La trata de personas trae a unas 40.000 personas a España al año

Este comercio es más rentable que el tráfico de drogas, afirman los expertos reunidos por Cáritas. Hay explotación sexual, laboral, mendicidad

JUAN G. BEDOYA Madrid 21 ENE 2014 - 14:37 CET

Ocurre cada día ante nuestros ojos, pero o no lo vemos, o miramos para otra parte. Lo hacen todavía, muchas veces, las autoridades policiales y judiciales. Es la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Cada año entran en España entre 40.000 y 50.000 jóvenes para ser usadas con ese fin, de muchas maneras y por muy diversos procedimientos criminales. En Europa son 500.000. En todo el mundo, casi tres millones las personas sometidas a trata y tráfico. Cerca de la mitad son menores de edad. En cifras económicas, que es como a veces se miran y miden las más sucias tragedias humanas, se trata de un negocio de entre siete y 12 billones de dólares anuales, según un reciente informe de la ONU. En España, son cinco millones de euros cada día, según cálculos de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Se trata del segundo negocio clandestino del mundo en beneficios, después del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas.

 Todos estos datos los han facilitado hoy martes expertos de organizaciones cristianas de todo el mundo que participan en Madrid en la reunión bienal de la COATNET (Christian Organizations Against Trafficking in Human Beings, en español Red de Organizaciones Cristianas contra el Tráfico de Seres Humanos). Para conocer y atacar este problema, la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cáritas Española, la Fundación Cruz Blanca, Justicia y Paz y la Conferencia de Religiosos de España (CONFER) han publicado una muy completa guía didáctica para que los docentes de secundaria consigan “conmocionar a los estudiantes sobre la gravedad del tema, identificar qué es la trata, conocer sus causas y consecuencias y tomar postura ante la trata”.

 “Debemos atacar este problema", subraya el responsable de Migraciones de la CEE, José Luís Pinilla. “En los últimos años, este fenómeno está creciendo por la pobreza", añade Francesca Petriliggieri, responsable de los temas de trata en Cáritas. No solo se refieren a la explotación sexual o laboral, sino también a matrimonios concertados, y al tráfico de drogas y de órganos. La explotación laboral se produce especialmente en fábricas, en el campo, en el servicio doméstico y a través de la mendicidad.

 "Como no constituyamos redes, no solucionaremos el problema", sostiene Pinilla. Todos los expertos consideran muy deficiente, “todavía”, la implicación de las autoridades del Estado (jueces, fiscales y policías) en la lucha contra las mafias que controlan ese repugnante negocio. Peor aún. Las leyes y reglamentos que regulan la migración facilitan el trabajo de las mafias. Lo sostiene con muchos datos y ejemplos Martina Liebsch, directora de incidencia de Cáritas Internationalis. “Las mafias utilizan las leyes de inmigración como amenaza contra los migrantes”, dijo.

En los países de origen, los tratantes se aprovechan de la pobreza, la discriminación por razón de género y la falta de estabilidad política de los países empobrecidos. En los países de destino, como España (de destino, pero también de paso hacia el Norte), son el desprecio a la dignidad de las mujeres y el ánimo de lucro las causas que toleran o engordan semejante negocio. Es la tesis de la guía entregada a los medios de comunicación. El cliente es un factor clave de la trata. Son personas que acuden a los clubes llamados de alterne, compran productos llamativamente baratos pese a saber que han sido importados de países donde se explota a los trabajadores de manera brutal, o callan cobardemente cuando conocen casos de explotación laboral. Es lo que la guía didáctica llama la “tolerancia social y legal con las redes de tráfico”.

 Los expertos reunidos en Madrid tampoco callan ante el cinismo de los medios de comunicación y el silencio de las autoridades competentes. La guía da datos sobre lo que llama “el negocio hipócrita de la prostitución que mueve, según sus cálculos, 18.000 millones anuales. 40 van a parar a las arcas de los medios de comunicación que anuncian ese negocio. El cálculo es de una comisión parlamentaria constituida en marzo de 2007. Ese año, el Gobierno socialista comunicó a la opinión pública “que estaba trabajando para eliminar los anuncios de prostitución”, recuerda la guía.

China encierra a las prostitutas en centros de trabajo forzoso

Las mujeres deben pagar por la estancia y no cobran por las tareas realizadas

ANDREW JACOBS Pekín 5 ENE 2014 - 17:30 CET

La mujer, bañada por la luz rosa fluorescente que señalaba que estaba disponible, recitaba de un tirón los riesgos laborales que existen al trabajar como prostituta en China: clientes que las maltratan, el fantasma del VIH y las miradas de odio de los vecinos que desgarran el alma. “Mi vida está llena de ansiedad”, se lamentaba la mujer, conocida como Li Zhengguo, entre cliente y cliente hace unas mañanas. “A veces mi corazón se siente culpable por haber entregado mi cuerpo”.

Pero lo que más teme es una visita de la policía. La última vez que se la llevaron a la comisaría local, Li fue enviada, sin juicio ni representación legal, a un centro de detención en la vecina provincia de Hebei, donde pasó seis meses haciendo flores de papel decorativas y recitando las normas que castigan la prostitución. Su encarcelamiento en el Centro de Detención y Educación de Handan acabó con una última humillación: tuvo que reembolsar a la cárcel sus gastos de estancia, unos 60 dólares (44 euros) al mes. “La próxima vez que la policía venga a llevarme, me cortaré las venas”, afirmaba Li, una mujer soltera de 39 años con dos hijos.

Los partidarios de una revisión legal cantaron victoria en noviembre después de que el Gobierno chino anunciase que aboliría “la reeducación a través del trabajo”, el sistema que permite a la policía enviar a campos de trabajo hasta cuatro años, sin juicio, a los delincuentes de poca monta y a las personas que protestan demasiado por las actividades ilícitas de las autoridades públicas.

Pero siguen existiendo dos mecanismos paralelos de castigos ilegales: uno para los que cometen delitos relacionados con las drogas y otro para las prostitutas y sus clientes. “Se siguen produciendo abusos y torturas, solo que de una forma diferente”, señala Corinna-Barbara Francis, una investigadora sobre China de Amnistía Internacional.

El turbio sistema penal para las prostitutas, “detención y educación”, se parece sorprendentemente a la reeducación a través del trabajo. En los centros dirigidos por el Ministerio de Seguridad Pública se encierra a las mujeres hasta un máximo de dos años, y a menudo se les exige que trabajen duro en talleres siete días por semana sin sueldo, para fabricar juguetes, palillos desechables y pañales para perros, algunos de los cuales, según dicen las mujeres, se empaquetan para ser exportados. Los clientes masculinos también son encarcelados en estos centros, pero en un número mucho más pequeño, según un informe publicado el mes pasado por Asia Catalyst, un grupo de defensa de los derechos humanos.

Las mujeres que han pasado por alguno de los 200 centros de detención y de educación del país afirman que sus guardias les cobran unas cantidades elevadas de dinero y son violentos.

Xiao Lin estuvo encarcelada seis meses

Al igual que con la reeducación a través del trabajo, la policía impone penas de cárcel y de educación sin juicio y con pocas posibilidades de recurrir. “Es arbitrario, abusivo y desastroso en lo que se refiere a salud pública”, señala Nicholas Bequelin, un investigador de Human Rights Watch que publicó un informe el año pasado sobre los peligros a los que se enfrentan las mujeres que trabajan en el floreciente comercio sexual chino. “Es otra parte corrupta del sistema legal chino, y debería suprimirse”.

El informe de Asia Catalyst describe la detención y la educación como una inmensa empresa lucrativa que se hace pasar por un sistema para rehabilitar a las mujeres. Los centros de detención, que fueron creados por la legislatura china en 1991, están dirigidos por agencias de seguridad pública locales, que tienen la última palabra sobre las penas. Algunas exreclusas aseguran que las autoridades policiales exigen a veces sobornos para poner en libertad a las detenidas.

El Gobierno no publica habitualmente estadísticas sobre el programa, pero los expertos calculan que cada año se envían entre 18.000 y 28.000 mujeres a los centros de detención. A las reclusas se les exige que paguen la comida, los reconocimientos médicos, la ropa de cama y otros artículos básicos como el jabón y las compresas, y la mayoría de las mujeres se gastan unos 400 dólares (casi 300 euros) por una estancia de seis meses, señala el informe.

“A las que no podían pagar solo les daban bollos cocidos al vapor para comer”, contaba una mujer a Asia Catalyst.

En algunos centros, se exige a los visitantes que paguen una entrada de 33 dólares (24 euros) para ver a los familiares encarcelados.

Los que han estudiado el sistema aseguran que los organismos de seguridad pública locales obtienen unas ganancias considerables con un trabajo que es básicamente gratuito.

El planteamiento del Gobierno chino con respecto a la prostitución es contradictorio. Después de la victoria comunista en 1949, Mao Zedong convirtió en prioritaria la rehabilitación de las prostitutas, que los comunistas consideraban víctimas de la explotación capitalista. Durante sus primeros años en el poder, erradicó realmente el comercio, pero la introducción de reformas de mercado a principios de la década de 1980 provocó el resurgimiento de la prostitución, y según un informe de Naciones Unidas, se calcula que en los últimos años hasta seis millones de mujeres trabajaban en la industria sexual.

Actualmente, las ciudades chinas están repletas de supuestos salones de peluquería con habitaciones traseras separadas por cortinas en las que no se ven tijeras; en los karaokes de lujo, las jóvenes empleadas hacen las veces de prostitutas. Muchas de ellas dicen que a menudo se paga a la policía para que haga la vista gorda.

Pero esa aparente permisividad desaparece durante las campañas periódicas de mano dura en las que se detiene a un gran número de prostitutas, con frecuencia antes de reuniones políticas importantes. Un mando policial en la provincia de Liaoning aseguró a Asia Catalyst que se exigía a los Ayuntamientos y a los municipios cumplir unos cupos, lo que daba lugar a batidas contra el vicio para volver a llenar los talleres de las cárceles.

Con la colaboración de Shi Da.

880.000 personas son víctimas de explotación sexual y laboral en la UE

Los expertos advierten del aumento del tráfico de personas dentro de territorio europeo y de su expansión por Internet

Susana Hidalgo- 30/03/2013 – eldiario.es

Cristina, rumana de 15 años, fue obligada durante tres años por su marido a robar en España y en Bélgica. “Yo era una niña y él me trataba como si fuese una adulta de 30 años. Yo salía a robar y él se quedaba en casa, si no traía nada me pegaba”, cuenta Cristina, en un vídeo elaborado por el departamento de la Comisión Europea dedicado específicamente a la lucha contra el tráfico de personas. Agnes, de 22 años y de Costa de Marfil, fue esclavizada y retenida en una casa donde se encargaba sin descanso de todas las tareas domésticas. “Cuidaba de los hijos, los limpiaba, les daba de comer. No podía salir ni hablar con nadie, ni siquiera con los vecinos”, relata esta chica en el mismo vídeo.

El 79% de los casos detectados en la Unión Europea sobre tráfico de personas se refieren a explotación sexual, a prostitución, pero las mafias también se dedican a esclavizar a personas en el ámbito doméstico. Es la cara más oculta del negocio de estas mafias, pero las organizaciones alertan de que con la crisis va en aumento. Como Cristina y Agnes, Adaab, marroquí, fue explotada laboralmente. “Pagué 12.000 euros por venir a España y estuve trabajando en una finca muy grande. No tenía para comida, no podía salir ni llamar a mi familia, me quemaban cigarrillos en la mano”, explica Adaab en el siguiente vídeo elaborado por la ONG Proyecto Esperanza:

Las organizaciones que trabajan en este ámbito siempre se han topado con un problema fundamental: la falta de cifras concretas. En España, según la policía, sólo se identifica a 1 de cada 20 víctimas. “La carencia de datos acerca de la verdadera dimensión de la trata de personas constituye una de las principales cuestiones a la que hacen referencia todos los estudios”, advierte en un informe reciente la oficina del Defensor del Pueblo. Sin embargo, Cecilia Malmström, comisaria de Asuntos de Interior de la UE, en los últimos meses ha remarcado que en todo el territorio europeo podríamos estar hablando de más de 880.000 personas víctimas de estas formas de esclavitud. Entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manejan cifras similares.

El tráfico de personas no es nuevo, pero la Comisión Europea sí que ha notado modificaciones en los últimos años, según se puso sobre la mesa recientemente en un seminario celebrado en Bruselas. “Hemos notado un incremento de casos debido a la crisis económica y un aumento del tráfico de personas dentro de la UE, es decir, de ciudadanos europeos que están siendo explotados en sus propios países o en otros estados miembros”, señala a eldiario.es Myria Vassiliadou, coordinadora del área de lucha contra el tráfico de personas de la Comisión Europea. En la misma línea se expresa la comisaria Malmström: “Con la crisis económica hay más víctimas de trata. Muchas veces es complicado probar que estas personas han sido explotadas, algunas no quieren denunciar su situación por miedo, están asustadas. Tenemos un reto, ¿cómo podemos aumentar la identificación, la detección de estas víctimas?”. Porque si algo reclaman las ONG es garantizar, una vez hecha la detección, la protección de las afectadas y la persecución de los criminales.

Louis Telemachou, experto de la UE en trata de personas, critica además el hecho de que “algunos países se hayan relajado a la hora de proteger a las víctimas”. “Algunas mujeres explotadas no quieren testificar porque nadie les da garantías. Esto se mejoraría, por ejemplo, si se protegiese mejor a sus hijos”, propone Telemachou.

Hay dos países que preocupan especialmente a la Unión Europea: Bulgaria y Rumania. Muchas víctimas de estos países han sido traficadas dos, tres veces. Son liberadas pero vuelven a caer en las redes. “Ahora Bulgaria y Rumania son el foco, pero las cosas cambian muy rápidamente y en tres meses podríamos tener otro panorama”, explica Vassiliadou. “En esos cambios, también hemos detectado que las mafias están redirigiendo su negocio hacia internet, allí reclutan a las mujeres y es un terreno difícil de controlar y que está generando mucho dinero y actividad en tiempos de crisis”, agrega esta experta.

Vassiliadou se agarra a un dato que para ella resulta esperanzador, y es la opinión de los propios europeos sobre la explotación de personas. “En junio de 2012, el barómetro de la UE señaló que el 93% de los ciudadanos europeos creen que es muy importante la lucha contra las mafias”, pone de ejemplo. Pero las cifras de apoyo también pueden tener trampa. A la pregunta de cuántos hombres que han podido decir que sí a esa encuesta utilizan después los servicios de la prostitución Vassiliadou sonríe. “Es cierto que otro de los problemas que debemos atajar es la demanda, hacer ver a los clientes que esas mujeres a las que acuden están siendo forzadas”, señala. Tarea compleja, porque de momento tan sólo países como Suecia, Noruega o Finlandia han puesto hincapié en penalizar a los clientes en vez de criminalizar aún más a las víctimas.

Más de 12 millones de personas son obligadas a donar órganos o a prostituirse, según Anesvad

El principal problema para combatir la trata de personas es la "ingente cantidad de beneficios que genera" para los traficantes de personas.

Estos días se celebra el Foro contra la trata de seres humanos en el Sudeste asiático que deja constancia de los abusos que sufren millones de seres humanos.

EP. 21.02.2013 - 13:57h 20minutos.es

Más de 12 millones de personas en el mundo son sometidas a trabajos forzosos, obligadas a prostituirse o incluso a donar órganos, según Anesvad, organización que participa en el Foro contra la trata de seres humanos en el Sudeste asiático que organiza la Iniciativa Interministerial contra la Trata de personas del Mekong (COMMIT por sus siglas en inglés) en Bangkok (Tailandia) los días 21 y 22 de febrero.

Las reuniones abordarán el problema de la trata y las principales dificultades para su eliminación, entre las que Anesvad destaca la "ingente cantidad de beneficios que genera" para los traficantes de personas y la ramificación internacional del negocio que incluye entramados para sacar a las víctimas de esta lacra de sus países de origen pero también para transportarlas por otros países hasta el lugar de destino. En total, se calcula que más de 160 países se ven afectados por la trata de personas, aunque la zona donde el negocio está más extendido es el sudeste asiático, según explica.

Por otra parte, "cada dos años, un promedio de 140.000 víctimas de la trata con fines de explotación sexual son cambiadas de destino y su lugar es ocupado por otro grupo de mujeres víctimas de las redes", señala la organización.

Por ello las organizaciones asistentes a la reunión buscarán "enfrentarse a la complejidad de este fenómeno". En este sentido, Anesvad destaca las medidas propuestas por el Proyecto Inter-Agencial de las Naciones Unidas contra la Trata de Seres Humanos (UNIAP), con el que colabora en China, Laos, Camboya y Myanmar. Según la organización, "después de ocho años de funcionamiento, las estrategias puestas en marcha por este conglomerado de instituciones se han revelado como las más adecuadas para poner freno a un fenómeno sin fronteras que requiere de un acercamiento común y de una visión global".

Así, señala como, solamente en China, la acción conjunta de las organizaciones del COMMIT "ha permitido que 12.000 niños y 7.000 mujeres víctimas de la trata ya han recibido apoyo psicológico y orientación para que puedan seguir adelante con sus vidas".

Durante la reunión se tratará también de establecer directrices para prevenir, paliar y combatir esta "grave violación de Derechos Humanos". "El objetivo es coordinar esfuerzos en el sudeste asiático para erradicar la captación, transporte, acogida o recepción de personas bajo amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción que -según señala- es en lo que consiste la trata de seres humanos".