Se cumple un cuarto de siglo de la huelga general más secundada de la
democracia, en la que ocho millones de trabajadores lograron que el Gobierno de
Felipe González diera marcha atrás en varias de sus políticas económicas y
laborales.
JAIRO VARGAS Madrid 13/12/2013 publico.es
Era 1998. La
economía española crecía a un vertiginoso ritmo del 5% mientras gobernaba con
mayoría absoluta el PSOE de Felipe González. El programa de reconversión
industrial de los años previos había dado al traste con las antiguas factorías
españolas, sobre todo en la industria naval. El desempleo crecía y, como ahora,
se cebaba con la población más joven, que superaba el millón y medio de
parados.
En esa
coyuntura, el Gobierno de González decidió atajar el problema de la misma forma
que iba caracterizando su política económica: haciendo concesiones a la
patronal. Tras negociar sin éxito con sindicatos y empresarios, el ministro de
Empleo, Manuel Chaves [que después sería presidente de la Junta de
Andalucía] decidió aprobar el llamado Plan de Empleo Juvenil, que abría
la puerta de la precariedad laboral.
Era el
primer contrato basura de la joven democracia española, destinado a jóvenes de
entre 16 y 25 años, por el salario mínimo interprofesional, una duración de
entre seis y 18 meses y exenciones en las cuotas de la seguridad social para
los empresarios.
Fue la
guinda de un amargo pastel socioeconómico, y los dos sindicatos mayoritarios,
CCOO y UGT, convocaron una huelga general de 24 horas para el 14 de diciembre.
Fue el paro más secundado de la democracia, con más de ocho millones de
trabajadores en huelga, un 90% de la población activa.
La huelga
arrancó con el apagón de TVE
A media
noche del día 13, la carta de ajuste se instalaba en la única cadena de la
televisión de la época, RTVE, anunciando el comienzo de un paro que el propio
Ejecutivo calificó de "mayoritario". Cientos de miles de personas
salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, ... el país
entero quedó paralizado durante un día.
25 años
después, Antonio Gutiérrez, entonces secretario general del CCOO,
recuerda la huelga como "un acto de dignidad y justicia frente a un
gobierno prepotente e injusto" que "expresaba el hartazgo con la
deriva liberal del Ejecutivo socialista", decía en el acto conmemorativo
que el jueves celebró el sindicato junto al actual secretario general, Ignacio Fernández
Toxo.
Un hartazgo
que quedó probado con la enemistad que supuso esta convocatoria entre Felipe
González y el secretario general de su sindicato histórico, la UGT, Nicolás
Redondo, que un año antes había renunciado a su acta de diputado por
Vizcaya en el Congreso por desacuerdo con la política laboral y económica de
González.
Los
contratos basura fueron el saco en que se metió el descontento con la política
económica de González y su ministro de Economía, Carlos Solchaga. Los
sindicatos lograron parar el país y forzaron al gobierno a enterrar el Plan del
Empleo Juvenil, causa de la huelga pero no única reivindicación. A sus
peticiones había que sumar una subida de las pensiones, de las protecciones por
desempleo y del salario de los funcionarios.
Ante el clamoroso
éxito de la convocatoria, González cedió y se sentó a negociar con las
centrales sindicales. Un año después, en 1989, el Gobierno equiparaba las
pensiones con el IPC y subía el salario a los trabajadores públicos. Se logró
el Estado del bienestar tan reivindicado durante esa época.
"Fue
una huelga útil y traducida en acuerdos concretos y plausibles que mejoraron
sustancialmente la vida de la gente y de las trabajadoras y trabajadores",
afirmó Toxo durante el acto conmemorativo.
Un cuarto de
siglo más tarde, el Estado del bienestar se resiente, los recortes en gasto
social del Gobierno de Rajoy son abrumadoramente superiores a los de la época
socialista y la precariedad laboral va en aumento con la última reforma del
mercado de trabajo, que ahora espera una vuelta de tuerca impuesta por
Bruselas.
Los
contratos basura acuñan nombres más difusos, como minijobs; las
pensiones se desligan del IPC y las prestaciones por desempleo peligran cada
vez más. Con seis millones de parados, según la EPA, y un paro juvenil que
supera el 50%, los sindicatos contestaron en 2012 con dos huelgas generales.
Fue el
primer año en la democracia que el Gobierno tuvo que hacer frente a dos paros
generales. Sin embargo el seguimiento no fue tan masivo con el del 88. Las
convocatorias del 29-M y del 14-N tampoco arrancaron a Rajoy ninguna concesión.
La historia se repite y, reforma a reforma, la seguridad laboral empeora.
"La
necesidad de la huelga estaba tan vigente el 14-D como lo está hoy", decía
Toxo el jueves. Pero ni su central ni la UGT han anunciado una nueva jornada de
huelga. Mientras, el Gobierno centra sus esfuerzos en cumplir las
recomendaciones del BCE, el FMI y la CE; los expertos hablan de reducción
salarial como solución al desempleo y las irregularidades en el seno de
UGT-Andalucía amenazan seriamente la imagen y labor del sindicalismo.
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