Las mujeres deben pagar por la estancia y no cobran por
las tareas realizadas
La mujer, bañada por la luz rosa fluorescente que señalaba que estaba
disponible, recitaba de un tirón los riesgos laborales que existen al trabajar
como prostituta en China: clientes que las maltratan, el fantasma del VIH y las
miradas de odio de los vecinos que desgarran el alma. “Mi vida está llena de
ansiedad”, se lamentaba la mujer, conocida como Li Zhengguo, entre cliente y
cliente hace unas mañanas. “A veces mi corazón se siente culpable por haber
entregado mi cuerpo”.
Pero lo que más teme es una visita de la policía. La última vez que se la
llevaron a la comisaría local, Li fue enviada, sin juicio ni representación
legal, a un centro de detención en la vecina provincia de Hebei, donde pasó
seis meses haciendo flores de papel decorativas y recitando las normas que
castigan la prostitución. Su encarcelamiento en el Centro de Detención y
Educación de Handan acabó con una última humillación: tuvo que reembolsar a la
cárcel sus gastos de estancia, unos 60 dólares (44 euros) al mes. “La próxima
vez que la policía venga a llevarme, me cortaré las venas”, afirmaba Li, una
mujer soltera de 39 años con dos hijos.
Los partidarios de una revisión legal cantaron victoria en noviembre
después de que el Gobierno chino anunciase que aboliría “la reeducación a
través del trabajo”, el sistema que permite a la policía enviar a campos de
trabajo hasta cuatro años, sin juicio, a los delincuentes de poca monta y a las
personas que protestan demasiado por las actividades ilícitas de las
autoridades públicas.
Pero siguen existiendo dos mecanismos paralelos de castigos ilegales: uno
para los que cometen delitos relacionados con las drogas y otro para las
prostitutas y sus clientes. “Se siguen produciendo abusos y torturas, solo que
de una forma diferente”, señala Corinna-Barbara Francis, una investigadora
sobre China de Amnistía Internacional.
El turbio sistema penal para las prostitutas, “detención y educación”, se
parece sorprendentemente a la reeducación a través del trabajo. En los centros
dirigidos por el Ministerio de Seguridad Pública se encierra a las mujeres
hasta un máximo de dos años, y a menudo se les exige que trabajen duro en
talleres siete días por semana sin sueldo, para fabricar juguetes, palillos
desechables y pañales para perros, algunos de los cuales, según dicen las
mujeres, se empaquetan para ser exportados. Los clientes masculinos también son
encarcelados en estos centros, pero en un número mucho más pequeño, según un
informe publicado el mes pasado por Asia Catalyst, un grupo de defensa de los
derechos humanos.
Las mujeres que han pasado por alguno de los 200 centros de detención y de
educación del país afirman que sus guardias les cobran unas cantidades elevadas
de dinero y son violentos.
Xiao Lin estuvo encarcelada seis meses
Al igual que con la reeducación a través del trabajo, la policía impone
penas de cárcel y de educación sin juicio y con pocas posibilidades de
recurrir. “Es arbitrario, abusivo y desastroso en lo que se refiere a salud
pública”, señala Nicholas Bequelin, un investigador de Human Rights Watch que
publicó un informe el año pasado sobre los peligros a los que se enfrentan las
mujeres que trabajan en el floreciente comercio sexual chino. “Es otra parte
corrupta del sistema legal chino, y debería suprimirse”.
El informe de Asia Catalyst describe la detención y la educación como una
inmensa empresa lucrativa que se hace pasar por un sistema para rehabilitar a
las mujeres. Los centros de detención, que fueron creados por la legislatura
china en 1991, están dirigidos por agencias de seguridad pública locales, que
tienen la última palabra sobre las penas. Algunas exreclusas aseguran que las
autoridades policiales exigen a veces sobornos para poner en libertad a las
detenidas.
El Gobierno no publica habitualmente estadísticas sobre el programa, pero
los expertos calculan que cada año se envían entre 18.000 y 28.000 mujeres a
los centros de detención. A las reclusas se les exige que paguen la comida, los
reconocimientos médicos, la ropa de cama y otros artículos básicos como el
jabón y las compresas, y la mayoría de las mujeres se gastan unos 400 dólares
(casi 300 euros) por una estancia de seis meses, señala el informe.
“A las que no podían pagar solo les daban bollos cocidos al vapor para
comer”, contaba una mujer a Asia Catalyst.
En algunos centros, se exige a los visitantes que paguen una entrada de 33
dólares (24 euros) para ver a los familiares encarcelados.
Los que han estudiado el sistema aseguran que los organismos de seguridad
pública locales obtienen unas ganancias considerables con un trabajo que es
básicamente gratuito.
El planteamiento del Gobierno chino con respecto a la prostitución es
contradictorio. Después de la victoria comunista en 1949, Mao Zedong convirtió
en prioritaria la rehabilitación de las prostitutas, que los comunistas
consideraban víctimas de la explotación capitalista. Durante sus primeros años
en el poder, erradicó realmente el comercio, pero la introducción de reformas
de mercado a principios de la década de 1980 provocó el resurgimiento de la
prostitución, y según un informe de Naciones Unidas, se calcula que en los
últimos años hasta seis millones de mujeres trabajaban en la industria sexual.
Actualmente, las ciudades chinas están repletas de supuestos salones de
peluquería con habitaciones traseras separadas por cortinas en las que no se
ven tijeras; en los karaokes de lujo, las jóvenes empleadas hacen las veces de
prostitutas. Muchas de ellas dicen que a menudo se paga a la policía para que
haga la vista gorda.
Pero esa aparente permisividad desaparece durante las campañas periódicas
de mano dura en las que se detiene a un gran número de prostitutas, con
frecuencia antes de reuniones políticas importantes. Un mando policial en la
provincia de Liaoning aseguró a Asia Catalyst que se exigía a los Ayuntamientos
y a los municipios cumplir unos cupos, lo que daba lugar a batidas contra el
vicio para volver a llenar los talleres de las cárceles.
Con la colaboración de Shi Da.
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