Miles de personas evocan en Vitoria a los obreros que la
policía mató hace 37 años
POL PAREJA
Madrid 3 MAR 2013 - 23:07 CET
“Aquello parecía la guerra”. Andoni
Txasko, de 57 años, tenía 20 cuando perdió un ojo por culpa de una paliza que
le propinó la Policía Armada durante los conocidos como sucesos de Vitoria.
Ayer, 37 años después de aquello, recorrió las calles de la capital alavesa
junto a unos 5.000 ciudadanos para recordar a los trabajadores que murieron y a
las más de 100 personas que resultaron heridas, la mayoría de bala, a causa de
los disparos efectuados por los grises al desalojar una iglesia en la que se
celebraba una asamblea de trabajadores.
Eran tiempos muy convulsos en una España gris. Una España en la que, a
pesar de que hacía ya unos meses que había fallecido el dictador Francisco
Franco, no existían libertades ni derechos de reunión, huelga o manifestación.
Una España en la que todavía no había oficialmente más sindicatos que el
sindicato vertical, pero en la que los trabajadores se empezaban a organizar
para reclamar sus derechos. La España del “la calle es mía”, pronunciado por Manuel Fraga,
en esas fechas ministro de Gobernación.
Dos paros durante el mes de febrero habían precedido a la huelga general de
ese 3 de marzo de 1976. Aquel día, el paro fue secundado por la práctica
totalidad de trabajadores, así como por comercios, servicios, estudiantes, amas
de casa y “la ciudadanía en general”, como recuerda Txasko.
Según recuerda este vitoriano, la represión policial fue muy dura durante
la mañana. “Se palpaba en el ambiente el ánimo de masacrar”, cuenta. “Ya en las
marchas desde las fábricas al centro de Vitoria hubo los primeros heridos de
bala”. La Policía Armada estuvo toda la mañana vaciando y registrando iglesias,
punto de reunión de los trabajadores, ya que las empresas estaban cerradas. Por
la tarde se había convocado una asmblea valorativa de la huelga general en la
iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga. “La policía dejó
que se llenara el templo y luego empezó a rodearlo”, recuerda Txasko, que no
pudo acceder y lo presenció todo desde fuera. “Los policías hablaron con el
cura para desalojar la iglesia, a lo que él se negó porque la gente estaba
reunida tranquilamente en su interior”, explica.
Lo que vino después es conocido por todos los vitorianos. Los grises
vulneraron el Concordato que les prohibía actuar dentro de iglesias y atacaron
el templo con gases lacrimógenos para desalojar a los miles de trabajadores que
se hallaban en su interior. Presos del pánico y de la asfixia, los encerrados
empezaron a salir, momento en el que fueron duramente apaleados y disparados
por los agentes.
Eva Barroso solo tenía 7 años ese día, pero lo recuerda como si fuera ayer.
Su hermano Romualdo, de 19 años, fue uno de los cinco abatidos por la Policía
Armada. “Fue un goteo de mal presagio”, recuerda hoy por teléfono. “Se hacían
las ocho, las nueve, las 10 de la noche... iban volviendo todos los jóvenes,
menos mi hermano”. Su padre decidió entonces buscar en todos los hospitales
hasta que en uno de ellos halló el cadáver de su hijo, destrozado. “Tengo
grabada la imagen de mi madre llorando y gritando: ‘Mi hijito, me lo han
matado”.
El acto celebrado ayer se enmarca dentro del recuerdo a las víctimas, pero
también en la reivindicación de justicia y de un mayor reconocimiento para los
afectados. Nadie ha pagado por los asesinatos de ese día. Se abrieron diversos
sumarios y el asunto recorrió varios juzgados para acabar finalmente en la
jurisdicción militar, que reconoció los hechos como constitutivos de un delito
de homicidio pero dictó el sobreseimiento del caso “al no tener evidencias para
acusar a personas determinadas”.
Los familiares de Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas,
de 27 años; Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de
17 años; Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años; José Castillo, de
Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años; y Bienvenido Pereda,
trabajador de Grupos Diferenciales, de 30 años, no cobraron hasta 2008 ni un
euro de indemnización. 31 años después, cuando consiguieron que les amparara la
ley de memoria histórica tras lustros de reclamaciones.
Andoni Txasko, que quedó incapacitado por culpa de la paliza que le quitó
el único ojo con el que veía —el otro lo tenía previamente lesionado—, tampoco
vió reconocido su estatus de víctima hasta 2008. “El olvido y el silencio al
que nos hemos visto sometidos equivale al desprecio”, dice.
Los afectados, agrupados en en la Asociación 3 de Marzo,
no cejan en su lucha para que alguien pague por esos hechos. Este mismo año han
solicitado al Gobierno que reconozca el dolor causado, pero aún no han recibido
respuesta.
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