El gobierno de Netanyahu quiere recolocar a unos 40.000
árabes que viven en 38 villas ilegales
Recientes protestas han tomado un cariz violento y han
acabado con numerosos arrestos
DAVID
ALANDETE Al Araqib 7 DIC 2013 - 23:03 CET
Las 22 familias que conforman la villa de Al Araqib, en el desierto israelí
del Negev, viven hoy apiñadas junto a su cementerio. No por decisión propia. El gobierno ha destruido sus hogares,
total o parcialmente, en 62 ocasiones a lo largo de los años y les ha empujado
allí. De lo que eran sus casas de cemento sólo quedan hoy escombros junto a un
barranco. Las han sustituido cabañas de madera, latón y plástico. Cultivaban
olivos, pero los soldados los talaron. Un pequeño rebaño de ovejas y unos
cuantos caballos se han salvado y viven en establos improvisados. Al Araqib es
una de las 38 villas consideradas ilegales en el desierto del sur de Israel,
lejos de escuelas u hospitales, con el agua traída en bidones y la
electricidad, si la hay, tomada de paneles solares o desviada del tendido
público.
“Me han deportado 150 metros”, se queja, casi sin aliento, Ismael Abu
Negim, de 75 años, en una cabaña de madera en la que vive junto a su mujer y
cuatro hijos, junto a un redil con 40 cabras. Padece de asma, agravado, cuenta,
desde que los soldados rociaron unos campos cercanos con herbicida. Su familia
vive en Al Araqib desde mucho antes de que se creara el Estado de Israel. Su
padre nació aquí. Su abuelo también. “No hay futuro para nosotros en Israel. Es
un país de tiranos. No nos respetan, nos tratan peor que a los animales”, dice.
El gobierno de Israel ha aprobado un plan para recolocar a los 40.000
beduinos que viven en estas 38 villas ilegales en centros urbanos ya existentes
o de nueva creación. A los afectados les compensará con tierras y dinero. La
mayoría de beduinos israelíes habitan en el desierto del Negev, en 18
localidades reconocidas y con las condiciones básicas de habitabilidad. La
mayor, Rahat, está sólo un kilómetro al oeste de Al Araqib y tiene 55.000
habitantes. El congreso está considerando ahora el plan impulsado por el
ejecutivo y debe someterlo a votación.
El plan de evacuación de las villas beduinas ha provocado una serie de
protestas que en las semanas pasadas se han intensificado y han tomado un cariz
violento. En una jornada de manifestaciones en varios puntos del país, a
finales de noviembre, se lanzaron piedras y bombas incendiarias a la policía, que
acabó arrestando a 28 personas.
“Hemos entrado en una fase violenta debido a las provocaciones de la
policía. Nuestra intención es mantener las protestas pacíficas, pero el
gobierno ha decidido aplastar nuestras manifestaciones con un uso excesivo de
la fuerza”, decía el jueves Thabet Abu Ras, director de Adalah, el centro legal
para la minoría árabe de Israel, en una manifestación en Beersheva, una ciudad
en el Negev. “El gobierno tiene un plan. Está decidido a imponerlo. Y va a
emplear la fuerza contra quienes se le opongan. Ese plan se llama judaizar el
Negev, demoler villas beduinas para construir localidades judías”.
Estiman los activistas que Israel tiene la intención de construir en el
Negev 15 nuevas localidades para que en ellas habiten ciudadanos judíos. El mes
pasado el ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobó la creación de la localidad de
Hiran, que tendrá 2.5000 viviendas, en su mayoría para judíos religiosos,
construidas en parcelas donde en el pasado hubo dos asentamientos beduinos, Umm
al Hiran y Atir.
En 2008 el entonces primer ministro Ehud Olmert creó un comité para
resolver el problema de la tierra en el Negev, después de que el estado israelí
recibiera 3.200 demandas de beduinos que reclamaban como propias
80.000 hectáreas, un 6% de todo el desierto. Después de un lustro de
investigaciones y negociaciones, fue Netanyahu quien ofreció a los beduinos un
compromiso: reubicarse en centros urbanos y recibir compensación monetaria por
ello. La cantidad que se estudia en este momento es de unos 417 millones de
euros.
“No se trata de una recolocación, sino de una regularización de los
beduinos en la misma área en la que viven ahora, pero en lugar de la pobreza y
los poblados chabolistas desperdigados en el Negev, pensamos establecer
comunidades especiales que sean sostenibles para mejorar su calidad de vida”,
asegura Doron Almog, responsable de la aplicación del plan aprobado por el
Gobierno israelí. “Se trata de priorizar su acceso a unas viviendas adecuadas,
escuelas de primaria, guarderías y el sistema sanitario”.
Esos planes no convencen a los afectados. Aziz Alturi, de 37 años y
residente también de Al Araqib, duerme ahora frente a la comisaría de policía
de Rahat, en protesta contra las constantes demoliciones de su vivienda y la de
sus familiares y vecinos. “Hacen muchas promesas. Dicen que nos van a recolocar
en siete pueblos. ¿Pueblos? Eso no son pueblos. Son campos de refugiados. Allí
no hay fábricas, no hay trabajo. El desempleo en esas villas beduinas es de más
del 40%”, dice.
Alturi tiene, como los demás beduinos, pasaporte israelí.
Cuando se declaró la independencia del Estado, en 1948, vivían en el Negev unos
60.000. Hoy son 200.000, que han dejado atrás, en la memoria
colectiva, los años de nomadismo y pastoreo. A muchos lo que les
queda de su identidad es su preferencia por vivir en estas villas rurales,
donde renuncian a las comodidades de la vida moderna por vivir en la tierra de
sus ancestros. Alturi aún pasea a diario por lo que fue la villa de Al Araqib.
Hoy el viento barre los restos de unas chabolas destruidas repetidamente.
Montañas de cemento hecho añicos y azulejos rotos indican donde estaba antes su
hogar. “Esta es nuestra democracia en Israel”, dice. “Es democracia sólo para
los judíos”.
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