La asociación La Comuna reivindica la investigación de las torturas del franquismo
DIEGO BARCALA MADRID 08/01/2012 08:00 Actualizado: 08/01/2012 11:02
Tan sólo dos
años después de la caída del muro de Berlín, el escritor alemán Georg Dreyman
acude a los archivos de la Stasi, la poderosa policía secreta de la antigua
RDA, a comprobar quién era el policía encargado de espiarle, qué escribió sobre
él, qué sabía de su vida... La conocida escena pertenece a la película La
vida de los otros (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) y representa la
ruptura con el pasado que España no hizo en su transición. Los expresos
políticos españoles no sólo desconocen qué fue de sus informes policiales sino
que los que ordenaron su elaboración, los utilizaron para condenarlos, los
encarcelaron y hasta les torturaron siguieron en sus puestos o incluso
fueron condecorados por el nuevo régimen democrático.
El próximo
21 de enero se presenta la asociación de expresos del franquismo La Comuna.
Militantes de la Liga Comunista Revolucionaria, el FRAP (Frente Revolucionario
Antifascista y Patriota), el PCE o la prehistórica ETA VI Asamblea que reclaman
la nulidad de sus juicios y sentencias como un hecho que va más allá de un
simple reconocimiento moral a su lucha por la democracia. "Los tres
presidentes que tuvo el TOP (Tribunal espacial de Orden Público o represión en
vigor desde 1963 a 1977) se reintegraron en el Tribunal Supremo y los 11 jueces
acabaron haciendo sus carreras en la Audiencia Nacional y en las Audiencias
Provinciales", ejemplifica José María Galante, militante de la Liga
Comunista Revolucionaria que fue detenido cuatro veces entre 1968 y 1973.
Como
asociación tienen un símbolo. No es otro que la desaparecida cárcel de Carabanchel,
por donde pasaron miles de presos políticos y ahora mismo no hay una simple
placa que los recuerde. "Hace tres años apareció por ahí Rubalcaba
diciendo que corría mucha prisa construir sobre la cárcel. Y hoy sigue siendo
un solar. Tenían mucha prisa por hacer desaparecer los muros", explica
Galante, conocido por todos como Chato.
"Lo
mejor es que en la puerta del edificio una pancarta dice: Bienvenidos",
recuerda sobre la sede de la Stasi de La vida de los otros Luis Roncero,
de 69 años, exmilitante del FRAP y que pasó cuatro años detenido en la cárcel
de Carabanchel. Miles de militantes antifranquistas como Roncero, condenados
por los tribunales ilegales e ilegítimos durante los años sesenta y setenta,
nunca han confiado en la Justicia española para reclamar responsabilidades por
las tropelías franquistas. "Estamos encandilados con la querella de
Argentina porque es la única vía donde puede haber justicia. Aquí ya sabemos que
no la va a haber. Y ya se ha visto en casos como el de Grimau o Humberto Baena
que se da por causa juzgada", opina Galante.
Las torturas
sufridas por esta generación de entonces jóvenes que heredaron de sus padres
derrotados en la Guerra Civil la dignidad, el coraje y la persistencia han
quedado impunes. "Yo caí en Santander y me libré de las palizas porque
me pusieron contra un muro y me pegaron un tiro en la espalda que me
atravesó los pulmones. Como le gustaba decir a Franco, no hay mal que por bien
no venga", ironiza el exmilitante de ETA de 68 años, Enrique Guesalaga.
"En mi
pueblo, en Eibar, donde todo el mundo hablaba en euskera, te castigaban si lo
hablabas y antes de cada partido de pelota en el frontón te hacían cantar el Cara
al sol. Esa es nuestra generación", explica Guesalaga, condenado en el
proceso de Burgos a 50 años de prisión por un delito de terrorismo. Con la Ley
de Amnistía de 1977 salió en libertad. "La gran trampa de la
Transición", califica a esta norma su compañero Josu Ibargutxi, de 62
años. "Por 800 presos que había entonces en las cárceles, consiguieron
aprobar una ley de punto final", añade Ibargutxi.
Detenido en
coma
Una
selección de expresos reunidos en un bar irlandés junto a la antigua sede del
TOP, ahora Tribunal Supremo, en Madrid, describen a Público cómo fueron
sus detenciones. "Yo caí detenido como activista en abril de 1968, antes
incluso del mayo francés, por acudir a desactivar un artefacto que la organización
había decidido poner en la delegación de uno de los aparatos de propaganda
franquista más importante de entonces, que era el periódico El correo
español. Fui a desactivarlo para evitar que hiriera a alguna persona que
pudiera pasar y me explotó en el morro. Me quedé malherido y en coma. Por eso
evité las torturas de la comisaría", describe Ibargutxi.
Cuando
recuperó sus facultades, Josu fue sometido a los temidos interrogatorios.
"Como no cantaba todo lo que querían, me amenazaban con hacerme pasar por
las manos de Melitón Manzanas, el temido torturador franquista, que en
agosto la organización decidió ejecutar", recuerda. El Gobierno de
José María Aznar condecoró en 2001 a Manzanas con la Medalla de Oro al Mérito
Civil.
El grado de
las palizas dependía del momento de la detención. Valentín García, de 68 años,
fue detenido el 29 de enero de 1969, en pleno estado de excepción por la muerte
días antes del estudiante antifranquista Enrique Ruano. "Estuve 15 días
detenido e incomunicado. Me ataban a la silla y me desnudaban por el efecto
psicológico. Me pegaron noche y día, aunque ni me acuerdo de qué horas
eran", recuerda.
Los expresos
del tardofranquismo se reconocen a sí mismos como una organización huérfana de
padres políticos. El PSOE apenas contó con presos en la Transición y el PCE
"se olvidó de los suyos", como destaca Galante. "La frase que
define ese olvido es la de Santiago Carrillo cuando dice que el PCE ya ha enterrado
a sus muertos", explica (Marcelino Camacho aseguró en 1977 que el PCE
había "enterrado sus muertos y sus rencores"). "¡Con todos los
que todavía tienen desaparecidos en cunetas!", exclama Guesalaga.
Tres décadas
después de la Ley de Amnistía, los expresos se preguntan por qué no la han
debatido hasta ahora. "Cuando salimos, pensábamos en el futuro. Éramos
gente joven, nuestra generación no es la que vivió la guerra y teníamos muchos
proyectos por hacer. El objetivo era derrocar a la dictadura. Queríamos romper
con el sistema y transformarlo. Buscábamos la emancipación social. La
Transición fue una trampa que hizo perdurar el sistema", analiza Acacio
Puig, de 63 años, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria.
Puig pide un
té y sonríe a Chato al recordar sus tiempos entre rejas. "Tomábamos
siempre té. Era como un ritual", recuerda de sus días en Carabanchel.
Acacio cayó en 1973 en un piso de Vallecas donde su organización tenía un
almacén de propaganda electoral. Tras pasar por los calabozos de la Dirección
General de Seguridad en la Puerta del Sol, tuvo un juicio militar. "Me
metieron 13 años por asociación ilícita, propaganda ilegal y añadieron
terrorismo porque les interesaba por haber sido un juicio militar",
concluye.
Si hay algún
personaje de los calabozos que todos recuerdan es Saturnino Yagüe, jefe de la
Brigada Político Social, excombatiente de la División Azul que falleció en 1978
después de haber recibido una medalla al mérito policial, entre otras
condecoraciones. "Fue el que refinó las torturas. Hasta entonces eran muy
borricos y este refina los métodos", añade Puig.
Perfil del
funcionario
"El
perfil del jefe de las prisiones cambia. Ya no son gente acostumbrada a sacar a
fusilar cada día a un puñado de presos. A partir de los setenta saben que no se
puede hacer eso. Por ejemplo, el jefe de la prisión en Segovia nos permitía
tener equipos de música. Bueno, y además, con tal de que no hiciéramos ruido,
nos dejaba en paz hasta tal punto de que preparamos dos fugas
consecutivas", apunta Chato. "Nuestra gran reclamación era el
estatuto del preso político. Nunca lo conseguimos, pero éramos tratados como
presos políticos", matiza Ibargutxi.
Con un
proceso de anulación de una sentencia, los expresos aspirarían a tirar de la
manta de miembros de la brigada político social, guardias civiles o incluso de
jefes de prisiones. Acacio apunta a alguno de esos funcionarios de prisiones
como represores: "Javier Cabezudo Hernández, director de Carabanchel, José
Manuel de la Fuente, de Soria, Antonio Rodríguez Alonso, del Puerto de
Santamaría, o Prudencio de la Fuente, de Burgos".
Todos
coinciden en señalar que las peores experiencias que se vivieron en las
cárceles fueron sufridas por los jóvenes. "Éramos unos 15 presos políticos
de menos de 20 años. Nos juntaron con el resto de presos comunes que nos
hicieron la vida imposible dirigidos por los funcionarios. No podíamos mantener
ni la comida por la mafias que se formaban. Cómo sería que, cuando me
trasladaron al módulo de adultos, creía que eso era la libertad", recuerda
Ramiro, ex del reformatorio de Carabanchel.
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