El fotógrafo inglés Jimmy Nelson muestra "por última vez" a 31 tribus a punto de desaparecer

Desde hace cinco años lleva adelante el proyecto 'Antes de que se mueran' sobre tribus indígenas gravemente amenazadas de extinción.

Ha viajado a 50 países y retratado a 31 pueblos aborígenes "aislados y únicos" que componen la "pureza de la raza humana".

Ochenta de las imágenes se exponen en Berlín.

ÁNXEL GROVE. 26.02.2014 - 20minutos.es

Cazadores kazajos en Mongolia, 2011

Hace solamente doscientos años había tribus y pueblos indígenas en todos los ecosistemas del planeta. Hoy solamente están presentes en el seis por ciento de la superficie de la Tierra, son entre 300 y 370 millones de personas en 70 países. Los cáculos hablan de la posible extinción de la mitad de las 7.000 culturas indígenas del mundo durante esta generación o la próxima.

El fotógrafo inglés Jimmy Nelson (1967) ha dedicado los últimos cinco años al empeño de denunciar la tragedia de la pérdida de seres humanos y culturas y a mostrar, quizá "por última vez", la vida de 31 de las tribus amenazadas. Su proyecto Before They Passed Away (Antes de que se mueran). Está convencido de que estos pueblos, "aislados y únicos", representan la "pureza de la raza humana".

Primera exposición pública

Ochenta de las fotos de formato medio que Nelson ha tomado en sus viajes por 50 países se exponen desde el 8 de marzo al 21 de junio en la Galería de Camera Work de Berlín. Es la primera vez que las fotos se exponen públicamente, aunque ya se han editado en un libro cuya venta está destinada a la ayuda a las tribus retratadas por el fotógrafo.

Desde que se decidió a registrar a los aborígenes desde dentro, actuando como un "invitado" de las tribus, Nelson ha convivido con pueblos como los Huli de Papúa Nueva Guinea, que pintan sus caras de rojo, blanco y amarillo, se adornan el pelo con plumas de aves y creen que "el conocimiento no es más que un rumor hasta que se convierte en músculo"; los Karo de Etiopía, de los que sólo quedan entre dos y tres mil y que viven en familias cada una de las cuales debe construir dos casas: la colectiva y social y la labores del hogar y trabajo, y los Himba de Namibia, uno de cuyas reglas de conducta es "no comiences tu rebaño con ganado, comienza con personas".

"Registro etnográfico"

Las fotografías van más allá del documento visual neutral y son plenamente informativas sobre las costumbres, modos de vida, creencias y culturas de los pueblos. Nelson ha recogido información verbal y ha volcado fotos y textos en una completa y fascinante página web dedicada al proyecto. El fotógrafo afirma que deseaba ser "testigo de tradiciones milenarias", unirse a rituales y "descubrir cómo el resto del mundo está oprimiendo a estas personas para que abandonen sus formas de vida". También le importa dejar un testimonio para el futuro: "Quiero crear un documento ambicioso que pueda soportar la prueba del tiempo, un cuerpo de trabajo que sea un registro etnográfico irremplazable de un mundo que desaparece rápidamente".

Los organizadores de la exposición invitan a los espectadores a "enfrentarse a lo genuinamente desconocido y extraño" a través de las exuberante túnicas de los Kazajos de Mongolia o las telas multicoloreadas de los Masai de Tanzania. La diversidad de las fotos "evoca una atmósfera casi mística" e invita a emplearse en la necesidad de "proteger y cuidar" con las personas que generan tanta diversidad humana.

"Belleza, orgullo y dignidad"

Jimmy Nelson "no es un científico", añaden. "En lugar de tratar de encontrar respuestas, quiere contar historias que dejen espacio para las preguntas" tras comprometerse con el retrato "de la belleza, el orgullo y la dignidad" de las tribus amenazadas. Algunas miradas directas de los retratados son de autoconfianza casi desafiante pero otras muestran una melancólica dulzura. Otros modelos supervisan su territorio de cumbres y colinas, dando la impresión de una conexión armónica con la naturaleza, pero también el miedo por el inminente final.

Memoria de una masacre indígena

Por: Fernando Gualdoni | 30 de mayo de 2013

Esta semana en Brasil sucedió un hecho clave para su historia. Tras 45 años perdido o creído extinto, reapareció un tristemente célebre informe sobre las atrocidades cometidas contra los indígenas de Brasil entre los años cuarenta y sesenta por parte de los terratenientes y el propio Servicio de Protección Indígena (SPI).

El conocido como Informe Figueiredo, presentado en 1967 por el fiscal Jader de Figueiredo Correia, describe las torturas, los robos de tierras, los envenenamientos, las violaciones y el genocidio de las tribus indígenas. Algunas de estas comunidades desaparecieron o quedaron al borde de la extinción. Cuando se hizo público el documento de 7.000 páginas hubo un gran revuelo internacional por las brutalidades que describía. Dio pie a una investigación que acabó con 134 funcionarios acusados de cometer más de un millar de crímenes de toda índole. Apenas una cuarentena fueron destituidos y ninguno fue a prisión.

Poco después de salir a la luz, el informe supuestamente quedó destruido en un incendio. Se achacó a la dictadura una maniobra para hacer desaparecer el documento, en un intento de echar tierra sobre el escándalo y de paso lavar la imagen de muchos latifundistas aliados del régimen. Sin embargo, 45 años después el texto fue hallado en el Museo del Indio de Brasil.

Entre las atrocidades recogidas en el informe, se describe la “masacre del paralelo 11”, en la que se arrojó dinamita desde un pequeño avión sobre una comunidad de indígenas Cinta Larga. Treinta indígenas murieron, y solo dos sobrevivieron para contarlo. También se da cuenta del envenenamiento de cientos de indígenas con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el “tronco”.

En 1969, en un artículo titulado Genocidio que apareció en el Sunday Times británico, el cronista Norman Lewis escribió: "Desde el fuego y la espada al arsénico y las balas: la civilización ha enviado a seis millones de indígenas a la extinción". El artículo motivó a un pequeño grupo de personas a fundar Survival International ese mismo año. De acuerdo con la ONG Survival, el informe será considerado por la Comisión Nacional para la Verdad de Brasil, que investiga las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1946 y 1988.

Las esterilizaciones forzosas de la era Fujimori siguen impunes en Perú

La ONU critica a Lima por no depurar responsabilidades ni reparar los daños provocados a las indígenas doce años después

JACQUELINE FOWKS Lima 30 MAR 2013 - 18:19 CET

La última vez que Perú se presentó ante el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2000, el país salía de ocho años del régimen autoritario de Alberto Fujimori. En noviembre de 2000, el Comité expresó su preocupación por las “denuncias recibidas sobre esterilizaciones involuntarias, particularmente de mujeres indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más vulnerables”. Doce años después, la misma instancia vuelve a llamar la atención sobre el tema por la falta de sanciones a los responsables de esa política de control natal aplicada durante el gobierno de Fujimori y de resultados en la investigación.

“Pese al significativo número de años que han pasado, las víctimas aún no han recibido reparaciones y los perpetradores no han sido sancionados”, señala en sus conclusiones el comité que evaluó el desempeño de Perú como Estado parte del Pacto de Derechos Sociales y Políticos. El documento fue difundido el jueves 28 en Ginebra.

En 2011, durante la campaña electoral presidencial, el recuerdo de los casos de esterilizaciones forzadas minó la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex presidente que cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones fiscales acerca de las esterilizaciones forzadas se reabrieron en 2012, aunque ONG alertaron que si el Estado no provee presupuesto y personal, las denuncias se archivarán como en el pasado. Los expertos de la ONU se han pronunciado en el mismo sentido. “El Comité urge al Estado parte a agilizar la investigación: disponer suficientes recursos económicos, humanos y técnicos (…) y asegurar que todas las víctimas reciban formas adecuadas de reparación sin más dilaciones”.

Perú presentó a la ONU, en septiembre de 2011, su quinto informe como Estado parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aunque debió haberlo depositado en octubre de 2003. El año pasado, recibió preguntas específicas del comité de expertos en Ginebra y fue convocado al examen periódico en Ginebra. Estas audiencias del examen se realizaron el 19 y 20 de marzo, tras lo cual, el comité de expertos elaboró sus conclusiones.

Entre otras recomendaciones, el Comité indica que el Estado peruano debe asegurar la aplicación de un protocolo nacional de aborto terapéutico ya aprobado. “En otros países de América Latina, el aborto terapéutico es formalmente ilegal, pero en Perú es formalmente legal y no está adecuadamente implementado. Nosotros debemos enfatizar en la protección de la vida y la salud de las mujeres; en ese sentido es un problema más serio”, comentó a este diario Gerald Neuman, uno de los expertos del Comité, y catedrático en Harvard de Derecho Internacional y Derecho Comparado. “Cierta cantidad de problemas de Perú acerca de los derechos humanos se debe a que las normas dicen cosas coherentes con las obligaciones internacionales, pero fracasa en la implementación efectiva de la ley en la realidad, y no cumple, entonces, con su obligación”, añade Neuman.

El experto estadounidense también destacó que al Comité de la ONU le preocupa “la frecuencia con la que declara el Estado de emergencia, sin justificación, para lidiar con protestas pequeñas y locales”, dado que en esas circunstancias ha habido excesos en el uso de la fuerza por parte de los militares y la policía. “Esas violaciones de derechos humanos no están siendo investigadas ni sancionadas”, agregó por teléfono.

Al igual que Neuman, el abogado argentino y miembro del comité Fabián Salvioli, remarcó el riesgo que plantean los decretos 1064 y 1065 que autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas ante un ‘grupo hostil’. “En dichas normas encontramos una posible incompatibilidad con el pacto, pues la definición de ‘grupo hostil’ puede incluso aplicarse a personas con piedras o palos, que no merezcan ese uso de la fuerza”.

Las conclusiones del comité también aluden a secuelas del conflicto armado interno y la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. La instancia lamenta la falta de cooperación del ministerio de Defensa y las fuerzas armadas a la hora de entregar información.

Ríos Montt, el dictador guatemalteco al que alcanzó la historia

Será el primer ex dictador centroamericano en ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato

Carlos Arrazola (EFE) Guatemala 29/01/2013

Fotos das vítimas de Montt

Durante más de catorce años José Efraín Ríos Montt se hizo elegir de forma consecutiva diputado al Congreso para evadir a la Justicia de Guatemala, que le merodeaba para que respondiera por la sangrienta represión militar que desató durante los quince meses que gobernó de facto el país en los años ochenta.

Este lunes, la historia que quiso olvidar alcanzó al anciano general cuando el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, ordenó sentarlo en el banquillo de los acusados y someterlo a un juicio penal acusado de genocidio y delitos contra la humanidad.

Será el primer proceso por genocidio al que sea sometido en Guatemala un ex alto cargo castrense como Ríos Montt, junto a uno de sus colaboradores, el exgeneral José Mauricio Rodríguez. También será el primer ex dictador centroamericano en ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

La Fiscalía guatemalteca acusa a Ríos Montt de haber ordenado la matanza de al menos 1.771 indígenas ixiles entre marzo de 1982 y agosto de 1983, como parte de la estrategia de "tierra arrasada" impulsada por el Ejército, del que entonces era Comandante General, para combatir a las fuerzas insurgentes.

Desde 1974, cuando se presentó como candidato presidencial del desaparecido partido Democracia Cristiana, hasta la fecha, este militar retirado de 86 años ha sido uno de los más destacados protagonistas de la vida política de Guatemala. Resaltó como militar de línea dura, pastor de una congregación evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derechas, eterno aspirante a la Presidencia e icono de la brutal represión desata por las Fuerzas Armadas durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.

El 23 de marzo de 1982 integró la Junta Militar designada por los oficiales jóvenes del Ejército que por medio de un golpe de Estado derrocaron al entonces presidente, el general Fernando Romeo Lucas García. Tres meses después disolvió la Junta Militar y se autoproclamó Jefe de Estado, presidente de la República y Comandante General del Ejército.

Una de sus primeras medidas fue poner en marcha los Tribunales de Fuero Especial, en los que jueces con el rostro cubierto condenaron a muerte a 16 personas, y obligar a los indígenas a integrarse a las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares de control y represión.

Según diversas fuentes académicas y defensores de los derechos humanos, durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó de facto el Ejército perpetró más de 250 matanzas colectivas de indígenas, sobre todo en las zonas del oeste y noroeste del país, en las que murieron más de 25.000 personas.

El 8 de agosto de 1983 Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su entonces ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró la democracia.

A finales de 1989, junto a un grupo de antiguos militares y políticos de extrema derecha, fundó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que le permitió ser reelegido como diputado del Congreso desde 1994 hasta 2012, cuando concluyó su último período legislativo. A pesar de que la Constitución guatemalteca prohíbe a caudillos y golpistas presentarse como candidatos a la Presidencia, logró el apoyo de la Corte de Constitucionalidad para inscribirse como aspirante al cargo en las elecciones de 2003, que perdió de forma aplastante.

La Justicia empezó a acercarse al general para que respondiera por los crímenes cuando en diciembre de 1999 la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó una querella contra ocho ex altos cargos militares, Ríos Montt entre ellos, ante la Audiencia Nacional de España.

La denuncia de Menchú por cargos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, fue admitida a trámite por el juez español Guillermo Ruiz Polanco el 27 de marzo de 2000, que meses después emitió una orden internacional de captura con fines de extradición a España, la cual nunca se concretó.

Aunque el proceso penal ante la Justicia española continúa abierto, en diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, dejó sin efecto lo actuado por la Audiencia Nacional al considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos. Meses antes, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación, integrada por familiares de las víctimas de la represión, presentó una denuncia penal ante los tribunales guatemaltecos por genocidio contra él y otros militares retirados por las matanzas de indígenas perpetradas por el Ejército.

En enero de 2012, tras cumplir su último período como diputado y perder la inmunidad, Ríos Montt se presentó ante la Justicia para afrontar las acusaciones contra él presentadas en 2007, y una jueza lo incluyó en el proceso y ordenó su prisión preventiva domiciliaria.

Este lunes, un año después, el juez Gálvez le concertó una cita con la historia, al ordenar que sea enjuiciado por genocidio y crímenes de guerra, el primer proceso de ese tipo contra un ex alto cargo castrense en Guatemala.