El Sábado Santo de 1977 culminó una de las operaciones
más delicadas de la Transición
Los comunistas dejaron de ser clandestinos y Adolfo
Suárez desató las iras de parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas
Tres generales, entre ellos dos jefes de servicio
secreto, y el entonces ministro de Gobernación, Martín Villa, revelan a EL PAÍS
las claves de la histórica legalización del PCE
El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, convocó el 8 de septiembre de
1976 una reunión con los Consejos Superiores de los tres ejércitos (Tierra,
Aire y Marina). Un cónclave insólito y nunca más repetido. Hacía solo un par de
meses que el Rey le había encargado la formación del segundo Gobierno de su
reinado y a la par el desmontaje de las viejas estructuras franquistas. Suárez,
con poco más de 40 años, salido de las filas del antiguo régimen, era
consciente de la trascendencia de aquella reunión con decenas de generales y
almirantes. Él quería exponerles las líneas maestras de la reforma política que
tenía en mente y obtener el respaldo de la cúpula militar para esa delicada
misión. No en vano, el Ejército, la Iglesia y la oligarquía habían sido los
pilares en los que se había apoyado la dictadura de Franco a lo largo de tres
decenios. Durante esa asamblea, a lo largo de tres horas, Suárez desplegó todos
sus encantos para convencer a su auditorio. En ningún momento hizo referencia
al PCE, un partido que entonces estaba fuera de la ley. Al terminar su
exposición, mientras los asistentes tomaban un vino español, el jefe del
Gobierno se acercó a un corrillo y uno de los generales le preguntó por la
espinosa cuestión de la legalización del partido comunista. El presidente
comentó que el partido liderado por Santiago Carrillo no sería legalizado,
aunque lo hizo sin aclarar que no lo sería mientras tuviera los estatutos que
tenía ese momento. La ambigüedad logró su propósito. Los altos mandos salieron
encantados. Hasta tal punto que Mateo Prada Canillas, capitán general de
Burgos, proclamó a voz en grito: “¡Presidente, viva la madre que te parió!”.
Lo que todavía hoy causa extrañeza es que seis días después se distribuyera
desde el Ministerio del Ejército una nota a las guarniciones de Madrid en la
que se expresaba la “profunda y unánime repulsa del Ejército” ante la posible
legalización del PCE. Otra nota difundida cuatro días más tarde en los
acuartelamientos anulaba la anterior, que atribuía a una “inadmisible
ligereza”, aunque mantenía que el tema de los comunistas había producido “una
repulsa general en todas las unidades”. Semejante episodio era un botón de
muestra de la sensibilidad a flor de piel que había en los más poderosos
estamentos castrenses en relación de los comunistas. Suárez debería medir al
milímetro sus pasos si no quería enfurecer a la clase militar.
Siete meses después de aquella advertencia.
“Señoras y señores: hace un momento,
fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el
Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el Registro de
Asociaciones Políticas”. El periodista Alejo García fue el primero en lanzar al
aire, a través de Radio Nacional de España, la noticia de la legalización del
PCE. Fue a media tarde del 9 de abril de 1977, Sábado Santo. Media España
estaba de vacaciones y la otra media en las tradicionales procesiones. Ese día
se convirtió en el Sábado Santo rojo.
La próxima semana se cumplirá el 35º aniversario de ese hecho histórico que
removió los cimientos de buena parte del estamento militar de más alta
graduación. Estos consideraban que la decisión del Gobierno de Adolfo Suárez
era un insulto para quienes a las órdenes de Franco habían vencido en la Guerra
Civil sobre las llamadas hordas marxistas.
Todo el mundo creyó entonces, y sigue creyendo hoy, que la elección de esa
fecha peculiar fue una jugada maestra del presidente Suárez con la intención de
sorprender a los militares franquistas más recalcitrantes. “A mí eso me hace
gracia. No fue una cosa milimétricamente calculada. Sucedió así por pura
casualidad. Fue una coincidencia”, afirma hoy Rodolfo Martín Villa, entonces
ministro de la Gobernación. Y este revela, divertido, un detalle inédito: “Yo
ordené la inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas, pero se
me olvidó firmar la resolución. La firmé en 1984 delante del ministro [socialista]
José Barrionuevo, cuando solicité una copia de ese documento para incluirla en
un libro que yo estaba escribiendo. En ese instante me di cuenta de que no lo
había rubricado en su momento”.
Pese a ese olvido, la decisión de legalizar a los comunistas fue un proceso
cuidadosamente cocinado durante meses. Sobre todo, porque el jefe del Gobierno
era consciente de que podía levantar ronchas entre los escalones más poderosos
de las Fuerzas Armadas. Consciente del riesgo que eso entrañaba en los albores
de la Transición, Suárez empezó a diseñar la operación en 1976 con ayuda del
general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente para Asuntos de la Defensa.
Era como una delicada intervención quirúrgica en la que el cirujano tenía que
manejar el escalpelo con gran precisión.
EL PAÍS ha reunido a los generales Andrés Cassinello, Javier Calderón y
Ángel de Lossada, junto con el coronel Fernando Puell y el comandante Miguel
Silva para diseccionar aquel hito de la historia. El exministro Martín Villa
completa, además el testimonio directo de los militares.
Tras el incidente ocurrido tras la famosa reunión de la cúpula de
los tres ejércitos con Suárez, éste no se amilanó. Siguió con su hoja de ruta
encaminada a llevar a España hacia la normalización democrática.
Pese a la ebullición innegable que había entre los miembros más altos del
escalafón de los uniformados, el 27 de febrero de 1977 se produjo una reunión
secreta entre el jefe de Gobierno y el secretario general del PCE, Santiago Carrillo.
Al término de la misma, este aceptó la monarquía, la bandera bicolor y una
declaración solemne a favor de la unidad nacional. Con eso, quedaban
aparentemente solventados los escollos más escarpados ante el futuro
reconocimiento legal del partido. Eso allanaba la vía para la normalización
democrática.
Un mes más tarde, Suárez encargó al entonces teniente coronel Cassinello,
jefe del Servicio de Documentación (SECED), un informe sobre las ventajas e
inconvenientes de la hipotética legalización del PCE. Cassinello, responsable
del servicio de espionaje, despachaba a diario con el presidente. “Los
servicios de Información de los tres ejércitos habían hecho otro informe en el
que manifestaban que desde el empleo de teniente coronel para arriba había una opinión
contraria a la legalización”, recuerda Cassinello. “En mi informe, de 10
folios, hay solo medio folio exponiendo los motivos que desaconsejaban la
legalización. Yo creía que era bueno legalizar al PCE porque, además de que así
se le desmitificaba, siempre resultaría más fácil vigilar a un partido legal
que a un ilegal”, explica ahora Cassinello. No obstante, él admitía en su
escrito que esa decisión podía causar cierto “revuelo” entre los militares que
consideraban que los comunistas eran los enemigos derrotados en la Guerra
Civil.
En el complejo —y discreto— proceso intervino la Sala de lo Contencioso del
Supremo, que el 1 de abril de 1977 se declaró incompetente para decidir acerca
de la legalización o no del partido liderado por Carrillo. “Nosotros creíamos
que el Supremo resolvería la cuestión, pero en lugar de eso dictaminó que se
trataba de un tema político y que, como tal, correspondía al Ejecutivo, al que
devolvió así la patata caliente”, rememora Martín Villa.
Por esos mismos días, el subsecretario de Educación, Sebastián Martín
Retortillo, convocó un almuerzo al que asistieron su ministro, Aurelio
Menéndez, y el ministro de Gobernación, Martín Villa, junto con el magistrado
Jerónimo Arozamena. Durante el amigable encuentro, salió a colación el asunto
del PCE y Arozamena comentó que de la propia sentencia del Tribunal Supremo se
deducía la solución al problema: encargar un dictamen a la Fiscalía del
Reino. Dicho y hecho. En plena Semana Santa, esta no tardó nada en decir que no
había ningún motivo para negar la inscripción del PCE en el registro de
Asociaciones Políticas.
Ya antes del pronunciamiento de la Fiscalía, el presidente Suárez
consideraba que la situación estaba encarrilada. Por eso, el Lunes Santo, 4 de
abril de 1977, convocó a sus vicepresidentes Alfonso Osorio y Manuel Gutiérrez
Mellado, junto con Martín Villa, Landelino Lavilla (titular de Justicia) e
Ignacio García López (ministro secretario general del Movimiento). Osorio fue
el único del grupo que se resistió a la legalización del PCE.
Veinticuatro horas después, sonó el teléfono en el despacho del
vicepresidente. Era el teléfono que solo utilizaba para hablar con el Rey o con
el presidente Suárez. “Yo, que estaba destinado en el gabinete del
vicepresidente Gutiérrez Mellado, hice ademán de retirarme, pero él me hizo
señas para que no me marchara”, rememora el entonces teniente coronel Angel de
Lossada y Aymerych (hoy general jubilado). “Después escuché cómo el
vicepresidente llamaba a los ministros del Aire, de Tierra y de la Marina para
comunicarles que el presidente del Gobierno le había anunciado la próxima
legalización del partido comunista y que el propio presidente le había dicho
que estaría disponible todo el día en su despacho por si alguno de ellos quería
comentarle algo al respecto”, agrega Lossada. Ninguno de los ministros habló ni
ese día ni los siguientes con el jefe del Gobierno.
“Yo despaché con el Rey ese martes o tal vez el miércoles —no lo recuerdo—
para hablar de este asunto por orden de Adolfo Suárez”, dice Martín Villa,
quien inmediatamente después se fue unos días de vacaciones a una finca de un
amigo en Badajoz. Ese Miércoles Santo, Gutiérrez Mellado se marchó de
vacaciones a Canarias. Eso indica que la legalización del PCE estaba bajo
control del Gobierno, pese a ser un asunto delicado teniendo en cuenta que el
dictador Francisco Franco llevaba muerto tan solo un año y medio. ¿Cómo, si no
fuera así, se explica que el vicepresidente del Asuntos de la Defensa y el
responsable del orden público se ausentaran en vísperas de un acontecimiento
del tal magnitud?
El Sábado Santo, tras el dictamen de la Fiscalía del Reino que daba luz
verde a la legalización, Martín Villa fue recogido en Badajoz por un
helicóptero que le trasladó a Madrid. Citó en su despacho al general Sabino
Fernández Campo, a la sazón subsecretario del Ministerio de Información y
Turismo, para pedirle que dispusiera lo necesario para dar a conocer la noticia
a la opinión pública. Fernández Campo, que era el dueño de Televisión
Española y Radio Nacional, hizo notar al ministro la convulsión que eso podía
producir en el mundo castrense, recordándole que en septiembre de 1976 se
habían enviado circulares a las unidades militares dando cuenta del
“compromiso” de Suárez de no legalizar al PCE.
Martín Villa se marchó a otro despacho y regresó al poco, tras conversar
telefónicamente con Suárez, para decirle que “no se preocupara” por los
militares. “Le hice notar, además, que yo no estaba hablando con el Sabino
militar que era él, sino con el subsecretario de Información, que en ese
momento era su cargo”, recalca Martín Villa.
El notición lo divulgó la agencia Europa Press, pero quien lo difundió a
los cuatro vientos fue Radio Nacional en la voz de Alejo García. El Sábado
Santo Rojo fue de absoluta normalidad. “En la ciudadanía era un tema
asumido. No había peligro de represalias contra los comunistas”, dice el
extitular de Gobernación. En el mundo militar tampoco hubo entonces el menor
movimiento contrario a la decisión del Gobierno.
Sin embargo, el 11 de abril, lunes de Pascua, el caso estalló como si se
tratara de una bomba con espoleta retardada. El ministro de Marina, el
almirante Gabriel Pita da Veiga, presentó su dimisión alegando que estaba en
desacuerdo con la legalización de los comunistas, de la que se había enterado
por los medios de comunicación. “Eso era mentira. Yo mismo escuché el Martes
Santo cómo le informaba de ello el vicepresidente Gutiérrez Mellado”, proclama
el general Lossada. Todo induce a pensar que Pita da Veiga renunció al cargo
ante las presiones de los altos mandos de la Armada. Su postura no fue
secundada ni por el ministro del Aire, Carlos Franco Iribarnegaray, ni por el
del Ejército, Félix Alvarez-Arenas Pacheco. La aparente sublevación
militar obligó a Gutiérrez Mellado a interrumpir sus vacaciones en Canarias
para regresar precipitadamente a la capital de España.
El terremoto de la legalización del PCE no produjo entonces mayores
convulsiones. Pero hay quienes creen que las llamaradas de aquel incendio
no se apagaron en la Semana Santa de 1977, sino que se propagaron hasta varios
años después. Hay militares como el general Sabino Fernández Campo, que el 23-F
era secretario general de la Casa del Rey, que creen que esta asonada golpista
tuvo relación con el “engaño” de Suárez a la cúpula castrense al prometerle que
el comunismo no sería legalizado.
“El supuesto engaño de Suárez y Gutiérrez Mellado era algo que estaba muy
instalado entre los militares y fue el pretexto de algunas cosas que sucedieron
después. Durante muchos años se vendió esa historia del engaño para justificar
posturas ultras de algunos militares”, dice el hoy general retirado Javier
Calderón, exjefe del Cesid (el servicio de espionaje anterior al actual CNI).
El 15 de junio de 1977, Suárez obtuvo el respaldo de los
españoles en las primeras elecciones democráticas celebradas en España desde la
Guerra Civil. Logró 166 escaños del Congreso; el PSOE consiguió 118 y el PCE
19. Quedó instalada la normalidad democrática.
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