La represión
económica afectó a unas 200.000 familias derrotadas. Varios estudios arrojan
luz sobre la dimensión del expolio. El Estado impide la reparación del daño
ÁNGEL
MUNÁRRIZ SEVILLA 10/10/2010
Mendigos en Madrid, 1945 |
Rafael F. Vázquez, párroco
de la antigua población de Guájar, en Granada, traza un semblante crudo de la
acusada. "Profesa ideas avanzadas", afirma. La suerte de Dolores
Mancilla, de profesión sus labores, ya está echada. Pero la apuntala el guardia
civil Miguel Aguilera: "Pésima conducta. Votó siempre que fue necesario
al Frente Popular". El Tribunal de Responsabilidades Políticas no
necesita más para decretar la incautación de sus bienes: tres camas, casa y
plantación de almendros. La multa es de 500 pesetas.
Un grupo de 32
investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comités de incautación
y los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía más de 53.000
expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar
totalitaria que el franquismo arbitró hasta el fin de la primera posguerra con
curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa,
financiada por la Junta, supone la primera investigación que pone negro sobre
blanco la dimensión en una región española del expolio económico, aún hoy el
más desconocido de los pilares sobre los que se asentó la represión
franquista.
"Es el gran tema
tabú. Sólo se ha hablado en voz baja", explica Cecilio Gordillo, activista
destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo tocó la Ley de Memoria
Histórica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos sí
pactaron la devolución de sus bienes. Pero los particulares pagaron otro de los
peajes de olvido de la Transición.
Paqui sabe en qué consiste
ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por
Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes
incautados a particulares. Pero también tiene otro papel, del Registro de la
Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo
Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada
tras su asesinato en 1936. "Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con
la casa y no sé qué decirle", cuenta Paqui. La mayoría de los que están en
su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad
muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas.
Sí hay en marcha una
ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin éxito hasta la fecha: la Asociación
de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reu-nido
a 2.000 afectados, todos ellos con recibos de multas pagadas. "Hemos
dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a
seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en España y en Europa",
cuenta María Casals, portavoz. La asociación no se encarga de bienes, sólo
de multas. María ignora cuál es el importe total de las sanciones, pero sí
adelanta que pedirán al Estado cinco euros por cada peseta de la época en que
se abonaron.
Las cifras de la
humillación
Al margen de las
dificultades para la reparación de las víctimas, les queda el consuelo parcial
de que el manto de silencio está empezando a descorrerse con algunos datos. En
octubre de 1941, los tribunales habían incoado casi 125.000 expedientes de
incautación y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes, según los
datos recopilados por Manuel Álvaro en el libro colectivo La gran represión
(2009), coordinado por Mirta Núñez, profesora de la Complutense.
Más de 200.000 familias sufrieron
en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los
cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de
habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en
"cerca de 60.000" las personas familias, en realidad afectadas entre
1936 y 1945.
La historiadora Ángela
Cenarro, que coordina en Aragón un proyecto similar al andaluz, cifra en unos
13.000 los expedientes abiertos en la región. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes
e voces también ha abarcado la investigación de la represión económica
entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo
Fernández, destaca la "clara voluntad" del régimen de cebarse con
los derrotados, así como otras formas de expolio, como la expropiación de
montes comunales.
La rapiña de los
sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el
tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de
Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en
1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la
incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.
Por ello en 1942 se suavizó
la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo
intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias
que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se
había hecho con un detallado fichero de rojos y había extendido
por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.
El volumen de bienes
incautados y dinero recaudado por multas es difícil de precisar, más cuando hasta
el régimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En
Toledo fue incautada más de la mitad de la propiedad rústica. El total de
multas impuestas en Andalucía rondó los cien millones de pesetas de la época,
cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia podía costar cien
pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500.
No todas las multas se
pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la
mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a
prohombres de la República. "Las que sí se pagaban, y eran demoledoras
para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y
todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un
castigo", cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es
colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una
pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después.
Emilio Silva: "Esa
puerta nadie se atreve a abrirla"
Emilio
Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica,
lamenta que el Estado no haya dado nunca “ninguna facilidad” para el
resarcimiento. “A los partidos y los sindicatos sí. Al ciudadano, nada”,
denuncia. “Esa puerta nadie se ha atrevido a abrirla. ¿Por qué siempre ese
rechazo a invalidar las sentencias de responsabilidades políticas? Porque
habría que anular también las multas que ordenaban”, afirma. Silva lamenta la
“hipocresía” que supone que “los mismos que argumentan que eso generaría el
caos son los que defienden con uñas y dientes la inviolabilidad de la propiedad
privada”.
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