Los cuerpos, que fueron quemados, se han localizado en un
centro de detención clandestino de la provincia de Tucumán
ALEJANDRO
REBOSSIO Buenos Aires 15 DIC 2011 - 04:18 CET
En el arsenal, el avezado Equipo Argentino de Antropología Forense, que es
el encargado de estas investigaciones, halló esqueletos completos, varios con
las manos atadas y algunos con proyectiles de armas de fuego. Se presume que en
esa misma fosa fueron ejecutadas las 15 personas, que aún no fueron
identificadas. Allí les prendieron fuego a sus cuerpos, que muestran rastros de
combustión y que estaban rodeados de neumáticos quemados. Un exconscripto del
servicio militar ha declarado en la justicia que en aquel arsenal llamado
Manuel de Azcuénaga vio cómo el propio Bussi dio el ejemplo a sus subordinados
y descargó las balas sobre una joven de 16 años. La nueva fosa común es ya la
cuarta hallada en este arsenal que funcionó como centro clandestino de
detención y tortura de unos 900 presos políticos. La primera fosa había sido
encontrada en marzo.
El descubrimiento de los cuerpos facilita la comprobación de los delitos de
la dictadura, que había intentado borrar toda prueba mediante la desaparición
de los cuerpos. A veces se dificultan los juicios contra los responsables de la
represión ilegal porque se trata justamente de desaparecidos. Los procesos
judiciales se basan entonces en testimonios de sobrevivientes de los centros
clandestinos de detención. Algunos cuerpos acabaron en fosas comunes, pero
otros fueron arrojados al río de la Plata, en los llamados vuelos de la
muerte. Los cuerpos de cuatro de los secuestrados en la iglesia de Santa
Cruz, en Buenos Aires, fueron arrojados al río y hallados como enterrados NN en
un cementerio bonaerense. El descubrimiento de esos cadáveres en 2005 resultó
clave para la reciente condena de varios exmarinos de la Escuela Mecánica de la
Armada (ESMA), uno de los principales campos de concentración.
“Fue un momento de mucha conmoción, porque terminamos un proceso de
búsqueda que parecía imposible”, contó Gerónimo Vargas Aignasse después de que
el Equipo de Antropología Forense hallara el cuerpo de su padre, que tenía 35
años cuando desapareció hace otros 35. Los Vargas Aignasse eran y son
peronistas. Gerónimo había enfrentado a Bussi, el asesino de su padre, en unas
elecciones a alcalde de Tucumán en 2003 y había perdido por 17 votos. Bussi
nunca pudo asumir ese cargo porque la justicia lo detuvo por el crimen del
exlegislador. Ocho años después de aquel duelo electoral, reapareció el cuerpo
del desaparecido político en un pozo de agua de 40 metros de profundidad que
servía para abastecer a locomotoras de vapor y que los militares habían tapado
con hormigón después de llenarla con sus víctimas. Vecinos del lugar, situado
en las afueras de Tucumán, habían declarado que en tiempos de la dictadura iban
y venían camiones militares hacia ese pozo.
También el miércoles se conoció que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a un juez de Buenos Aires
unas 130 fotos de presuntas víctimas de los vuelos de la muerte. Son
fotos de cadáveres con signos de torturas y violaciones, con las manos atadas,
que fueron hallados en las costas de Uruguay. Precisamente, las imágenes fueron
sacadas por agentes de seguridad uruguayos que encontraron los cuerpos. Las
fotos están acompañadas de anotaciones, una de las cuales refiere a la
presunción de que esos cadáveres provenían de las costas rioplatenses de Buenos
Aires. La CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA),
había hecho una memorable misión a Argentina en 1979 para recoger datos de
violaciones a los derechos humanos y ahora está empezando a desclasificar esos
documentos para facilitar la acción de la justicia argentina. Las fotos
servirán como nuevas pruebas para confirmar la existencia de los vuelos de
la muerte, crímenes que en su momento confesó el exmarino Adolfo Scilingo,
preso en España.
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