El objetivo es liberar puestos de trabajo para los
saudíes
Se ha puesto de relieve la existencia de un mercado negro
de obreros
Las detenciones se producen tras una amnistía de medio
año
Miles de inmigrantes en situación irregular han sido detenidos desde el
lunes en Arabia Saudí al concluir la amnistía de medio año dada por las
autoridades. Durante ese tiempo, han salido del país cerca de un millón de
trabajadores extranjeros y otros cuatro millones han logrado arreglar sus
papeles. Pero se estima que aún hay decenas de miles que corren el riesgo de
ser deportados sin contemplaciones. La medida, cuyo objetivo es liberar puestos
de trabajo para los ciudadanos saudíes, ha puesto de relieve la existencia de
un enorme mercado negro de obreros.
Un total de 3.918 extranjeros sin el permiso pertinente fueron detenidos el
lunes en Yeddah, la segunda ciudad del país, y sus alrededores, según un portavoz policial
citado este martes por el diario Arab News. El número se duplica al sumar los
detenidos en otras zonas del país con 2.200 más en Samta, 379 en la Provincia
Oriental, 300 en Mediha y varios centenares más en otras localidades.
"Queremos que los extranjeros permanezcan en el reino de forma
legal", declaró el vice
ministro de Trabajo Mufrej Bin Saad al Haqbani el domingo por la
noche al anunciar el fin de la amnistía. Al Haqbani explicó que los inspectores
de trabajo van a visitar establecimientos comerciales, obras, empresas de
mantenimiento, tiendas, restaurantes, cafeterías y otros sectores en los que la
mano de obra extranjera es habitual. "Comprobarán que sus identidades
coinciden con sus papeles de trabajo para asegurarse de que están dentro de la
legalidad", añadió.
Los irregulares que tanto preocupan a las autoridades no son necesariamente
personas que hayan entrado de forma ilegal en el país, aunque también los haya.
Algunos han sobrepasado su visado, pero la mayoría son trabajadores que fueron
contratados bajo el patrocinio de un empleador para un puesto determinado y que
luego han cambiado de actividad o se han instalado por su cuenta. Durante
décadas, el Gobierno ha hecho la vista gorda hacia esas irregularidades, lo que
ha dado lugar a un mercado negro que abastecía de obreros a bajo precio y un
jugoso negocio paralelo de sobornos a los sponsors (los empleadores originales)
que cobraban por renovar los papeles a alguien que ya no trabajaba para ellos.
Con las nuevas medidas, los responsables esperan reducir el número de
inmigrantes, un tercio de los 27 millones de habitantes y la mitad de la fuerza
de trabajo, además de favorecer el empleo de los ciudadanos saudíes cuya tasa
de paro ronda el 12,5%. Sin embargo, no está claro cómo va a lograrse es
objetivo cuando la mayoría de los extranjeros son obreros sin cualificar y
empleados domésticos, actividades que la población local rechaza, mimada como
está por el Estado de bienestar que proporciona el petróleo.
De hecho, cuando el pasado marzo se anunció la normativa, los analistas
advirtieron del impacto negativo que supondría para la economía la salida
simultánea de decenas de miles de extranjeros, sobre todo en el sector de la
construcción. Se calculaba entonces que hasta dos millones de inmigrantes
carecían de permiso de trabajo y residencia. Pero muchos más estaban trabajando
en ocupaciones distintas a las que figuraban en sus papeles. De hecho, la
amnistía de tres meses que se dio inicialmente para que regularizaran su
situación tuvo que extenderse tres meses más porque ni las embajadas ni las
oficinas de inmigración daban abasto para atender las solicitudes.
Muchos han quedado atrapados sin posibilidad de regularizar su situación ni
pasaportes o visados de salida. Arab News cuenta que 3.000 indonesios se han
congregado en un conocido cruce de Yeddah para protestar por la imposibilidad
de arreglar sus papeles a tiempo. Es frecuente que carezcan de pasaportes
porque quienes les contrataron inicialmente los retuvieron, según una práctica
frecuentemente criticada por las organizaciones de derechos humanos, y no se
los han devuelto.
Resulta significativo que desde el lunes muchas de las
obras y lugares donde trabajan inmigrantes estén casi desiertos. Pero también
hay escuelas que permanecen cerradas porque sus responsables no han logrado
arreglar los papeles de sus profesores, a menudo hijos o esposas cuyos visados
avala el cabeza de familia en vez del empleador. La prensa local se hace eco de
inmigrantes que han optado por no salir de casa para evitar las anunciadas
redadas de la policía. Quienes no tengan los papeles en regla se arriesgan a la
detención, hasta dos años de cárcel o una multa de 100.000 riales (unos 20.000
euros) y la deportación.
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