El día que Franco rozó la excomunión

El 24 de febrero de 1974 el obispo de Bilbao publicó una pastoral que llamaba al reconocimiento de la singularidad y la identidad cultural del pueblo vasco. El Gobierno de Arias Navarro le impuso arresto domiciliario y le 'invitó' a salir del país. Tarancón llegó a escribir una carta de excomunión a Franco y a todos sus ministros

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 16/02/2014 publico.es

Monseñor Añoveros, 1974

Durante los últimos días del mes de febrero de 1974 la historia de la dictadura franquista y del Estado español pudo dar un giro radical, al menos, por unos días. Durante algunas horas el cardenal de Madrid, Tarancón, tuvo en su poder una carta de excomunión firmada contra todos los ministros de la dictadura; el presidente del Gobierno, Arias Navarro; y, por supuesto, el jefe del Estado, Francisco Franco. La carta debía ser entregada en la misma mano de Franco para que surtiera efecto. Sólo unas reuniones de última hora evitaron que se produjera "la catástrofe".

Según ha revelado una fuente bien informada del Palacio de El Pardo, esta reunión de última hora se produjo entre Tarancón y el dictador en la propia residencia del dictador. Franco, ya muy mayor, afirmó no saber nada de lo ocurrido días atrás ni de la intención de su Gobierno de expulsar al obispo de Bilbao por una homilía que, según el Gobierno, atentaba contra "la unidad de España". Y cuando tuvo conocimiento de lo que había sucedido, y de lo que pudo llegar a suceder, su excomunión, no daba crédito. Finalmente, todo quedó en un susto.

Esta historia de intrigas, reuniones secretas, llamadas a horas intempestivas y amenazas varias, comenzó con la homilía escrita por el obispo de Bilbao, Monseñor Añoveros, que debía leerse en todas las iglesias de su diócesis el domingo 24 de febrero de 1974. La homilía venía a decir que el Estado español debía respetar el "pluralismo social y cultural existente en el país". "La liberación de los pueblos y su desarrollo solidario dentro de la familia humana es también una exigencia de la universalidad o catolicidad del cristianismo", señalaba la homilía, que profundizaba aún más en el caso vasco:

"El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene el derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual (...) Sin embargo, en las actuales circunstancias, el pueblo vasco tropieza con serios obstáculos para poder disfrutar de este derecho. El uso de la lengua vasca, tanto en la enseñanza en sus distintos niveles, como en los medios de comunicación está sometido a notorias restricciones. Las diversas manifestaciones culturales se hallan también sometidas a un discriminado control", denunciaba la homilía escrita por el obispo Añoveros, quien había actuado como voluntario en la Guerra Civil como capellán de un Tercio de Requetés.

El texto fue interpretado por el presidente del Gobierno, Arias Navarro, y su núcleo duro de ministros como un "ataque a la unidad de España" y contra "las leyes fundamentales del reino" por lo que el obispo Bilbao quedó desde el miércoles 27 de febrero bajo arresto domiciliario. Así se lo comunicó el propio obispo de Bilbao al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Tarancón, en una llamada telefónica recogida en las memorias del cardenal: "El jefe de la policía, en nombre del ministro de la Gobernación, ha venido a verme para darme la orden de que quedo detenido en casa. También han dado la misma orden al vicario de Pastoral, Ubieta".

La amenaza del destierro

El conflicto ya había estallado. El Gobierno estaba que echaba chispas por la homilía pronunciada en Euskadi y la primera consecuencia había sido el arrestado domiciliario del obispo. No sería la única. El ministro de Justicia acudiría esa misma tarde a visitar a Tarancón en su domicilio con la intención de que el cardenal forzara la salida del país de Añoveros con destino a Roma. "Puede hacerlo con la excusa de que vaya a informar sobre lo sucedido", le dice el ministro de Justicia, Francisco Ruiz, a Tarancón. Esa mista tarde, el ministro de Asuntos Exteriores se reuniría con el nuncio monseñor Dadaglio para exponerle exactamente lo mismo: Añoveros debía salir de España en dirección a Roma y permanecer fuera de España un plazo de entre "diez y doce meses" y "jamás regresar a Bilbao".

Tarancón reprochó al ministro de Justicia la reclusión del obispo en su domicilio. "Los ánimos están muy exaltados en Bilbao, particularmente en los grupos de extrema derecha y en los ambientes militares. Sería una lástima que pasase cualquier cosa que todos pudiéramos lamentar", trató de justificar el ministro. "Luego se trata de un destierro. Usted que es magistrado y que ha sido Presidente del Tribunal Supremo sabe perfectamente lo que esto significa. Y no olvide que, por lo que veo, se trata de un destierro a un obispo sin la sentencia de un juez", contestó el cardenal a Ruiz

El Gobierno parecía estar "dispuesto a llegar hasta el final", incluido, afirma Tarancón, "la ruptura de relaciones con la Iglesia". Entre tanto, Tarancón, como recoge en sus memorias, publicadas por la editorial PPC, se preguntaba si Franco conocería este asunto: "No puedo creer que Franco esté al tanto. El Caudillo es mucho más listo y más sagaz para dejarse enredar por este incidente casi al final de su vida, a no ser, como aseguran algunos, que el Caudillo tenga ratos de casi inconsciencia y le hayan sorprendido en alguno de ellos", escribe el cardenal Tarancón.

La pena del destierro es la excomunión

El domingo 3 de marzo se desata la locura. El sacerdote Martín Descalzo, y ex director de Vida Nueva, telefonea a Tarancón y le informa que el Gobierno acaba de dar la orden de salida de España a monseñor Añoveros. Un avión le estaba en el aeropuerto. La siguiente llamada que recibe el cardenal procede del propio Añoveros, que le confirma que el jefe de la policía le ha dado orden por teléfono de que se prepare, porque le ha de acompañar dentro de media hora a un viaje al extranjero.

Añoveros, ni corto ni perezoso, contesta al jefe de Policía que, según el Derecho Canónico, hay excomunión para quienes impiden "la libertad de acción de un obispo" y que él no puede abandonar su diócesis sin "permiso del papa". Las cartas ya están sobre la mesa. El Gobierno ha declarado abiertamente su intención de expulsar al obispo y monseñor Añoveros no ha dudado en recordar que la consecuencia de esta acción es la excomunión.

Una vez llegados a este punto se recrudecen las llamadas desde la Santa Sede a la nunciatura de Madrid, del Gobierno a los obispos y de nunciatura a los ministros. El conflicto se estaba yendo de los manos y había que frenarlo porque las consecuencias podían ser muy graves tanto para el Estado franquista, que podría perder su principal pilar de apoyo, y para la Iglesia, que gracias al Concordato de 1953 gozaba de tantos privilegios en España.

Cumbre en El Pardo

Es ente punto donde el cardenal Tarancón se pregunta si Franco está al tanto de las consecuencias del conflicto. Él no tenía dudas de que Franco era más audaz que lo demostrado hasta ahora por su gobierno. De este modo, Tarancón acude a El Pardo para reunirse con el dictador por vía oficial. Sin embargo, no se le permite la entrada. El cardenal recurre entonces al capellán de El Pardo, monseñor Bular, para que le consiga un acceso extraoficial. Tarancón nunca aclaró públicamente en vida si consiguió acceder a Franco.

Una fuente presencial de esta visita de Tarancón al Pardo, cerca a ambas partes, da testimonio, sin embargo, del éxito de Tarancón en su propósito. "Tarancón se reunió con Franco. Le expuso que si continuaban en su propósito de expulsar al obispo tendrían que excomulgarlo a él y a todo su gobierno. Fue entonces cuando Franco afirmó que no sabía nada", señala esta fuente que prefiere mantenerse en el anonimato.

Acto seguido, Franco mantendría una reunión con Arias Navarro y el avión, que esperaba al obispo de Bilbao para su expulsión del país, desapareció del aeropuerto sin dejar rastro. El peligro de expulsión había desaparecido y, por extensión, la excomunión de Franco también. El conflicto continuaría varias semanas más en otro tono, con el problema del nacionalismo vasco entremedias y con acusaciones a la Iglesia vasca de pertenecer al entorno de ETA. Sin embargo, más reuniones y más conversaciones entre altos cargos de la Iglesia y del Estado apagarían el fuego por propia conveniencia.

"Eso a vosotros no os importa ya"

La versión facilitada a Público no es la única existente sobre cómo se resolvió este conflicto y cómo terminó la amenaza de excomunión a Franco. Santiago Calvo, quien fuera secretario particular del cardenal Marcelo González -Primado de España y arzobispo de Toledo de 1971 a 1993-, señaló en el año 2013, en declaraciones a Europa Press, que la reunión que consiguió desbloquear la situación fue la mantenida por el cardenal Marcelo y el propio Franco, de 28 minutos de duración, la mañana del 4 de marzo de 1973.

Sea como fuere, Franco consiguió evitar la excomunión y la ruptura de los acuerdos con la Santa Sede. Tarancón moriría en 1994 y dejaría siempre la incógnita de si llegó a reunirse con Franco para evitar su excomunión y de si llegó a mostrar a Franco la carta que tenía preparada para su excomunión. "Cada vez que le hemos preguntado al cardenal Tarancón si en aquella reunión tenía en el bolsillo la orden de excomunión al propio Franco, el cardenal nos miraba con una sonrisa y con su habitual aire socarrón contestaba: 'Eso a vosotros no os importa ya. Es algo que ya sucedió y que quedó atrás'", sentencian las fuentes contactadas por Público.

Los curas obreros querellados contra el franquismo

17 religiosos vascos suman sus testimonios al proceso judicial que sigue su curso desde Argentina. Todos pasaron por la cárcel de sacerdotes de Zamora, y sufrieron torturas por oponerse al régimen militar.

PATRICIA CAMPELO Madrid 21/10/2013 publico.es

Curas prisioneiros no cárcere de Zamora

Durante la Guerra Civil y la dictadura, un sector de la Iglesia salió en defensa de la ciudadanía más vulnerable y denunció públicamente los abusos del régimen militar.

En el País Vasco fue particularmente dura la represión hacia los denominados ‘curas obreros'. 16 fueron condenados a muerte y fusilados, 278 encarcelados y 1.300 trasladados a diócesis lejanas, según ha documentado el periodista -que también fue sacerdote represaliado- Juan Mari Arregi.

Incluso se destinó una prisión única para ellos, la cárcel concordataria, en Zamora. Allí fue privado de libertad hasta en tres ocasiones -entre 1968 y 1970- Juan Mari Zulaika por su activismo como cura obrero en Eibar. Ahora, Zulaika, de 71 años, junto con 16 sacerdotes vascos más forma parte de la querella argentina contras los crímenes franquistas que sigue su curso desde un juzgado de Buenos Aires.

Durante un año, el exclérigo se reunió con sus compañeros, les explicó el proceso judicial que estaba investigando estos delitos y decidieron sumarse como grupo denominado ‘los curas de la cárcel de Zamora'. Tras recopilar la documentación necesaria: copia de los expedientes, sumarios y sentencias, redactó los testimonios de los 17 y llevó la querella a firmar ante notario.

Zulaika, que sufrió torturas y prisión por airear sus ideas sindicalistas y de apoyo al pueblo vasco, cree que no llegará a ver en prisión a Rodolfo Martín Villa, para quien se solicita que se emita una orden de detención, pero su intención es "completar la historia de España y del País Vasco". "No somos ingenuos, y yo soy bastante escéptico, pero tengo la esperanza de que todo esto melle un poco la impunidad", reconoce a Público. "Por un lado está la exigencia a la esquerra abertzale para que pida perdón y condene su historia, pero se olvidan que hay otra parte de crímenes que no reconocen, y niegan así el conflicto político.

La impunidad policial de ahora viene de los crímenes de la guerra, de la dictadura y también de la transición, ya que no hubo una ruptura con el franquismo", opina Zulaika. "Admitimos que ETA cometió crímenes abominables, pero no olvidemos el resto de la historia que explica por qué surge [la organización] en el año 60; estábamos en una dictadura", apostilla.

Este ex religioso de Guipúzkoa afrontó un juicio militar en el cuartel de Loyola (San Sebastián) y los antecedentes penales le acompañaron hasta 1977. La cárcel no minoró su activismo, y llevó la causa hasta el congreso de la Iglesia Contestataria de Holanda. "Ellos luchaban por la supresión del celibato clerical; nosotros, por los derechos más elementales", ha plasmado en el texto de la querella.

Para otro cura firmante de la querella, compañero de Zulaika en Eibar, su camino se torció tras protestar porque el superior del convento de Bermeo no le permitía dar euskera en el colegio. Felipe Izagirre fue castigado por sus quejas con un traslado a Granada como capellán castrense. "En los sermones que daba allí iba metiendo cuñas sobre la justicia social", recuerda en conversaciones con Público.

Tal era el temor que le tenían a Izagirre, que le pidieron ver sus discursos antes de dar la misa, "pero yo me negué", defiende. En una disertación en la catedral, ante la cúpula militar y eclesiástica, habló de la justicia social hacia las familias pobres de los soldados de Andalucía, y reivindicó la separación entre Iglesia y franqusimo, solicitando que no se tocara en misa el himno nacional. "A los pocos días me llamó el vicario castrense y me mandó un mes a Baza; cuando regresé, me comunicaron mi expulsión", detalla. Después de aquello, a Izagirre le dieron a elegir entre marcharse a América o a Valladolid. "No podía irme lejos, estaba muy comprometido con todo lo social", reconoce. Sus siguientes pasos los dio como cura obrero en Eibar, junto a Zulaika. "Las peores torturas, las que recibí en San Sebastián", apunta. Allí fue detenido acusado de difundir propaganda contra los malos tratos policiales. El comisario que le interrogó trató de arrancarle confesiones a golpes. La hermana de Izagirre denunció los hechos y en el juicio -sin la presencia del interesado- se concluyó que esos golpes respondían a "medidas de seguridad".

Sobre la querella argentina, Izagirre guarda cautela. "No le veo mucho recorrido, pero sirve para indagar, pedir justicia y hacer memoria", considera. "Es importante hacer una crónica liberada sobre todo lo que pasó", concluye.

El primer inquilino de la cárcel de Zamora

Una homilía en noviembre de 1964 desencadenó el calvario de Alberto Gabikagogeaskoa. "En las cárceles de Euskal Herria se tortura con frecuencia", proclamó desde el púlpito. Fue su manera de protestar ante las detenciones y golpes que recibieron unos vecinos de Areatza por retirar el retrato de Franco y la bandera franquista de la escuela. Le impusieron una multa de 10.000 pesetas y tuvo que someterse a un juicio del Tribunal de Orden Público [TOP], que le condenó a seis meses y un día en junio de 1968. El acuerdo entre el Vaticano y el gobierno de la dictadura no permitía el ingreso de curas en las cárceles convencionales, por lo que la primera prisión de Gabikagogeaskoa fue el convento de Dueñas, en Palencia, donde permaneció un mes y medio. "A diario me venía a ver mucha gente de los alrededores que simpatizaban con nuestras ideas", relata a Público.

Como reacción ante las multitudinarias visitas, Gabikagogeaskoa fue trasladado a un lugar que, a partir de ese momento, comenzó a funcionar como prisión exclusiva para curas. "Me llevaron a Zamora y estaba solo; inauguré la cárcel. Al día siguiente llegaron Juan Mari [Zulaika] y Felipe [Izagirre]". Allí pasó otro mes y medio.

"Justo al salir, me encontré con el encierro del seminario de Deiro -en el que participaron 70 sacerdotes-. Enviamos un documento al Vaticano, y nos suspendieron a divinis", ha testimoniado en la querella. Al año siguiente, Gabikagogeaskoa se sumó a la huelga de hambre del Obispado de Bilbao, una acción que le reportó el mayor tiempo de cárcel: siete años en la prisión de Zamora. El consejo de guerra que juzgó a los cinco responsables de esta huelga se celebró a puerta cerrada y pidió penas de diez y doce años de reclusión. Les acusaron de "bandidaje y terrorismo".

Ahora, Gabikagogeaskoa, de 76 años, trata de ser optimista ante la querella argentina, pero reconoce lo "difícil" del proceso. "El gobierno actual es post franquista", subraya.

Josu Naberan, otro de los cinco curas vizcaínos que impulsaron de la huelga de hambre en el Obispado de Bilbao, afrontó en Burgos junto con Gabikagogeaskoa el juicio militar sumarísimo 66/69. Además de la huelga, habían lanzado un manifiesto contra la tortura y los estados de excepción. "Denunciamos al estado como terrorista. Les sentó muy mal el término venido de unos sacerdotes", declara Naberan.

 ‘El paseíllo' y ‘el quirófano': torturas policiales

El testimonio del sacerdote Martín Orbe detalla los tipos de torturas que padecieron en las comisarías de policía. "Las hay de muchos tipos: primero, fuertes golpes en cualquier parte del cuerpo", detalla. Otra, "reclinar las piernas, doblar todo el cuerpo hacia adelante con las dos muñecas sujetas detrás de las rodillas y obligados a caminar a toda velocidad hasta que revienta el preso". Estas torturas eran conocidas, según recuerda Orbe, como ‘el gusano' y ‘el paseíllo'.

"No había quien lo aguantara", refleja en la querella. "Seguido venía la tortura del ‘quirófano': echarte sobre una mesa (...) y golpes de todo tipo sin darte tiempo a saber cuándo, de dónde o cómo serían, en el estómago, con los puños, con el libro de la guía telefónica". Este tipo de torturas podían prolongarse varios días seguidos. Orbe cumplió seis años en la cárcel de Zamora tras sentencia del juicio sumarísimo 30/69.

Motín y huelga de hambre en la prisión de curas

Xabier Amuriza fue otro de los protagonistas de la huelga de hambre en Bilbao, y uno de los últimos en abandonar la cárcel de Zamora. "En los años 75 y 76 quedamos reducidos a media docena de compañeros, lo que hacía más insufrible nuestra situación", testimonia. Tal vez por ello, según asegura, decidieron amotinarse y prender fuego a la prisión. "A la otra orilla del río, nuestro fotógrafo grabó el incendio y se difundió por los medios extranjeros, que era lo que pretendíamos". Como castigo, les aislaron en celdas, y comenzaron una nueva huelga de hambre.

Tras un fugaz traslado a Madrid, en el que pensaron que les conducirían a cárceles con presos políticos, les llevaron de vuelta a Zamora. "Fue un golpe duro, aunque nunca pudieron con nuestra moral", reconoce Amuriza en su relato. Él quedó en libertad tres meses después que su compañero Nicolás Tellería, "quien moriría al poco de salir por la desatención médica". Los ex sacerdotes han incluido a Tellería en la querella denunciando que su muerte se debió a la falta de asistencia médica ante el cáncer que padecía.

En aquel momento, sus compañeros interpusieron una querella contra la dirección general de la cárcel y contra la dirección general de Prisiones, pero no prosperó.

Otro asiduo a la cárcel de Zamora fue Inmanol Oruemazaga, que entró y salió en tres ocasiones. La primera fue en respuesta a una multa de 25.000 pesetas, motivada por tapar las dos banderas nacionales que presidían el altar mayor el día de la patrona de la Guardia Civil. También afrontó un juicio en el TOP acusado de "asociación ilícita y propaganda ilegal". "El cuerpo del delito era que encontraron en mi casa unos ejemplares de la revista infantil Kili-Kili en euskera", según su testimonio.

En la línea ideológica de estos sacerdotes figuraba a partes iguales la defensa de la libertad de los pueblos, la lucha social y la conciencia de clase. Vicente Couce, condenado a dos años en la cárcel de Zamora por el TOP, recibió un consejo de su padre el día en que se ordenó sacerdote: "No olvides que eres mi hijo y también de la clase obrera". Para la dictadura, ésos eran motivos suficientes para justificar la crueldad de trato. "Utilizaban una enfermedad grave de mi madre para hacerme cantar; otra vez, fueron a por mi padre, de 80 años, e intentaron humillarle delante de mí, ‘deshacerlo' aún más de lo que estaba", atestigua Couce.

Hoy, la mayor parte del grupo no ejerce el sacerdocio, algunos se casaron y otros no continuaron tras la jubilación. El activismo, en cambio, lo mantienen intacto y doce de ellos participa en la asociación Goldatu, de presos y represaliados vascos de la dictadura. "Si fueron guerreros antes, también lo son ahora", se enorgullece Juan Mari Zulaika, el más joven del grupo.

**Además de los nombres que figuran en el reportaje, firman la querella José Mari Madariaga, Pablo Muñoz, Mikel Zuazabeita, Periko Solabarría, Patxi Bilbao, Jon Etxabe, Julen Kalzada, Pedro Berrioategortua e Iñaki Aurtenetxe. Sacerdotes de Galicia, Nicanor Acosta, y de Catalunya, Eduard Fornés y Josep Garrido, no han formalizado querella pero han sumado su testimonio como apoyo a la presentada por los 17 curas vascos.

El cura que no se calla

Un libro relata la vida de Enrique de Castro, el 'cura rojo', y su lucha dentro de la iglesia de base por ayudar a los más desfavorecidos

eldiario.es Susana Hidalgo 11/05/2013

En 2007, la iglesia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías (Madrid) se hizo famosa a escala internacional por el desencuentro que protagonizaron sus sacerdotes (Enrique de Castro, Javier Baeza y Pepe Díaz) con la jerarquía eclesiástica que representaba el Arzobispado de Madrid con Antonio María Rouco Varela a la cabeza. El arzobispado estuvo a punto de cerrar la iglesia porque no le gustaba ni el tono transgresor de las liturgias, ni que los tres sacerdotes no agacharan la cabeza ante la jerarquía ni que la comunión se diese con rosquillas en vez de que con obleas. San Carlos Borromeo siempre ha librado su particular batalla en contra de la Iglesia con mayúsculas y, por otro lado, a favor de los marginados.

Ediciones Lectio, editorial especializada en temas sociales, lanza ahora el libro Así en la tierra. Enrique de Castro y la iglesia de los que no se callan, escrito por el periodista Marçal Sarrats, con epílogo del propio Enrique y prólogo de Luis García Montero. Esta editorial ya publicó un libro bastante polémico en 2011 sobre el pare Manel, otro cura de base de Barcelona, y en el que éste declaraba que había “bendecido” uniones civiles homosexuales. Sus declaraciones a punto estuvieron de costarle la excomunión.

Enrique de Castro tampoco se queda corto en desagradar a la jerarquía eclesiástica. Para él, “la Iglesia Vaticana es antievangélica porque el Vaticano es el mundo de la no fe. La mayoría de obispos cree en su poder pero no tienen fe en el Evangelio, que es lo mismo que tener fe en el ser humano. Para tener fe hay que ser un ser humano desnudo y por eso he dicho más de una vez, refiriéndome a los obispos: Quedaros desnudos, en pelotas, fuera ropajes y salid a la calle. Porque son incompatibles el poder y el dinero, con Dios”.

Como el pare Manel, De Castro no está en contra del uso del preservativo, los matrimonios homosexuales o el derecho al aborto. “En la parroquia siempre hemos recomendado el uso del preservativo. ¿Cómo no vas a hacerlo si hemos estado siempre rodeados de enfermedad y muerte?”, señala el sacerdote. “Los gays son personas iguales que las demás. Y punto. ¿Qué más añadir? ¿Cómo va a ser el cristianismo incompatible con la homosexualidad? No existe ningún código de moral en el Evangelio y mucho menos de moral sexual”, dice acerca de la homosexualidad.

Temas polémicos aparte, si algo refleja el libro escrito por Sarrats es que San Carlos Borromeo no es solamente la figura de Enrique de Castro. En torno al desvencijado edificio de Entrevías se ha creado una microsociedad formada por vecinos, inmigrantes, desahuciados, pobres, y todo aquel “al que han expulsado del resto de sitios”, como explica Carmen Díaz, vecina de Vallecas. Carmen forma parte del grupo Madres Unidas contra la Droga, que reúne a muchas de las mujeres que en los años 70 y 80 perdieron a sus hijos por culpa de la droga. Carmen, de 61 años, llegó hace 30 a la parroquia, “sin casa, muerta de hambre”. Pero con el resto de mujeres descubrió que había mucho que hacer en Entrevías. “Cuando se formó el grupo de madres, muchas no tenían ideas políticas, no estaban acostumbradas a gritar porque estaban reprimidas por el franquismo”, recuerda esta mujer.

A partir de esos años, San Carlos Borromeo y su microsociedad han ido viviendo los grandes cambios que han sufrido los barrios periféricos de las grandes ciudades, como Vallecas, y los problemas derivados de la crisis. “Seguimos ayudando a toxicómanos, pero también a presos, a pobres, a desahuciados, a madres que han perdido la custodia de sus hijos, nos llega lo que no quiere nadie, hacemos lo que podemos”, concluye Carmen.

Los obispos apelan al perdón para beatificar a 500 mártires de la Guerra civil

La Conferencia Episcopal se ha opuesto a la ley de la memoria histórica porque “reabre heridas”

JUAN G. BEDOYA Madrid 19 ABR 2013 - 14:21 CET

Los obispos españoles, reunidos en asamblea plenaria desde el lunes, han aprobado un “mensaje” con motivo de la beatificación de “unos 500 mártires de la fe” durante la Guerra civil desatada en el verano de 1936 por un golpe militar que la jerarquía eclesiástica de la época apoyó con entusiasmo. La ceremonia se celebrará el 13 de octubre en Tarragona. Según el lema de la fiesta, "ellos fueron firmes y valientes testigos de la fe que estimulan con su ejemplo y ayudan con su intercesión".

La beatificación fue concretada dentro del llamado “año de la fe” convocado por el ya emérito Benedicto XVI. “Es decisivo volver a recorrer la historia de la fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado”, decía el documento. Según los prelados españoles, “el siglo XX ha sido llamado, con razón, el siglo de los mártires”. Añaden: “La Iglesia que peregrina en España ha sido agraciada con un gran número de estos testigos privilegiados del Señor y de su Evangelio. Desde 1987, cuando tuvo lugar la beatificación de los primeros -las carmelitas descalzas de Guadalajara- han sido beatificados 1001 mártires, de los cuales 11 han sido también canonizados. Ahora, con motivo del Año de la fe - por segunda vez después de la beatificación de 498 mártires celebrada en Roma en 2007 - se ha reunido un grupo numeroso de mártires que serán beatificados en Tarragona en el otoño próximo”.

Entre los próximos beatos se encuentran los obispos Salvio Huix, de Lérida, Manuel Basulto, de Jaén, y Manuel Borrás, de Tarragona, un buen grupo de sacerdotes diocesanos, sobre todo de Tarragona, muchos religiosos y religiosas, y también seminaristas y laicos, la mayoría de ellos jóvenes aunque también hay ancianos.

Lo obispos consideran esta beatificación “una ocasión de gracia, de bendición y de paz para la Iglesia y para toda la sociedad”. “Vemos a los mártires como modelos de fe y, por tanto, de amor y de perdón. Murieron perdonando. No hay mayor libertad espiritual que la de quien perdona a los que le quitan la vida”.

No es la actitud de la Conferencia Episcopal, que se ha opuesto con obstinación a que los familiares de decenas de miles de personas asesinadas por los franquistas busquen los restos en las fosas a los que fueron arrojados a fosas y cunetas sin piedad, para darles sepultura. Los obispos acusaron al Gobierno socialista de reabrir heridas de la Guerra Civil cuando Rodríguez Zapatero promovió la llamada ley de la memoria histórica para facilitar la búsqueda de los asesinados. El episcopado lleva décadas empeñado en elevar a los altares a miles de los que consideran sus muertos en aquella contienda incivil, y, en cambio, cuando se lo proponen otros españoles con víctimas muy directas, se sentencia que ello reabre heridas que deben olvidarse.

Según la Conferencia Episcopal, toda la II República (1931-1939) significó para su iglesia "la última persecución religiosa", con 6.832 mártires, entre ellos 4.184 sacerdotes y 12 obispos. La Conferencia Episcopal excluye de la relación a los curas fusilados por los fascistas en el País Vasco.

La ofensiva de la jerarquía católica para elevar a los altares a sus víctimas se inició apenas proclamada la victoria del sublevado general Franco, el 1 de abril de 1939. Pío XII, elegido Papa un mes antes, lo proclamó en un radiomensaje 15 días después (16 de abril): "La nación elegida por Dios acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista la prueba de que, por encima de todo, están los valores de la religión". El pontífice rubricó esa admiración nombrando al implacable dictador español protocanónigo de la romana basílica de Santa María la Mayor.

Los obispos de la época reclamaron de Roma una "beatificación colectiva". Los acontecimientos posteriores abortaron la operación. La derrota del nazismo y el fascismo en 1945 obligó al Vaticano a retrasar una proclamación semejante, temeroso de que la ceremonia se interpretase como una beatificación de la dictadura criminal de Franco. Más tarde, muerto Pío XII, el obstáculo fue la evolución de catolicismo, impulsada por el Concilio Vaticano II y, sobre todo, por Pablo VI y Juan XXIII, antifranquistas declarados. Este último llegó a prohibir que se pronunciara la palabra Cruzada en su presencia.

Ninguno de los jerarcas del catolicismo en aquel trágico período de la historia figura entre los santificables. No el cardenal Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca en 1936, que cedió dejó su palacio episcopal para que Franco instalase allí el cuartel general de la contienda. Pla bendijo el ajuste de cuentas en una pastoral que apelaba, en metáfora repugnante, a las dos ciudades de san Agustín, es decir, a una cruzada a muerte de Abel contra Caín. Ni tampoco el cardenal de Toledo y primado de España, Isidro Gomá. Suya fue la idea y el texto de la Carta colectiva del episcopado, de 1937. Sin miramiento alguno, la pastoral se puso de parte de los militares golpistas y proclamó "el sentido cristiano de la guerra".

Los obispos se enfadan si se les recuerda que Franco utilizó a placer a su Iglesia. Víctimas, pero también verdugos, se dejaron querer durante décadas por el llamado Caudillo, del que obtuvieron generosos beneficios en años de terribles crímenes y penurias -fusilamientos, cárcel, exilio, hambre y falta de libertades- para el pueblo español, en medio del silencio, muchas veces cómplice, de la jerarquía de la confesión romana.