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xoves, 23 de maio de 2013

Telares en las mazmorras


EL PAÍS accede al primer eslabón de la industria textil de Bangladesh, lúgubres fábricas de telas con terribles condiciones laborales
Es imposible competir con la fealdad de Dacca. La capital de Bangladesh es el caos hecho ciudad, un amasijo de edificios inacabados, amontonados sin plan urbanístico alguno, que tratan de cobijar a unos 14 millones de habitantes. Solo la mitad son residentes oficiales. El resto ha llegado, procedente de los cuatro puntos cardinales de uno de los países más pobres del planeta, con la esperanza de darle un mordisco al 6% de crecimiento económico, un porcentaje que llena de orgullo al Gobierno y que convierte a la antigua Pakistán Oriental en uno de los ejemplos más exitosos del milagro económico del subcontinente indio.
Pero a los emigrantes rurales no se les encuentra en los relucientes centros comerciales que sirven de oasis de tranquilidad a la emergente clase media. No, hay que bregar con un tráfico imposible durante al menos una hora para dar con ellos en el cinturón industrial de Ashulia. Allí, cientos de miles de personas cuecen ladrillos con técnicas propias de la Edad Media, dan forma a pucheros, pegan suelas de zapato y, los más afortunados, tejen prendas de vestir en alguna de las innumerables fábricas que componen la Zona de Procesamiento de Exportaciones (EPZ, en sus siglas en inglés), escenario de las mayores tragedias de la industria textil del país.
Por 54 horas de trabajo a la semana, y siempre bajo la amenaza de derrumbes como el del Rana Plaza —más de 430 muertos— o incendios como el de Tazreen Fashions, con 110 fallecidos, la mayoría de los trabajadores cobra el salario mínimo más bajo del planeta: 3.000 takas (algo menos de 30 euros) al mes. No obstante, como apunta Jesmin, una joven que ha estado empleada tanto dentro como fuera de la EPZ, “aunque no existen medidas de seguridad adecuadas y muchas veces no se abonan las horas extra ni se conceden bajas por maternidad, todo el mundo quiere trabajar allí porque las condiciones laborales son mucho mejores”.
No en vano, de las EPZ —creadas en los ochenta para impulsar las exportaciones, disparar el crecimiento económico y crear empleo en barrios deprimidos— sale gran parte de la producción textil del país, ya la segunda en el mundo. El sector aporta en torno al 80% de los productos que Bangladesh exporta —casi 20.000 millones de euros—, y emplea a tres millones de personas en unas 4.500 fábricas.
“El empresario los fija en base a piezas por hora. Saben que ningún humano podría cumplirlos, pero da igual. Para llegar al cupo tenemos que trabajar dos o tres horas extra al día sin cobrar”, asegura Moni, empleada en Inmaculate. “Cada vez hay más presión de los clientes extranjeros para cumplir códigos de conducta que reducen los márgenes de beneficio”, reconoce Hashi, que cobra 3.500 takas (33 euros) en vez de los 4.200 takas que le corresponden por el nuevo baremo, y que ha llegado a trabajar tres meses sin un día de descanso y 15 noches seguidas en temporada alta. “Por eso, el peor trabajo se subcontrata a talleres a los que jamás ha ido un inspector”.
Lo sabe bien Ahmed R., un adolescente de 13 años que opera un vetusto telar en un cobertizo de uralita. Hay que alejarse varios kilómetros más del centro para dar con estos talleres, que nunca aparecen en los medios de comunicación y que, sin embargo, sufren condiciones laborales mucho peores. “Aquí producimos telas que, muchas veces, acaban en la EPZ y llegan a Europa y América ya confeccionadas”, reconoce el propietario, quien teme represalias, bajo condición de anonimato. “Muchos empresarios bangladesíes mienten sobre el origen del material”.
Ahmed y sus compañeros de trabajo, algunos niños de 12 años, son los subcontratados de los subcontratados, el último eslabón de una cadena que acaba en los escaparates de todo el mundo. La mayoría no ha oído hablar jamás de la responsabilidad corporativa de las grandes multinacionales que, de forma indirecta, acaban utilizando sus productos. “Muy pocas empresas controlan toda la cadena de producción”, reconoce Nazma Akter, presidenta de la Federación Textil Sommilito. “La presión ha conseguido que se realicen auditorías en las fábricas de las que sale el producto final para evitar la pésima publicidad de tragedias como la de Spectrum [que producía para Inditex y cuyo edificio se desmoronó provocando 64 muertos], pero pocos van más allá”.
La propia Inditex, que respondió a EL PAÍS a través de una dirección genérica de correo electrónico, reconoce que no era consciente de que allí se fabricara material para el principal grupo textil español. “Había recibido de un proveedor del grupo —sin nuestro conocimiento y, por tanto, sin nuestra autorización— una única orden de trabajo de 2.000 unidades”.
Otras marcas internacionales han tenido problemas similares, muchas veces por culpa de la opacidad de sus socios locales. “Las compañías extranjeras tienen gran responsabilidad, pero muchas veces los empresarios bangladesíes faltan a sus promesas y subcontratan sin dar cuenta a nadie”, apunta Amirul Haque Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh.
Poco importan esos tejemanejes en la fábrica en la que trabaja Ahmed. En el interior, el tremendo golpeteo de las máquinas impide oír siquiera los propios pensamientos, y el adolescente ríe con ganas cuando se le pregunta si tiene protección para sus tímpanos. Apunta con su dedo índice a los pies descalzos, y asegura que lo que le preocupan son las agujas que se caen. Trabaja una media de 11 horas al día, y tiene suerte si le pagan a tiempo los 75 takas (unos 70 céntimos de euro) que gana por jornada. “No es mucho, pero ayudo a mantener a la familia”, asegura con orgullo indisimulado mientras posa en jarras frente a la máquina que opera.
La uralita del techo y las planchas de metal de las paredes convierten el lugar en un horno insufrible, pero el centenar de hombres que maneja la maquinaria parece no acusar el calor. La única corriente de aire que circula, y que levanta una fina capa de polvo que provoca estornudos constantes, es la que se cuela por las rendijas que ha dejado una construcción chapucera. “Y la puerta, que tenemos abierta para no asfixiarnos. Lo peor es en la temporada de lluvias, cuando no hay forma de impedir que entre agua”, comenta uno de los trabajadores, que, sin embargo, relativiza su trabajo. “Peor están los que fabrican ladrillos o trabajan el campo”.
El capataz de la fábrica reconoce que la situación no es ideal. “No nado en la abundancia, como los empresarios de la EPZ. Tengo problemas para pagar a los empleados porque mis clientes me abonan los pedidos tarde y mal. Al final, lo único que importa son el precio, la calidad y las fechas de entrega. No cómo se produzca”.

martes, 15 de decembro de 2009

Casi 3.000 bengalíes atacadas con ácido en una década


Desde 2002 la Ley de Control del Ácido limita la venta de la sustancia

A. R. A - Público - 14/12/2009

Bastaron unos segundos para que la cara de Khodeja se deformara para siempre. El ácido le corroyó la piel, le cegó un ojo, le cambió la vida. Un problema de tierras llevó a un vecino a usar el ácido como venganza. No sólo se lo arrojó a ella, también a su marido y a su hija, de tan sólo 18 días de vida. Ocurrió hace ya siete años, pero Khodeja aún recuerda el tremendo dolor que sintió aquella noche. El espejo y las miradas de la gente se lo recuerdan todos los días.

Ella es una de las más de 2.800 personas, mujeres en el 75% de los casos, que han sido atacadas con ácido en Bangladesh desde mayo de 1999 hasta diciembre de 2008. Negarse a mantener relaciones sexuales o mantenerlas fuera del matrimonio, disputas familiares, problemas domésticos o de tierras son algunos de los oscuros motivos que se esconden detrás de los ataques. Sus propios maridos o familias suelen ser los culpables. La impunidad es la norma.

Desde hace una década, varias ONG y grupos de influencia se han dedicado a la atención a las víctimas y a presionar al Gobierno para que actúe. Fruto de su trabajo es la Ley de Control del Ácido de 2002, que limita la venta de la sustancia, muy utilizada en el país por el gremio joyero. Ahora, sólo los profesionales que acrediten la necesidad de ácido para su trabajo pueden obtenerlo. De momento, han conseguido que el número de ataques descienda, aunque el mercado negro existe, especialmente en el área rural.

Su ejemplo ha calado: en Pakistán, el Tribunal Supremo ha pedido este mes al Gobierno la creación de un marco legal para controlar la venta de ácido, muy usado para atacar a las mujeres también en este país.

En el centro Sodeh de la ciudad bengalí de Satkhira dan apoyo psicológico, económico y legal a las mujeres víctimas del ácido. Allí se reúnen también pequeñas redes de mujeres que usan ese espacio como punto de encuentro para compartir experiencias y ayudarse mutuamente. El director del centro, Madhab Chandra, dice que cada vez es mayor el número de personas que acuden, animadas por una sociedad que va adquiriendo conciencia sobre esta violencia.

Chandra señala la impunidad como el principal obstáculo a vencer: "Muchos culpables escapan de la justicia. Además, el número de enculpamientos falsos está creciendo. Por ejemplo, los ricos que atacan con ácido culpan a gente pobre, lo que complica mucho más la acción de la justicia".