La Constitución de 1812 fue un icono liberal, que celebra
su bicentenario aligerada de su halo mítico por los historiadores
TEREIXA CONSTENLA - Madrid - 09/01/2012
"Fue mítica a pesar de que estuvo pocos años
vigente porque marcó dos pasos decisivos que son la base del sistema político
liberal: la soberanía nacional y la división de poderes", reflexiona
Emilio La Parra, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Alicante. "No se puede decir que es el inicio de la democracia, porque no
reconoce derechos políticos a todos, excluye a las mujeres, a los indígenas, a
los negros y a los esclavos, pero probablemente sea uno de nuestros textos
jurídicos referenciales", añade.
El Consorcio del Bicentenario de la Constitución de
1812 conmemora con múltiples actividades los dos siglos desde la aprobación de
un texto que, según el presidente del organismo, Francisco Menacho,
"estableció que las personas dejasen de ser súbditos y pasasen a ser
ciudadanos". Por vez primera la soberanía reside "en la nación",
aunque el catedrático La Parra aclare que la soberanía "popular",
base de la democracia, no se reconoce hasta 1931.
A la efeméride se llega después de unas décadas de
revisiones historiográficas que han puesto las cosas en su sitio. En 1812, como
ya se ha dicho, no nació la democracia aunque se asentaron pilares de un modelo
político que rompía con el antiguo régimen. A pesar de que solo se aplicó 15
meses en un territorio que convalecía de una guerra de liberación contra
Napoleón y, de nuevo fugazmente, entre 1820 y 1823, se incrustó en el
imaginario liberal y popular como icono de la libertad. "Tiene una carga
simbólica muy fuerte, durante el XIX y el XX encarnó una idea del mito
democrático, aunque tuviese resabios del siglo XVIII", sostiene Isabel
Burdiel, premio Nacional de Historia en 2011 por su biografía sobre la reina
Isabel II (Taurus). "Es una Constitución que hace de puente, se plantea
los derechos y la idea de ciudadanía (masculina), pero su mundo de reflexión
pertenece al XVIII", añade.
"Hoy sabemos que la Constitución se lee mucho
más acertadamente si se advierte que en ella hay más de mantenimiento del
tradicional mundo de las corporaciones y de los pueblos del antiguo estado
jurisdiccional, que de establecimiento de un Estado liberal de nueva
planta", plantea Javier Barrientos, miembro de la Academia chilena de la
Historia.
Del pasado se arrastra igualmente la monumental
injerencia eclesiástica: la nación se declara católica, se prohíbe el culto de
cualquier otra religión y se otorgan fueros privilegiados al clero. Sobre La
Pepa, mote acuñado por la fecha de su aprobación (19 de marzo de 1812, san
José), elegida a su vez como guiño al rey Fernando VII que arrancó su reinado
el 19 de marzo de 1808, han corrido algunos bulos históricos inherentes a los
mitos. A la ya falsa idea de que fue la primera constitución democrática
española, se suman otras como la prohibición de la Inquisición. Emilio La
Parra, que hizo su tesis doctoral sobre el tema, es rotundo: "Es mentira.
La Inquisición se suprime el 23 de febrero de 1813, casi un año después, aunque
es verdad que los diputados se plantean la supresión de la Inquisición tomando
como punto de partida la Constitución de 1812".
En su artículo 303, la Carta Magna aprobada en Cádiz
prohibía expresamente las torturas a los detenidos, lo que casaba mal con las
técnicas usadas en procesos inquisitoriales. La protección del individuo es una
de las premisas jurídicas que recorre el espinazo del texto gaditano. En
España, sin duda supone la primera consagración de los derechos humanos
(entendidos en su contexto histórico, esto es, sin mujeres, negros ni indios).
Se reconocen la libertad de expresión e imprenta y otros derechos como el de
propiedad o la seguridad personal. Se establece como objetivo del Gobierno
"la felicidad de la nación".
"La consecución de la felicidad es una de las
utopías de la Ilustración", explica Alberto Ramos, catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Cádiz y coordinador de un proyecto de
investigación de historia comparada. "Cádiz se convirtió en una escuela
política que influyó en América y Europa, como modelo de un país que lucha por
su independencia contra un ejército invasor y al tiempo es capaz de hacer una
revolución política", indica Ramos.
Para el historiador chileno Javier Barrientos, el
momento más relevante para la América hispana arranca con la convocatoria de
las Cortes porque introduce la discusión política entre las élites para elegir
a sus diputados y porque el debate sobre la Constitución permite discutir
"cuestiones americanas que habían permanecido en el olvido: se es
consciente de la existencia de una mayoría de población indígena respecto de la
cual hay que tomar una posición política frente a su declaración como
ciudadanos, se es consciente de la diversidad americana, de la existencia de
castas, se es consciente del peso económico de América en la
monarquía...". Contribuyó en muchos casos, añade, a los procesos de
independencia. En el caso de Chile, fue uno de los textos que nutrieron la
Constitución liberal de 1828. Hasta aquí lo real, pero el mito tuvo tal auge
que hasta Albert Camus situó en el Cádiz de la época su obra El estado de
sitio.
Al servicio de la felicidad y el civismo
- Artículo 3. La soberanía reside esencialmente
en la nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de
establecer sus leyes fundamentales.
- Artículo 13. El objeto del Gobierno es
la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no
es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
- Artículo 303. (...) No se usará nunca del
tormento ni de los apremios.
- Artículo 339. Las contribuciones se
repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin
excepción ni privilegio alguno.
- Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía
se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los
niños a leer, escribir y contar; y el catecismo de la religión católica,
que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
- Artículo 371. Todos los españoles
tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin
necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación,
bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.
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