Irán encabeza la lista de cuatro países responsables de
la mayoría de los ajusticiamientos
El informe no incluye las miles de penas de muerte que
cree que se aplicaron en China
A pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, el
número de ejecuciones aumentó de forma alarmante el año pasado en los países
que aún la practican. Así lo denuncia el último informe de Amnistía Internacional (AI) que se hace
público este martes. La organización ha documentado 676 homicidios judiciales
(frente a 527 en 2010), aunque el informe Condenas a
muerte y ejecuciones 2011 no incluye los miles que cree que se
llevaron a cabo en China y que este país mantiene en secreto. Tampoco muchos de
los que se sospecha ocurren en Irán, el país responsable de más de la mitad de
los ajusticiamientos registrados y que junto a Arabia Saudí, Irak y Yemen
concentran el grueso del total. Estados Unidos se convirtió en el único miembro
del G-8 que ejecutó a presos en 2011 (un total de 43), ya que por primera vez
en 19 años Japón no llevó a término ninguna pena.
“La inmensa mayoría de los países se han distanciado de la aplicación de la
pena de muerte”, declara Salil Shetty, el secretario general de AI. Esa
organización se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, por
considerar que “viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena
cruel, inhumana y degradante”. Según su último informe solo 20 de los 198
países del mundo llevaron a cabo ejecuciones el año pasado. El dato supone que
el número de los que aplican la pena capital se ha reducido en más de un tercio
respecto a hace una década. Este avance
queda eclipsado en Oriente Próximo y China.
AI no da cifras concretas de lo que estima fueron “miles de personas
ejecutadas en China en 2011, un número superior al conjunto del resto del
mundo”. Dejó de hacerlo en 2009 porque llegó a la conclusión de que los datos
que recopilaba en fuentes oficiales chinas eran muy inferiores al número real.
En ese país las cifras sobre el número de ajusticiados se consideran un secreto
de Estado.
“Amnistía Internacional emplaza a las autoridades chinas a publicar
información sobre personas condenadas a muerte y ejecutadas, y a confirmar así
su afirmación de que diversos cambios en la ley y en la práctica han provocado
una importante disminución en la aplicación de la pena de muerte en el país
durante los últimos cuatro años”, señala el informe. El texto aplaude que el
Gobierno chino haya eliminado la pena capital para 13 delitos, sobre todo
económicos y que se hayan presentado ante la Asamblea Nacional Popular
propuestas para reducir el número de casos de tortura bajo custodia, reforzar
la función de los abogados defensores, y garantizar que los sospechosos de
delitos punibles con la muerte disponen de asistencia letrada.
En la región de Oriente Próximo y el norte de África, AI confirmó 558
ejecuciones en ocho países, aunque las revueltas que se produjeron en Libia,
Siria y Yemen dificultaron la recogida de datos. La organización sospecha que
en esos países “a menudo se recurrió a las ejecuciones extrajudiciales, la
tortura y la detención arbitraria”. Los ajusticiamientos confirmados aumentaron
casi un 50% respecto de 2010, pero cuatro países fueron responsables del 99% de
los casos. Irán con al menos 360 homicidios judiciales, Irak con 82, Arabia
Saudí con 68 y Yemen con 41, encabezan el macabro ránking. El aumento en Arabia
Saudí e Irán equivale al aumento neto de 149 casos registrados en todo el mundo
en el último año.
En ese reino árabe, el único país del mundo que utiliza la decapitación por
espada, se triplicaron los ajusticiamientos poniendo fin a la tendencia
descendiente que AI había constatado desde 2007. La organización muestra además
su preocupación porque en el rico Estado petrolero hay “centenares de personas
condenada a la pena capital”. Además, destaca el desproporcionado número de
ciudadanos extranjeros entre ellas, y que la mayoría no recibe un juicio justo
de acuerdo con las normas internacionales.
“A menudo carecen de abogado defensor, y en muchos casos no son informados
de los progresos del procedimiento judicial al que están siendo sometidos.
Pueden ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas
mediante coacción o engaño”, asegura el informe.
Esa falta de garantías procesales y la extracción de confesiones bajo
tortura o coacción es una característica común entre los países que recurren a
la pena de muerte. Según AI, además de en Arabia Saudí, ocurrió en
“Bielorrusia, China, Corea del Norte, Irán e Irak”. En estos dos últimos
países, con el agravante de que algunas de esas autoinculpaciones se emiten por
televisión antes de la celebración del juicio “conculcando una vez más el
derecho de los acusados a la presunción de inocencia”.
Respecto a Irán, las preocupaciones de AI son múltiples. En primer lugar,
asegura haber recibido “informes creíbles sobre un gran número de ejecuciones
no confirmadas, e incluso secretas, que casi duplicarían la cifra reconocida
oficialmente”. Además, la República Islámica ha ampliado el ámbito de
aplicación de la pena de muerte a 17 delitos, a partir de la entrada en vigor
en enero del año pasado de la nueva ley antinarcóticos. Al asesinato, la
violación, la sodomía, la apostasía del islam o “propagar la corrupción en la
tierra”, se suman ahora el tráfico o tenencia de más de 30 gramos de sustancia
psicotrópicas sintéticas o la colaboración en la comisión de cualquier delito
cuyo castigo original sea la pena perpetua.
“Al combinar datos de fuentes oficiales y no oficiales, se obtiene que al
menos 488 personas fueron ejecutadas por presuntos delitos de drogas en 2011;
esto supone más de tres cuartas partes del total de 634 ejecuciones reconocidas
y no reconocidas, y casi el triple de las 166 que AI registró en 2009”, afirma
el informe. El texto señala que los grupos marginados, como comunidades
empobrecidas, minorías étnicas y extranjeros (especialmente afganos) corren más
peligro de ser ejecutados por delitos de drogas.
La organización también se hace eco del temor de los activistas iraníes a
que el Gobierno esté utilizando “la excusa de su guerra contra las drogas para
ejecutar a opositores políticos”. Recuerda que tras las controvertidas
elecciones presidenciales de 2009 ha habido varios ajusticiamientos
relacionados con las protestas que suscitaron. “Varias de esas ejecuciones han
tenido lugar específicamente cada mes de enero, lo que parece una advertencia a
los posibles manifestantes de oposición en víspera de las celebraciones anuales
por el aniversario de la revolución iraní, el 11 de febrero”, señala el texto.
Especial mención merece la aplicación de la pena de muerte para cercenar la
libertad de expresión en virtud de una ley de 2008.
AI denuncia con especial énfasis que Irán es el único país del mundo que
sigue aplicando la pena de muerte a personas que cometieron delitos siendo
menores de 18 años, en clara vulneración del derecho internacional. Cita tres
casos confirmados y cuatro sin confirmar (también tiene sospechas de un caso en
Arabia Saudí). También condena las ejecuciones públicas que en la República
Islámica se llevan a cabo colgando a los reos de grandes grúas de construcción
instaladas en medio de una plaza en la ciudad correspondiente. La empresa
japonesa Tadano anunció el pasado julio su decisión de dejar de vender grúas a
Teherán por ese motivo.
En otros casos, las autoridades iraníes optan por las ejecuciones secretas
de las que no informan debidamente ni a las familias ni a los abogados de los
condenados. De ahí la dificultad de establecer cifras precisas. AI recoge el
desmentido que hizo al respecto el jefe del poder judicial, el ayatolá Sadegh
Lariyaní, el pasado diciembre. Sin embargo, también cuenta con testimonios
sobre ejecuciones colectivas en las prisiones. En el caso de la ominosa
Vakilabad, a las afueras de Mashad, donde “se cuelga a los condenados de largas
vigas en los vestíbulos”.
Similar secretismo impera en Irak, donde el Gobierno “rara vez desvela
información sobre las ejecuciones”, según el informe. Aún así, AI ha logrado
saber que 2011 al menos 68 personas fueron ejecutadas, entre ellas dos
ciudadanos extranjeros y dos mujeres. “La mayoría de las condenas a muerte [se
dictan] por pertenecer a grupos armados o participar en ataques perpetrados por
éstos, incluidos asesinatos, secuestros, violaciones y otros delitos
violentos”, constata la organización. Sin embargo, denuncia que “los
procedimientos judiciales ante el Tribunal Penal Central de Irak son muy
breves: a menudo duran sólo unos minutos antes de que se dicte sentencia”.
En el lado positivo, AI registró una disminución de la aplicación de la
pena de muerte por parte de la Autoridad Palestina, así como en Líbano y Túnez.
Además, “las autoridades de Argelia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos y
Sáhara Occidental y Catar siguieron dictando condenas a muerte pero
absteniéndose de ejecutarlas”. Emiratos Árabes Unidos rompió con esa moratoria
informal al llevar a cabo su primera ejecución desde 2008.
Estados Unidos fue una vez más el único país de América y único miembro del
G-8 –el grupo integrado por las principales economías mundiales– que ejecutó a
presos, un total de 43 en 2011. No obstante, el informe de Amnistía señala que
tanto las ejecuciones como las nuevas condenas a muerte han disminuido respecto
a hace una década y celebra que Illinois se haya convertido en el 16º estado en
abolir la pena capital. En Europa y países de la antigua Unión Soviética ya no
se aplica ese castigo, salvo en
Bielorrusia, que ejecutó a dos personas. Oceanía siguió siendo una
zona sin pena de muerte, a excepción de cinco condenas a muerte impuestas en
Papúa Nueva Guinea.
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