En el banquillo se sientan 19 ex militares de la Escuela de Mecánica de la Armada, patíbulo de 5.000 personas durante la dictadura
JUAN JESÚS AZNÁREZ- El País- 10/01/2010
Lejano entonces el juicio contra los 19 represores argentinos actualmente procesados, el guardabosques Alfredo Chávez protestó contra la larga impunidad de Alfredo Astiz con una patada en la entrepierna del ex teniente de navío que le acomodó las criadillas. Aquel puntapié de septiembre de 1995 en San Carlos de Bariloche, seguido de un puñetazo que fracturó la dentadura postiza del militar, demostró el descrédito de las leyes e indultos que beneficiaron a los servidores más crueles de las Juntas Militares (1976-1983). Desde el pasado 11 de diciembre, un tribunal de Buenos Aires juzga a 19 ex marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), patíbulo de 5.000 personas, previamente torturadas.
El reo Alfredo Astiz, de 58 años, conocido como El Ángel Rubio durante los años de la picana y el horror, escuchó los cargos de la fiscalía en la primera vista oral del juicio leyendo El proceso, de Franz Kafka, y no manifestó gesto alguno de contrición. Siempre fue altanero, incluso la mañana del inesperado quebranto testicular en la costanera de Bariloche. "¿Vos sos Astiz?", le preguntó el guardabosques de 36 años. "Sí. ¿Y vos quién sos?". "Soy el que te va a cagar a trompadas. Vos sos un reverendo hijo de puta, asesino de adolescentes". Llovieron los golpes. "¡Paren a este loco de mierda!", pidió a gritos la chica que acompañaba al ex oficial. Chávez justificó la paliza. "¡El hijo de puta que tenés al lado mataba muchachitos por la espalda!". "Y no le pegué de entrada. Le di tiempo preguntándole el nombre. Le di la oportunidad que él no le dio a Dagmar Hagelin".
El Tribunal Oral Federal 5 de la capital argentina deberá determinar, probablemente en el segundo semestre de este año, si el procesado participó en la desaparición de la sueca de 17 años Dagmar Hagelin y en el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, por el que fue condenado, en rebeldía, a cadena perpetua en Francia. Implicado en más de 800 violaciones de derechos humanos, también el ex general Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar, responderá próximamente ante la justicia. El proceso de Buenos Aires es posible porque el Congreso y el Tribunal Supremo argentinos declararon nulas, entre los años 2003 y 2005, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final decretadas en 1986 y 1987 por el Gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín para pacificar los cuarteles.
En la primera vista, Astiz exhibió el libro Volver a matar, de Juan Bautista Yofre, que fue jefe de inteligencia de Carlos Menem (1989-1999), bajo cuya presidencia se promulgaron los decretos del indulto. El libro aborda la lucha antiguerrillera de los sesenta y setenta, invocada por los acusados como fuerza mayor. Cerca de Astiz, el ex teniente de navío Juan Carlos Rolón se entretuvo con sudokus mientras la fiscalía detallaba los tormentos aplicados en la ESMA.
"¡Treinta mil detenidos-desaparecidos presentes!", gritaron los familiares durante el juicio. "¡Terroristas!", respondió otro. Un total de 280 personas, muchas de ellas sobrevivientes de los centros de detención y torturas, rendirán testimonio. Todos incriminan al ex almirante Eduardo Massera, que se libró del juicio por "insania mental". La locura colectiva instalada en el país suramericano durante el desgobierno de los generales llevaba al oficial de fragata Jorge Tigre Acosta a dejar la picana apoyada en los genitales del detenido Martín Grass y marcharse a tomar un café. A la vuelta, se jactaba de traducir en diagnóstico médico la intensidad de los alaridos del supliciado: "Ese pajarito no va a volar más".
La fiscalía considera probado que Acosta y Astiz dirigían los servicios de información de la ESMA y los grupos que "secuestraron, robaron y saquearon"; coordinaron todo para que "mientras los detenidos eran torturados, otro grupo estuviera listo para salir a secuestrar, según los datos que se obtenían bajo tormento". Todos los prisioneros permanecían engrilletados, y su alojamiento en los calabozos era infrahumano, sin asistencia sanitaria y apenas alimentados, y se les obligaba a escuchar los gritos de dolor por las torturas a sus compañeros. Atadas a camastros metálicos de la ESMA, las monjas francesas fueron martirizadas con descargas eléctricas, vejadas con cachiporras y ferozmente golpeadas en interrogatorios presenciados por Astiz y otros, según el relato fiscal. Finalmente, fueron arrojadas al mar vivas en los denominados vuelos de la muerte.
El juicio de Buenos Aires celebrará este mes dos sesiones con nuevos testimonios sobre el formato y modo de operar de los grupos de tareas de la ESMA, y sobre el cautiverio, asesinato y desaparición de miles de argentinos a tiros, a palos o ahogados en el Río de la Plata. El juicio ventilará, entre otros crímenes, el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh, cuya "carta abierta de un escritor a la Junta Militar", escrita al año del golpe castrense de 1976, que nadie se atrevió a publicar, le condenó a muerte. Argentina vivió el horror más profundo de su historia, acusó el periodista. "Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio".
Argentina hace justicia. Pero no pocos mandos castrenses, prófugos del terrorismo de Estado, lograron emboscarse en España y en otros países europeos, sin haber sido capturados todavía. "Tengo la completa seguridad de que es así", afirma Carlos Slepoy, abogado de las víctimas. "Algunos podrían estar viviendo todavía en los barrios ricos madrileños de La Moraleja o Aravaca, pero se abandonó la investigación". Al menos 59 de las 510 personas sujetas a proceso en Argentina se encuentran huidas, de acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). (...)
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