RAÚL SOLÍS / Sevilla / 2 Ene 2014 eldiario.es
En 1980, en una España con una recién creada arquitectura democrática y un
alma franquista con solera, un grupo procedente de Valencia compuesto por dos
hombres y dos mujeres -tres de Málaga y uno de Valencia- abrió en Sevilla un
centro de planificación familiar clandestino. Se practicaron 432 abortos, de no
más de 12 semanas de gestación, hasta que la policía descubrió que las mujeres
estaban siendo libres por encima de las posibilidades de la época. Andalucía,
junto a Valencia, fue vanguardia en la defensa del derecho a decidir de las
mujeres en todo el Estado.
El 9 de enero de 1980, en el número 29 de la sevillana calle Mateos Gago,
muy cerca del Palacio Arzobispal, se instalaron cuatro personas que ya habían
puesto en marcha tres grupos abortistas en Valencia. Su compromiso feminista
los llevó a exportar la experiencia a Andalucía. El objetivo era facilitar a
las mujeres la posibilidad de decidir sobre su maternidad aminorando los
riesgos de las prácticas abortivas caseras que mataron a no pocas jóvenes.
El grupo se ganó las complicidades de los partidos de izquierdas,
sindicatos, colectivos feministas y de médicos progresistas. Un salvoconducto
permitía agilizar los trámites de ingreso en el Hospital Macarena en caso de
que se complicara algún aborto. Afortunadamente, nunca hubo que usar el
talonario de ingresos en blanco que los médicos progresistas dejaron en el
Centro de Planificación Familiar Los Naranjos.
“Nunca ocurrió ninguna complicación”, asegura José Ángel Lozoya, que llegó
a una Sevilla “culturalmente muy pobre” y en la que “había apellidos que pesaban”.
Este hombre, que actualmente tiene 62 años, se enamoró de una sevillana y es el
único que, tras el cierre de la clínica y el megaproceso judicial, sigue
viviendo en la capital andaluza.
La heroicidad solamente duró nueve meses. El 20 de octubre de 1980, una
espectacular operación policial se saldó con 25 detenidos, se abrió un
macroproceso judicial que duró 13 años y acabó con 5 condenados que fueron
indultados en 1994 por el último Ejecutivo de Felipe González.
LOS INICIOS
Todo comenzó gracias a Françoise, una feminista francesa que fue clave en
la implantación de los tres grupos valencianos y del centro sevillano. Una
emigrante valenciana, que trabajaba en una factoría de Renault en Francia,
contactó con Françoise. La mujer valenciana, militante de izquierdas, le contó
a la francesa las vicisitudes por las que estaban atravesando las españolas que
querían interrumpir su embarazo.
La mujer francesa cruzó los Pirineos con instrumental médico y recaló en
Valencia, donde contactó con las personas que la trabajadora de la factoría de
Renault le había dicho. A Lozoya le pidieron su piso y éste lo cedió para
practicar abortos. “Ahí empezó todo. Era militante antifranquista y colaboraba
con todo lo que fuera libertad”, detalla este hombre que se crió en el exilio y
al que se le ilumina la cara cuando habla de libertad.
Lozoya habilitó una sala de espera en su piso convertido en una improvisada
clínica abortista. Ofreció refrescos y algunos frutos secos a las mujeres
y acompañantes que esperaban su turno. “¿Quieres pasar a ver?”, le propusieron.
Entró. Al mes ya sabía practicar abortos por el método Karman, una práctica por
aspiración que es la que se usa ahora en las clínicas legales por ser el método
más seguro del mundo y recomendado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
En Sevilla, Lozoya y su equipo citaban a las mujeres en la turística Plaza
Refinadores, cercana al centro de planificación y adecuada para confundir a las
jóvenes con turistas. De allí se dirigían a un piso cedido por alguna militante
feminista que podía ser apaleada por miembros de Fuerza Nueva si se le ocurría
manifestarse para defender “anticonceptivos para no abortar y aborto libre para
no morir”, recuerda Eugenia Gil, histórica feminista y actual profesora de la
Universidad de Sevilla.
Gil era asidua a las convocatorias en defensa del derecho a decidir de las
mujeres y rememora un episodio en el que un compañero de militancia la salvó de
caer en las garras de la violencia de la ultraderecha. Otras de sus compañeras
tuvieron menos suerte.
Los abortos no se practicaban en la sede del centro de planificación para
no poner en riesgo la vida de las mujeres ante una posible intervención
policial, hecho que ocurrió el 20 de octubre de 1980. Días antes, “los policías
secretas merodeaban por las inmediaciones de la clínica vestidos de albañiles”,
recuerda, “como si fuera ayer”, Lozoya.
EL CIERRE
El cierre de Los Naranjos convulsionó la normalidad de la vida social y
política sevillana. 26.250 personas, de todo el territorio estatal, se
inculparon ante el juez en solidaridad con los acusados. Incluidos los 6
concejales comunistas de la primera corporación democrática del Ayuntamiento de
Sevilla, entre los que se encontraba Amparo Rubiales, ahora en el PSOE, una
incansable luchadora por los derechos de las mujeres.
Hija de un juez franquista “de misa y comunión diaria”, Rubiales dedicó los
mejores años de su vida a luchar contra Franco. “Yo antes que comunista era
feminista”, asevera quien fuera la primera consejera de la Junta de Andalucía.
Rubiales fue la promotora de una moción municipal en solidaridad con la Clínica
Los Naranjos.
El alcalde hispalense de entonces, el andalucista Luis Uruñuela, se opuso a
tramitar la iniciativa. Lo que provocó que medio centenar de mujeres ocupase el
salón de plenos del Ayuntamiento en apoyo a la iniciativa de Amparo Rubiales,
en solidaridad con los detenidos de Los Naranjos y a favor de los derechos de
las mujeres.
Uruñuela, el primer edil hispalense, retiró las competencias de gobierno a
los seis concejales comunistas que, junto con el Partido Socialista de
Andalucía (PSA) y el PSOE, integraban el pacto de izquierdas que sustentó
muchos de los primeros ayuntamientos democráticos andaluces.
El debate público estaba en marcha. La prensa heredera de la dictadura, la
Iglesia y las fuerzas políticas de derechas, en contra de legislar a favor de
la interrupción voluntaria del embarazo; la prensa democrática y los partidos
progresistas, favorables a legislar para dar cobertura legal a lo que Amparo
Rubiales define como “auténticas tragedias”. Nada ha cambiado en los
posicionamientos.
El grupo se disuelve. Menos Lozoya, el resto de los integrantes se instalan
en Málaga, su ciudad natal, tras el cierre y puesta en libertad después de
estar 72 horas detenidos en las dependencias de la Jefatura Superior de
Policía. A Lozoya le costó incorporarse a la normalidad de Sevilla, la
prensa más integrista le puso difícil el anonimato. Tardó dos años en encontrar
trabajo. El amor que le invitó a quedarse a vivir en la ciudad aún perdura.
“Lo privado es político”, gritaban Eugenia Gil y Amparo Rubiales, ambas
militantes del Partido Comunista en 1980. El derecho a decidir ya era un asunto
político que había salido de la clandestinidad. Ahora, de aprobarse el anteproyecto
de ley del aborto impulsado por el ministro Ruiz-Gallardón, la clandestinidad
puede salir de los libros de Historia para pasar a ser presente.
Las 432 mujeres que abortaron en la Clínica Los Naranjos
eran de izquierdas, de derechas, católicas, ateas, militantes, no militantes,
andaluzas o no, pobres y ricas. El único denominador común es que “todas
estaban en contra del aborto hasta que les tocó a ellas”, sentencia Lozoya,
quien narra aquel tiempo con la pasión de los compromisos que duran toda la
vida.
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