La impunidad
de los atroces delitos de EEUU contrasta con la persecución de los que cometen
países periféricos
GONZALO BOYE
TUSET 11/01/2012
Al cumplirse
diez años de la transformación de Guantánamo en un centro de detención y
torturas es un buen momento para plantearnos tanto la necesidad de exigencias
de responsabilidades por los delitos allí cometidos como la existencia de un
doble rasero en materia de derechos humanos por parte de las grandes potencias.
La "guerra contra el terror" iniciada por George W. Bush no ha sido
más que un eufemismo para entronizar la comisión a escala universal de los más
atroces delitos internacionales que, ahora, se pretende queden impunes.
A estas
alturas sobra explicar lo que ha sido y es Guantánamo: las historias de los
presos son múltiples basta conocer la de alguno, como la del turcoalemán Murat
Kurnatz, para comprender lo aberrante de la existencia de Guantánamo y las
justificaciones de los perpetradores, variadas y algunas sorprendentes, por
inad-misibles, como las de la coronel jurídica Diane Beaver.
Tampoco
debería bastarnos la promesa e intención pos-electoral del presidente de EEUU,
Barack Obama, cuando anunció hace casi dos años el cierre de un centro por
cuyas celdas e instalaciones diseñadas para la tortura han pasado más de 779
presos, de los cuales hoy quedan unos 196, y de estos últimos ya se ha acordado
que 89 sean trasladados nuevamente a sus casas o a terceros países, pero siguen
allí sin juicio, sin cargos y sin justicia.
Después de
una década de ignominiosa existencia, de este y otros centros de detención y
tortura, deberíamos plantearnos la necesidad de exigencia de responsabilidades;
de hecho, se está haciendo en diversas jurisdicciones que cuentan con los
mecanismos necesarios para ello. Lo lamentable es que allí donde se ha
pretendido, la respuesta ha sido siempre la misma: nadie quiere investigar.
En España
hemos iniciado dos procesos para la exigencia de responsabilidad penal a los
torturadores; uno contra los asesores legales de Bush, que idearon el andamiaje
legal que ha hecho posible el laberinto que no limbo jurídico de Guantánamo y
otro contra los responsables directos de lo allí sucedido. Uno y otro
procedimiento han seguido suertes desiguales.
Una de las
paradojas en las causas por Guantánamo es que quien inició la investigación por
lo allí sucedido fue el juez Baltasar Garzón, ahora pendiente de condena por
investigar los crímenes del franquismo. Dicho proceso sigue su curso gracias a
la dedicación del Juez Pablo Ruz; faltando, para que estemos ante una
investigación y persecución efectiva, la directa imputación de los principales
responsables de los delitos cometidos en esa base naval.
Proceso
bloqueado
El otro
proceso, tal cual nos enteramos por Wikileaks, contra los asesores legales de
Bush ha sido inadmitida a trámite, archivada y cursada de inhibición por el
juez Eloy Velasco, quien en abril de 2011 hizo exactamente lo que, según
Wikileaks, le habría ofrecido a las autoridades norteamericanas un año antes,
en abril de 2010, por aberrante que parezca desde la perspectiva procesal. Esta
medida está recurrida y aún no se halla resuelta pero sí podemos concluir que
la actitud de las autoridades españolas ha sido la misma que en Alemania, en
Suiza, en Bélgica y en otros muchos países donde se ha intentado: nadie quiere
investigar ni molestar a los poderosos, garantizándoles, así, una indeseable
impunidad.
Por el
contrario, cuando los crímenes de lesa humanidad o los de guerra los cometen
los gobiernos de países periféricos, entonces todo el peso de la Justicia penal
internacional cae sobre sus perpetradores; eso sí, sólo sucede una vez que han
sido defenestrados o han caído definitivamente en desgracia ante occidente.
Un buen
ejemplo de este doble rasero del que hablamos lo podemos encontrar en el caso
del libio Gadafi; mientras fue útil a los intereses de las grandes potencias se
le permitió todo y más. Cuando comenzó a ser un problema real o un
inconveniente para los intereses de occidente no sólo se le atacó militarmente
sino que, además, se activaron los mecanismos de represión con la propia Corte
Penal Internacional (CPI) a la cabeza, realizándose una investigación cuasi en
"tiempo real", como ha dicho una responsable de la misma.
Contratos en
las jaimas
Nadie podrá
justificar las atrocidades cometidas por Gadafi, ni las cometidas en su contra,
pero mientras presumía de riquezas y repartía contratos y concesiones en una de
sus jaimas con los líderes europeos a nadie parecía importarle los crímenes que
se estaban cometiendo; otro ejemplo del doble rasero con el que se aborda el
problema de los derechos humanos y, ahora, tampoco a nadie le preocupa los que
allí en Libia siga sucediendo.
La actuación
de la CPI en el caso de Gadafi es una buena demostración de que existen
instrumentos de represión penal para los más graves crímenes contemplados en el
derecho penal internacional; lamentablemente, también ha sido un buen ejemplo
de la existencia de dos varas de medir dependiendo no de la gravedad del hecho
sino de la nacionalidad y posición de su autor.
Los
crímenes más atroces que afectan a la comunidad internacional han de ser
perseguidos con independencia de quién los cometa y ello porque no afligen sólo
a la víctima directa que los padece sino al conjunto de la sociedad
internacional y, también, porque así se evitan paradojas como la que estamos
viviendo en España, por la cual el único condenado por los crímenes del franquismo
terminará siendo quien quiso investigarlos.
El presidente de EEUU acaba de autorizar la detención indefinida de
sospechosos
FERNANDO RAVSBERG La Habana 11/01/2012
Hace hoy
diez años desembarcaban los primeros prisioneros de la "guerra contra el
terror" en el campo de reclusión de Guantánamo. Ese día, desde las
montañas de Cuba, un grupo de corresponsales extranjeros contemplábamos su
llegada. Vistos desde los lentes de nuestras cámaras los detenidos parecían muy
pequeños, avanzando encadenados entre sus enormes custodios militares. Aún
nadie sabía a ciencia cierta cuál sería el destino de aquellos hombres que
veíamos bajar de los aviones.
Eran los
"combatientes enemigos", una nueva raza carente de los derechos
básicos que gozamos los demás seres humanos. Ellos pueden ser capturados sin
pruebas, secuestrados, trasladados clandestinamente, torturados y detenidos sin
juicio por siempre. La clasificación jurídica se le ocurrió al mismo presidente
que legalizó el uso de la tortura. Toda una política que el Obama candidato
prometió cambiar, recibiendo el apoyo de la mayoría de los estadounidenses y de
la comunidad internacional.
Cuando
asumió la presidencia le dijo al mundo que, en el futuro, lo que se haga en la
lucha contra el terrorismo sería diferente: "Lo vamos a hacer de forma que
sea consecuente con nuestros valores y nuestros ideales". El 22 de enero
de 2009, en su segundo día en la Casa Blanca, emitió una orden ejecutiva en la
que decretaba el cierre definitivo del campo de prisioneros de Guantánamo en el
plazo máximo de un año. Otras órdenes firmadas ese mismo día por el flamante
presidente convertían en ilegal la tortura y también todo el programa de la CIA
que permite retener en prisiones secretas, sin control judicial y durante años,
a los sospechosos de terrorismo.
Sin embargo,
el tiempo pasó y las órdenes de Obama no se cumplieron.
Es más, el
presidente acaba de firmar una ley que da total libertad al Gobierno de EEUU
para detener a sospechosos de forma indefinida sin importar que sean ciudadanos
extranjeros o estadounidenses. Lo curioso es que Obama asegura no estar de
acuerdo con aspectos claves de la ley. Declaró que la firmó "a pesar de
tener importantes reservas con ciertas disposiciones que permiten la detención,
interrogación y acusación de sospechosos de terrorismo".
Los cables
secretos del Pentágono revelados por Wikileaks confirman que el 60% de los
arrestados fueron conducidos a Guantánamo sin pruebas concluyentes en su
contra. Bastaba con que los considerasen una "probable" amenaza a
EEUU, también si "quizás" pudiera serlo y a veces hasta cuando creen
que es "improbable".
Entre otros
casos, detuvieron en Guantánamo como "combatientes enemigos" a un
anciano de 89 años con demencia senil y depresión, cuyo único delito fue tener
un teléfono satelital en su casa, a otro que tenía un primo en la Yihad y a un
tercero por transitar rutas que usan los talibanes. Pero casi ninguno pudo
probar su inocencia porque sólo el 1% de las 779 personas que pasaron por el
campo de prisioneros fueron juzgados. Al menos una docena eran menores de edad,
8 murieron en la cárcel, seis de ellos por suicidios.
En un
congreso en España, un colega de un gran medio madrileño nos dijo que le
importaba más la vida de un cubano que la de cien negros. Pero según la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos son para todos, incluso
para los africanos, los indígenas, los asiáticos y los árabes.
Son también
para quienes piensan diferente, para los que actúan fuera de la ley e incluso
para aquellos que utilizan la violencia extrema contra civiles inocentes. Todos
deberían tener derecho a un trato digno, a un juicio justo y a una verdadera
defensa.
Sin
embargo, parece que a los corresponsales extranjeros que teníamos la esperanza
de volver a las montañas para ser testigos de la salida de los últimos presos
de la base militar de EEUU nos toca esperar. Es más, con la nueva ley que el
presidente Obama acaba de firmar habrá que prepararse incluso para ver cómo, en
un futuro no muy lejano, los afganos comparten sus celdas en Guantánamo con
ciudadanos estadounidenses.
Ningún comentario:
Publicar un comentario