El Gobierno se ve obligado a disculparse tras el fallo
judicial sobre la nuera de Juan Gelman
ALEJANDRO
REBOSSIO Buenos Aires 17 ENE 2012 - 19:16 CET
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| Mandos da ditadura |
Uruguay organizará entre el 20 y 27 de marzo un acto en el que pedirá
perdón a las víctimas de la dictadura
cívico-militar que asoló a este país sudamericano entre 1973 y 1985.
El Gobierno de José Mujica fue obligado a pedir disculpas por un fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de febrero pasado sobre el caso de la
desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta argentino
Juan Gelman y madre de Macarena, que fue uno de los bebés robados por los
regímenes sudamericanos y que recuperó su identidad en 2000, después de vivir
23 años en manos de un comisario policial uruguayo.
“La idea es que se pida perdón a todos los detenidos-desaparecidos en las
figuras de Macarena y Juan Gelman”, comentó el ministro de Relaciones
Exteriores de Uruguay, Luis Almagro. En este país de 3,3 millones de
habitantes, unas 200 personas desaparecieron durante la dictadura, que montó
operaciones coordinadas con otros regímenes de Sudamérica, en lo que se llamó
el Plan Cóndor. Fue así que Marcelo Gelman, hijo del galardonado con el premio
Cervantes, y su esposa María Claudia fueron detenidos en Argentina; él fue
asesinado allí y ella, embarazada, fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a
Macarena. La niña fue entregada a un policía y su madre sigue desaparecida.
"Estamos coordinando esta semana con Macarena Gelman la fecha del acto
reparatorio de la víctima", comentó Almagro. Aún no se sabe si participará
el presidente
Mujica, un exguerrillero tupamaro que estuvo preso más de 12 años
durante el régimen.
La CIDH condenó al Estado uruguayo por la falta de investigación de la
desaparición de la nuera de Gelman y ordenó que se juzgase a los responsables y
se continuase con la búsqueda de sus restos. El tribunal también ordenó que se
indemnizara con 510.000 dólares (400.000 euros) y una reparación simbólica a
Macarena Gelman. La sentencia también estableció que la ley de caducidad, que
amnistiaba a los criminales de la dictadura, era incompatible con la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. Fue así que en octubre pasado el Parlamento
uruguayo derogó aquella ley, después de dos referendos en los que la
población la había ratificado, en 1989 y 2009.
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