comenta Sohaila. Los datos corroboran sus palabras. Afganistán osten-ta el triste récord de mortalidad materno-infantil más alta del mundo. Según datos de la ONU, por cada 100. 000 nacidos, fallecen 6.500 madres.

En cuanto a educación, desde 2002 se consiguió un aumento notable en el número de matriculaciones en las escuelas femeninas: de unas 5.000 durante la época talibán a los 2,4 millones de niñas matriculadas hoy. Pero estos datos se han estancado en las últimas fechas. "La pobreza, la inseguridad, la falta de profesoras y unas escuelas mal equipadas están minando la educación de las niñas", afirma Ashley Jackson, responsable del informe de Intermón Mucho en Juego. La educación de las niñas en Afganistán.

En algunas provincias, además, menos de un 10% de las niñas asisten a la escuela, mientras que tres cuartas partes de las que viven en Kabul sí lo hacen. Algunas deben caminar más de tres horas para ir al colegio más cercano. "En las zonas rurales no es tradición que las niñas acudan al colegio. Muchas son casadas con apenas 12 años para que la familia pueda recibir una dote de entre 2500 y 3000 dólares. Son una importante fuente de ingresos", lamenta Sohaila.