ASÍ LO CONTÓ EL PAÍS EN 1982
El anciano general tendrá que responder por 15 matanzas
de indígenas cometidas en 1982
Los familiares han luchado durante años para logar
sentarlo este martes en el banquillo
JOSÉ ELÍAS
Guatemala 18 MAR 2013 - 22:22 CET
Después de una lucha de años, contra viento y
marea, los familiares de las víctimas de las brutalidades del exgeneral Efraín
Ríos Montt podrán ver este martes en el banquillo, juzgado por crímenes
contra la humanidad, al hombre que marcó la segunda mitad del siglo
XX en Guatemala. Tiene 86 años. Sin descartar aún que los abogados logren un
nuevo aplazamiento con alguna treta legal, el juicio enfrentará a Guatemala con
el espanto de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. Lo
que comienza este martes, 19 de marzo, es un relato, por fin en sede judicial,
de los traumas que
aún sangran en el país centroamericano.
El 23 de marzo de
1982, un grupo de oficiales jóvenes del
Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar
que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del
contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y
elevó al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.
Sin que los “jóvenes oficiales”, en su mayoría tenientes y capitanes, lo
sospecharan, su decisión de aupar a Ríos Montt abría un capítulo de la historia
de Guatemala que estaría marcado por la errática personalidad del viejo
general. Fue jefe del
Estado durante 16 meses. Pero su
protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres
décadas, hasta que el 14 de enero de 2012, entregó su acta de
diputado y se retiró de la vida política.
El breve mandato de Ríos pasará a la historia como un periodo de
represión indiscriminada contra la población civil que “servía de
sustento” a la subversión izquierdista. La doctrina de la tierra arrasada,
versión del “quitarle el agua al pez” que los franceses aplicaron en Argelia y
los norteamericanos perfeccionaron en Vietnam, se convirtió en el primer
mandamiento de los Ejércitos latinoamericanos de los años setenta y ochenta. En
Guatemala, oficiales argentinos formados en las academias francesas llegaron a
ser asesores muy valorados.
Los informes citados por organizaciones humanitarias estiman que durante el
mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas
de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comunes
o dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al
campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000
desplazados. El informe de la
CEH documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa.
No obstante, en el juicio señalado para hoy, Ríos Montt y el que fuera su
jefe del temido servicio de inteligencia (la G-2), José Mauricio Rodríguez
Sánchez, solo deberán responder por 15 masacres ocurridas en el área conocida
como Triangulo Ixil (Quiché, norte). Los hechos costaron la vida a 1.771
personas. De acuerdo con el informe de los forenses, “un 43% de los esqueletos
exhumados corresponden a niños de entre cero y 12 años y más del 50%, a mayores
de 50 años”.
Antes de entregar el poder a los civiles en 1985, el Ejército destruyó
todos los documentos “comprometedores”, lo que impide
determinar con exactitud el alcance de la represión y la responsabilidad de los
mandos. Pero los informes sobre la Recuperación de la Memoria
Histórica (Remhi), del malogrado obispo Juan Gerardi, y el de la Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, permiten una
aproximación a lo ocurrido.
Al respecto, los defensores de Ríos Montt, que no niegan la “existencia de
las víctimas”, insisten en que no hay manera de probar que la orden de
exterminio emanara del entonces jefe de Estado. La Fiscalía, por su parte,
argumenta que los sindicados no pueden eludir su responsabilidad, “porque como
máximas autoridades de las fuerzas castrenses eran informados de los operativos
desarrollados por el Ejército”.
La cadena de mando estaba encabezada por Ríos Montt, en su calidad de jefe
del Estado y Comandante General del Ejército; Óscar Humberto Mejía Víctores,
ministro de Defensa; y Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor
Presidencial. Estos dos últimos se han librado de ser enjuiciados por razones
de salud.
El auge de Ríos Montt, el hombre que, guste o no, marca la historia de la
Guatemala de la segunda mitad del Siglo XX, hay que buscarlo en la ausencia de
líderes, exterminados por los militares, y en la corrupción con que estos
manejaron el país desde las más altas instancias de poder.
A principios de los 80, Guatemala atravesaba una situación de guerra
interna. En Nicaragua, los sandinistas habían derrocado al dictador Anastasio
Somoza. Las guerrillas salvadoreñas demostraban una fortaleza que hacía viable
su ascenso al poder. En Guatemala, los rebeldes ejercían dominio sobre amplios
territorios, particularmente en el altiplano de población mayoritariamente
indígena.
Como contrapartida, las sucesivas dictaduras militares, disfrazadas de
democracia por medio de elecciones amañadas, estaban totalmente agotadas. La
corrupción y la brutalidad de la represión, que alcanzó una de sus cotas más
altas con el salvaje asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980,
hacía que el régimen, totalmente aislado del mundo, se tambaleara. La operación
para salvar a Guatemala precisaba de un líder carismático, capaz de dar un
golpe de timón a la nave del Estado, totalmente a la deriva.
Para el analista Gustavo Berganza, el contexto histórico es determinante en
la deriva político-represiva de Efraín Ríos, quien sufrió la
presión de la administración de Ronald Reagan para salvar a
Centroamérica del comunismo internacional. Y lo hizo con medios limitados.
Estados Unidos le había quitado toda la ayuda militar, por la apuesta del
anterior mandatario, Jimmy Carter, en favor de los derechos humanos. Esto
permitió a los militares tener una gran autonomía a la hora de enfrentar a la
guerrilla. “El hecho de no depender de los militares estadounidenses, como
sucedió en El Salvador, hizo que la guerra en Guatemala tomara derroteros
diferentes, con asesores israelíes y argentinos. Estos últimos, auténticos
maestros de la represión en el continente”, enfatiza.
Para el historiador José Cal, “fue durante los Gobiernos de Romeo Lucas
García (1978-1982) y de Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 a agosto de 1983)
cuando la represión alcanzó su clímax, con ataques directos a las poblaciones
civiles. El avance de la guerrilla era evidente. Había creado una base social
en estas comunidades, mientras que otras poblaciones se oponían a los controles
que el Ejército ejercía sobre ellas. Esto permitió el exterminio masivo de
poblaciones y la represión generalizada a cualquier manifestación de oposición
política”.
Con respecto al resultado del juicio, el historiador cree que “fruto de la
presión internacional”, lo más probable es una condena, aunque recuerda que,
por el otro lado, hay poderes fácticos, como la Asociación de Veteranos
Militares de Guatemala (Avemilgua) que anuncian, recurriendo incluso a la
amenaza abierta, que no permitirán la prisión de oficiales “que salvaron a
Guatemala de la amenaza del marxismo”.
Gustavo Berganza señala que, de alguna manera, es un
despropósito el que solo se procese a Ríos Montt, a quien se le carga toda la
responsabilidad de 36 años de guerra. “Él no es el único causante de las 50.000
muertes por las que se le sienta en el banquillo”.
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