Profesionales
de diferentes ámbitos se dan cita para hacer balance del trabajo de los últimos
diez años recuperando cuerpos de las víctimas del franquismo
PATRICIA
CAMPELO Madrid 15/10/2010
Cuando se exhuma una fosa común
del franquismo con métodos científicos lo que se consigue es "documentar
la realidad". Los profesionales que durante la última década han
trabajado recuperando cuerpos de las cunetas, barrancos y demás parajes donde
el franquismo trató de cubrirlos de olvido, lo tienen muy claro.
"En el año 2000
pensaba que íbamos a abrir dos o tres fosas", indicaba ayer Francisco
Etxeberría, médico forense, en la jornada
organizada en la Universidad Carlos III de Madrid para hacer balance
de diez años de trabajos de las asociaciones memorialistas. "Se
creía que las exhumaciones tendrían un valor simbólico, pero los familiares
reclaman los cuerpos individualmente". Cuerpos en los que, explicaba el
forense, "hemos encontrado la dignidad que trataron de
arrebatarles".
La labor técnica que
tienen los equipos profesionales a pié de fosa es de vital importancia para
"objetivar la realidad", confesaba Etxeberría, ya que "de cada
investigación realizada a lo largo de estos diez años tenemos informes técnicos
que serían pruebas válidas ante una investigación judicial".
Señalizar los lugares de
la memoria es otro logro conseguido gracias a la identificación de fosas ya
que, "el lugar queda dignificado una vez que se sabe donde está",
aclaró el forense.
En ese sentido ejemplarizó
con el caso de Valdediós (Asturias) donde tardaron diez días en encontrar la
fosa. "En muchos casos los testimonios no pueden precisar
dónde están los enterramientos".
En una crítica a la
postura de las instituciones, explicó que en España "funciona el raíl de
la política pero no el de la justicia", impedimento este último para
llevar a cabo los principios del derecho internacional como son la "verdad",
a la que, según el forense, "estamos llegando", la "justicia"
que "ya se verá cómo se logra" y por último la "reparación"
de las víctimas y la garantía por parte de las políticas públicas de la
"no repetición".
"A nosotros nos
corresponde aportar la máxima información para que la verdad sea
reparada", concluyó Etxeberría.
Cuestión
"competencial"
El abogado Joan E. Garcés
planteó la dimensión jurídica de los impedimentos existentes a la hora de
investigar la represión franquista. Denunció cómo el Tribunal Supremo impidió a
la Audiencia Nacional investigar los
crímenes de la dictadura alegando una falta de competencias pero
"guardando silencio sobre qué juzgados son los competentes para
hacerlo".
De este modo, indicó el
abogado, "consigue que la acusación sobre el juez Baltasar Garzón cobre
sentido", pero una vez resuelta esta cuestión la imputación que se
le hace de prevaricar "no tendría razón de ser", aclaró el
abogado.
"El Supremo está
esperando a ver qué sucede con el juez para después pronunciarse sobre a quién
compete investigar el franquismo", enfatizó.
Por su parte, Santiago
Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH), explicaba el inicio del mecanismo que se pone en marcha
cuando reciben la demanda de un familiar que quiere recuperar el cuerpo de un
ser querido represaliado por la dictadura. "Se buscan datos de la víctima
en archivos y registros para obtener información que pueda ayudar en la posible
identificación del cuerpo".
Proceso no exento de
dificultades porque "los registros civiles no siempre dicen la
verdad", indicaba Macías, aludiendo a su experiencia en la ARMH, ya
que "no hay ni un solo 'paseado' inscrito como tal y si lo hay
figura como desconocido, como un cuerpo sin identificar aparecido en una
cuneta".
Macías lanza sus críticas
hacia los jueces que no acuden a las fosas cuando aparecen cuerpos con señales
de violencia. "Quien está prevaricando aquí son esos jueces que eluden la
propia Ley de Enjuiciamiento Criminal y después no hacen nada con toda
la documentación que les ponemos encima de la mesa".
El hilo que articula el
trabajo de la ARMH es "el requerimiento particular de las familias".
Así se expresó José Ignacio Casado, de la asociación en Burgos, que
recalcó el respeto hacia los familiares en todo el proceso de la exhumación que
culmina con el acto de entrega de restos.
Asimismo lanzó críticas al
desamparo de las instituciones y la falta de claridad que aún existe
cuando, según denuncia Casado, "si se nos deniega el paso a un terreno
donde hay un enterramiento, no se sabe ni a quién hay que acudir a
reclamar".
El acompañamiento que
se hace con las víctimas es otro de los rasgos del trabajo de la asociación que
puso encima de la mesa el psicólogo Guillermo Fouce.
"No hacemos terapia,
acompañamos a las víctimas, las escuchamos, damos la oportunidad de
hablar", de este modo, "firmamos con nuestro número de colegiado para
acreditar la realidad de sentimientos y emociones a pié de fosa y documentar que
no se abren heridas, sino que se cierran. Así acallamos a los que dicen lo
contrario sin haber estado en su vida en una exhumación".
Fouce
reprueba a los que defienden el olvido como mejor modo de ignorar el duelo,
"desde la evidencia científica y práctica, abrir fosas cierra heridas
y no hay ninguna otra evidencia científica que diga que para curarlas hay que
recetar el olvido".
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