El hijo de un desaparecido en 1936 lleva el caso al
Tribunal de Estrasburgo
 |
| Fausto cunha foto do seu pai |
Un grupo de hombres armados irrumpe a las dos de la madrugada en un hogar
de Pajares de Adaja (Ávila). Dentro, Valerico, su mujer, Virgilia y sus dos
hijos, Victorico y Fausto, de cuatro y dos años, duermen. El grupo saca
violentamente a Valerico de la cama, le ata las manos, lo introduce en una
camioneta y se lo lleva. Virgilia, Victorico y Fausto no volverán a verle.
Ninguna autoridad investigó este secuestro. Nadie intentó buscar a los
responsables ni al desaparecido.
Nadie lo investigó entonces porque ocurrió en 1936; los hombres armados
eran falangistas y a aquella detención ilegal sucedieron 40 años de dictadura.
Pero nadie lo investigó tampoco cuando llegó la democracia y se consolidó y eso
es lo que ha llevado a Fasuto Canales, el niño de dos años que dormía aquella
madrugada del 36 en la habitación de sus padres, a demandar a España ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo por “la violación continuada de
su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva de la desaparición”
de su padre e inclumplir así, según la demanda, de 97 páginas, el Convenio Europeo
de Derechos Humanos.
“Mi padre, jornalero, tenía 29 años cuando nos lo arrancaron de un hogar al
que nunca volvimos", explica Fausto. "Esa misma noche, mi madre nos
llevó a mi hermano y a mí a casa de mis abuelos, que eran pastores, y después
se puso a servir en casas para sacarnos adelante. Apenas la veíamos. Estuvo 30
años de luto. No cobró pensión de viuda hasta 1979 y durante toda su vida fue
incapaz de hablar de él sin llorar. Yo siempre estoy pensando en mi padre. Para
mí ha sido muy frustrante que las autoridades de mi país no me hayan ayudado.
Me entra envidia cuando veo que en Argentina, en Chile, en Yugoslavia... sí ha
sido posible".
Fausto ha acudido a Estrasburgo tras agotar todas las vías judiciales y
administrativas en España. El pasado 27 de febrero el Tribunal Supremo le
cerraba la última puerta con una sentencia sobre la competencia para investigar
los crímenes del franquismo que establece que “la búsqueda de la verdad” sobre
unos hechos “con apariencia de delictivos” es “una pretensión tan legítima como
necesaria”, pero en este caso no es posible “una indagación judicial” por
concurrir “una causa de extinción de la responsabilidad penal, muerte,
prescripción o amnistía”.
El fiscal del Supremo Carlos
Castresana, impulsor, junto a Baltasar Garzón, de los
procesos abiertos en España contra las
juntas militares argentinas y el dictador chileno
Augusto Pinochet, ha incorporado a la demanda de Fausto, realizada
por el equipo de Rights International Spain, un informe pericial en el que
explica la “indefensión” que han sufrido los represaliados del franquismo. “Las
víctimas no ejercen las acciones legales cuando quieren, sino cuando pueden”,
afirma el informe. “El incumplimiento por parte del Estado de su deber de
restablecer la verdad histórica ha condicionado severamente el accionar de las
víctimas españolas. Estas se han encontrado frente a la indiferencia general,
cuando no ante la abierta animadversión de una parte de la opinión pública,
espoleada por algunos medios de comunicación y por algunos representantes
políticos conservadores simplemente porque la mayoría de la sociedad española
desconoce su pasado. Y se han encontrado, lo que es aún peor, con la
incomprensión y el rechazo de las autoridades gubernativas, que han negado
autorización o colaboración para las exhumaciones, y de los jueces, que han
rehusado cumplir con sus obligaciones tanto del derecho interno como del
internacional”.
Castresana explica cómo en Argentina, las demandas de justicia por parte de
las víctimas, se reactivaron precisamente tras los procesos abiertos en España
en aplicación del principio de jurisdicción universal y la derogación de las
leyes argentinas de punto final y obediencia debida, equivalentes a la ley de
amnistía española. Y que cuando vieron que los tribunales españoles abrían
procesos para proteger a las víctimas de las dictaduras del cono sur
latinoamericano, los represaliados del franquismo pensaron que “con mayor razón
deberían hacer otro tanto con las víctimas de su propio país. Sin embargo, la
realidad que se han encontrado es que los tribunales españoles no han podido,
sabido o querido amparar hasta ahora a las víctimas españolas”. Para Castresana
la detención ilegal del padre de Fausto es un delito que no prescribe y que el
Estado español “está obligado a investigar”.
La demanda incluye también un informe pericial realizado por los
antropólogos Francisco Ferrándiz -que investiga para el CSIC desde el año 2002
las políticas de la memoria en España-, Julián López, María García Alonso,
Pedro Tomé y Juan Antonio Flores. El documento expone “la marginación
sistemática” de las víctimas del franquismo, frente al “tratamiento
privilegiado” de las víctimas del bando de los vendedores de la Guerra Civil
(“investigados, exhumados y homenajeados”); la “cultura del miedo” a hablar y
reclamar que instauraron 40 años de férrea dictadura y las “limitaciones a
medio y largo plazo de los pactos políticos de élite, como el caso de la
transición española” a la hora de reparar a las víctimas.
Y finalmente, la demanda incluye un tercer informe pericial realizado por
los psicólogos Guillermo Fouce, Conchi San Martín, Ernolando Parra y Luis
Muiño, que explica “los efectos de la traumatización que se dieron en España
durante la guerra y la posterior dictadura militar”.
Desde que llegó la democracia, y en especial, desde que
se jubiló, en 1999, Fausto ha dedicado cada jornada de su vida a intentar
averiguar qué le ocurrió a su padre. Se ha reunido con ministros, como Ramón
Jáuregui, con representantes de casi todos los partidos políticos; acudió a la
Audiencia Nacional —su denuncia fue una de las que animó al juez Garzón a abrir
la frustrada causa contra los
crímenes del franquismo—, a los juzgados territoriales... y mientras
pedía ayuda a las autoridades administrativas y judiciales, inició una
investigación privada que le permitió averiguar que aquella madrugada de 1936,
en la puerta de su casa esperaban vecinos que habían facilitado a los
falangistas una lista con nombres de simpatizantes republicanos, y que aquella
noche, aportaron, además, las cuerdas que sirvieron para atar las manos de su
padre, de 29 años. Que después, se los llevaron en una camioneta con otros
cinco hombres y una mujer y que los fusilaron en una cuneta en Aldeaseca, a 25
kilómetros. Y que en 1959 , por orden del Régimen, aquella fosa común fue
abierta para trasladar en secreto los restos al Valle de los Caídos. “Todo eso
he averiguado, pero no lo sé con certeza. Quiero que se aclaren los hechos en
sede judicial. Que Estrasburgo obligue a España a localizar y si es posible,
devolverme, los restos de mi padre. No estoy obsesionado con esto, pero sí
determinado a seguir”, asegura Fausto. “Y cuando yo muera, si no lo he
conseguido, seguirán mis hijos”.
Ningún comentario:
Publicar un comentario