sábado, 2 de marzo de 2013

Mercado común... pero sin judíos


Miles de empresas fueron expoliadas por la Europa antisemita entre 1941 y 1944
El Memorial de la Shoah recuerda en París aquella infamia económica
La exposición es puramente documental: solo hay papeles, algunas fotos y dos o tres vídeos que explican cómo fue la arianización económica del Tercer Reich entre 1933 y 1938 y cómo, un poco más tarde, se intentó trasladar ese modelo “purificador” a la Francia ocupada. La perfecta burocracia del régimen de Vichy lo apuntaba todo con pulcritud enfermiza. Lo primero fue definir y censar a los judíos, cosa que resultaría muy útil para hacer redadas, deportaciones y expoliar bienes, actividades y negocios. Para el censo se imprimieron y colgaron carteles que explicaban lo que era ser judío, porque los señalados eran, hasta entonces, solo ciudadanos franceses. Los papeles afirmaban que no se trataba de una cuestión religiosa: bastaba con tener tres abuelos judíos.
En Alemania, un decreto de 12 de noviembre de 1938 titulado Sobre la eliminación de los judíos de la vida económica alemana aceleró los pogromos y los expolios a los negocios judíos, un modelo que enseguida copiarían, con desigual saña y eficacia, los regímenes aliados de Hitler: primero la Italia de Mussolini, más tarde Rumanía, Bulgaria, Croacia, Hungría, pero también Holanda, Bélgica, Noruega, Serbia y finalmente la docta y revolucionaria Francia se apuntaron a aquel siniestro esbozo de mercado común europeo descontaminado de sangre judía.
“En 1941”, recuerda el historiador Tal Bruttmann, comisario de la exposición que se puede visitar en el Memorial de la Shoah de París hasta septiembre, “la arianización de la economía estaba en marcha en casi toda la Europa alemana, incluida Francia, donde tras ser introducida por los ocupantes fue asumida por el régimen de Vichy, que era tan antisemita como el nazi”.
La expulsión de la sociedad y de la economía de los judíos fue un éxito rotundo en Alemania gracias al boicot, la presión y los ataques ordenados por Hitler nada más llegar al poder en 1933. “El primer objetivo era aislarlos en los pueblos y provincias, para obligarles a ceder sus negocios a bajo precio”, explica Bruttmann, “y forzarles a emigrar a las ciudades”.
En 1938, el decreto firmado por el ministro de Economía, Hermann Göring, radicalizó y sistematizó la arianización financiera. En las grandes urbes, el régimen nazi identifica las tiendas judías con etiquetas y exige a los judíos un inventario de todos sus bienes. La Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre, es el éxtasis de esa política. En Berlín, junto a la destrucción de cientos de sinagogas, se saquean 7.500 empresas.
Los empresarios y comerciantes judíos empezaron a ser atacados en el verano de 1940 por el Partido Popular Francés, los Guardias Franceses y otros grupos violentos. Las leyes se suceden desde entonces: primero un Estatuto de los Judíos define quién lo es y se les prohíbe ejercer determinadas profesiones en la Administración pública; en marzo de 1941, se crea el Comisariado General para las Cuestiones Judías (CGQJ), dirigido por Xavier Vallat, que se dedicará sobre todo a arianizar la economía gala. En junio, un segundo estatuto endurece las leyes raciales. Los judíos son censados y obligados a declarar sus bienes ante los Ayuntamientos y comisarías. Un gran fichero del Ministerio del Interior lo centraliza todo. Ellos solo pueden ejercer oficios subalternos, sin responsabilidad, y pierden el derecho a la propiedad.
El expolio de sus bienes viene enseguida, durará cuatro años, y en él participan los Ministerios de Interior, Economía, Finanzas, Industria, además de municipios y prefecturas. En la rutina de la aplicación colaboraron muchos profesionales privados, notarios, arquitectos, contables…
Para “eliminar toda influencia judía de la economía nacional” (decreto de 22 de julio de 1941), y encontrar compradores a los negocios requisados, Vichy puso en marcha una verdadera industria represiva y burocrática, que trabajó tanto en la zona ocupada como en la libre. Hasta la Liberación —junio de 1944—, la CGQJ nombró 20.000 administradores provisionales de empresas, fábricas, tiendas y locales y colgó etiquetas en miles de comercios expropiados. A principios de 1942, se creó la Policía de las Cuestiones Judías, que se encargaría de localizar negocios de israelitas. En Lyon, donde más había, se hicieron listas de bienes inmobiliarios por toda la región. Cuando los negocios se habían arianizado, una parte de los beneficios iba a una cuenta de la CGQJ.
Acabada la guerra, empezó la restitución de lo robado. Pero para devolver, hacía falta que el expoliado se presentara. Familias enteras, 76.000 judíos franceses, fueron deportados a los campos de la muerte alemanes. La mayor parte no volvió. En los noventa, los fondos que no fueron reclamados ni restituidos sirvieron para dotar la Fundación para la Memoria de la Shoah.

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