Tras seis días de manifestaciones, la región de
Cajamarca, principal productora de oro en el país, ha logrado parar una obra
apoyada por el presidente Humala y cuyo estudio de impacto ambiental está bajo
sospecha

A través de un comunicado leído por un alto ejecutivo en el Palacio de
Gobierno, la empresa reconoce que tomó la decisión “a exigencia del Supremo
Gobierno [sic] y en aras de que se restablezcan la tranquilidad y la paz social
en Cajamarca”. Tras casi una semana de paralización regional (se inició el
jueves 24), la situación empezaba a tornarse cada vez más violenta. El martes,
los enfrentamientos entre manifestantes y la policía dejaron 20 personas
heridas, según las autoridades sanitarias de la zona. El aeropuerto de la
capital regional permanecía cerrado y las principales carreteras, bloqueadas
por piquetes.
El Gobierno espera que la anunciada suspensión alivie la tensión y permita
establecer una negociación en torno a un proyecto minero que ha sido
públicamente apoyado por el presidente Ollanta Humala. “Ahora le toca al pueblo
de Cajamarca decidir si el diálogo y la negociación reemplazan a la violencia.
Invocamos a volver a la calma y recuperar mediante el diálogo la confianza
perdida”, señaló el presidente del consejo de ministros, Salomón Lerner.
Sin embargo, el anuncio fue tomado con indiferencia por los promotores del
paro, que insisten en exigir la cancelación definitiva como única salida para
terminar la protesta. “Nosotros por acá no tenemos mayor novedad. Lo que el
pueblo espera es que, vía una resolución ministerial o un decreto supremo, el
gobierno nacional declare inviable el proyecto Conga”, señaló el presidente
regional, Gregorio Santos. Para hoy, miércoles 30, se han anunciado más
protestas y movilizaciones de apoyo en otras regiones del país.
La población de Cajamarca se opone a la construcción de la mina debido a
que esta se ubicaría debajo de cuatro lagunas que conforman la cabecera de
importantes cuencas fluviales en la región, y rechazan el estudio de impacto
ambiental aprobado por el ministerio de Energía y Minas. En los últimos días el
Gobierno ha insistido en apoyar el proyecto, pese a las objeciones que presentó
el ministerio de Medio Ambiente. Un informe de esa cartera difundido la semana
pasada anotaba serías deficiencias en el estudio de impacto ambiental, pero el
titular del sector, Ricardo Giesecke, señaló posteriormente que la mina era
viable y que el documento tenía como propósito solo “enriquecer” el proyecto.
Luego del anuncio de la suspensión de los trabajos, el
presidente del consejo de ministros señaló que la minera Yanacocha se ha
comprometido a concertar con la población y garantizar el suministro de agua
para consumo humano y agrícola. No obstante ello, ya empiezan a escucharse
voces de preocupación por el futuro de las inversiones mineras en un país que,
pese a su avance económico de los últimos años, sigue dependiendo en gran
medida de las exportaciones de materias primas. Esta semana está previsto que
se reanuden las protestas en la región Apurímac, donde la población reclama al
gobierno que queden prohibidas todas las actividades mineras.
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