El
presidente de EE UU firma la discutida ley, impuesta por el Senado en
diciembre, y al mismo tiempo afirma que no está "de acuerdo con todo lo
que contempla"
David
Alandete Washington 1 ENE
2012 - 01:03 CET
Aprovechando
las últimas horas del año, y desde su retiro vacacional en Hawaii, el
presidente de Estados Unidos firmó ayer una polémica ley de defensa que
permite, entre otras cosas, la detención y custodia de sospechosos de
terrorismo por parte del Ejército y que prohibe por espacio de un año fiscal la
transferencia de presos de Guantánamo a suelo norteamericano para ser juzgados.
Barack Obama lo hizo expresando su escepticismo y recurriendo a un método poco
común en su Administración: un comunicado en el que anunció la entrada en vigor
de la ley y en el que, a la vez, deploró sus disposiciones.
“El
hecho de que yo apoye esta ley en su conjunto no significa que esté de acuerdo
con todo lo que contempla”, dijo el presidente en ese comunicado. “En concreto,
he firmado la ley a pesar de tener serias reservas con algunas disposiciones
que regulan la detención, interrogatorio y enjuiciamiento de supuestos
terroristas. En los últimos años, mi Administración ha desarrollado un marco
eficaz y sostenible para la detención, el interrogatorio y enjuiciamiento de
sospechosos de terrorismo, que nos permite maximizar nuestra capacidad de
recabar información y de incapacitar a sujetos peligrosos en situaciones de
rápido desarrollo, y los resultados que han logrado son innegables”.
Obama
ha tenido que firmar una ley con la que no está de acuerdo porque la finalidad
general de esa norma es financiar en parte a las tropas y la guerra de
Afganistán. La ley contempla una inversión de 662.000 millones de dólares
(511.000 millones de euros) en el año fiscal 2012, que acaba en octubre.
Además, esa norma amplía las sanciones sobre el banco central de Irán, en
respuesta a los avances del régimen de los ayatolás en materia nuclear. La Casa
Blanca ha dicho que buscará suavizar esas sanciones, para evitar más
incrementos del precio del crudo, que en los pasados días superó los 100
dólares por barril.
La
ley la aprobó el Senado el pasado 15 de diciembre, en un mayoritario voto de 86
congresistas a favor y 13 en contra, con demócratas y republicanos en ambos
bandos. La provisión más polémica es la que recoge el apartado 1021, la
“afirmación de la autoridad de las fuerzas armadas de EE UU para detener a las
personas cubiertas por la autorización del uso de la fuerza militar”. Eso
significa que a los sospechosos de terrorismo los puede detener el Ejército
“sin juicio y hasta que acaben las hostilidades”. Según está redactada, la ley
permite laEjército detención de ciudadanos norteamericanos en suelo nacional de
EE UU.
Obama
rechaza la medida en su comunicado: “Quiero clarificar que mi Administración no
autorizará el uso de las detenciones militares indefinidas sin juicio a
ciudadanos norteamericanos”. La Casa Blanca logró que el Congreso modificara la
ley en otra provisión, la número 1022. Ésta contemplaba inicialmente la
detención militar de sospechosos de terrorismo extranjeros, y le privaba al
presidente de la potestad de llevar a esos detenidos a juicio en tribunales
civiles. Después de intensas negociaciones, Obama logró que se aprobara un apéndice
que le permite pedir permiso al Congreso para juzgar a los supuestos
terroristas por la vía civil, si demuestra que eso obrará en beneficio de la
nación.
Todas
esas disposiciones de la nueva ley, sin embargo, complican la labor de
organismos como el FBI, la policía judicial, que se encarga de investigar y
detener a sospechosos de terrorismo en suelo norteamericano, sin que importe si
son ciudadanos norteamericanos o no. A partir de ahora, teóricamente, tiene
prioridad en su arresto el Ejército.
La
ley, además, supone un golpe a las intenciones de Obama de cerrar el centro de
detención de la base naval de Guantánamo. Prohíbe, concretamente, el uso de
fondos para trasladar a supuestos terroristas que aguardan juicio de esa base
en la isla de Cuba a suelo nacional norteamericano durante el ejercicio fiscal
2012. En principio, la Casa Blanca quería juzgar a los ideólogos de los
atentados del 11-S, Khaled Sheikh Mohammed entre ellos, en juzgados de
Manhattan, algo que no pudo culminar debido a la presión política.
“Me
opongo a esa provisión”, dijo Obama, “porque se entromete en la autoridad del
poder ejecutivo de determinar cuándo y dónde se debe juzgar a los detenidos en
Guantánamo, sobre la base de las circunstancias de cada caso y de los intereses
de nuestra seguridad nacional”.
A
pesar de las reservas manifiestas de Obama, esas provisiones son ahora legales,
algo que provocó ayer en enfado de las agrupaciones de defensa de los derechos
civiles. “Las acciones de hoy del Presidente Obama han malogrado su legado
porque ahora se le recordará para siempre como el presidente que ratificó la
detención indefinida sin que se presenten cargos o sin juicio”, dijo ayer
Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union. “Es un
estatuto particularmente peligroso, porque no tiene limitaciones temporales o
geográficas, y pueden usarlo éste y futuros presidentes para ordenar la
detención militar de personas capturadas lejos del campo de batalla”.
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