Por: Antonio Caño | 01 de octubre de 2011
El columnista de The New York Times Joe Nocera publica este fin de semana los informes de un periodista norteamericano que cubrió para las publicaciones del Ejército de EEUU los juicios de Núremberg, de cuya sentencia se cumplen hoy precisamente 65 años. Esos informes, que fueron facilitados a los medios de comunicación entonces y guardados después en los archivos de su autor, recogen tanto los testimonios como el clima que rodeó ese gran acontecimiento de justicia internacional.
En uno de ellos, el periodista, Harold Burson, que todavía vive, reproducía las duda de muchos soldados estadounidenses que se preguntaban por qué no podían pegarle cuatro tiros a dirigentes nazis de tan reputado expediente criminal como Hermann Göring o Rudolf Hess. "Porque somos naciones que se deben a la ley y al orden, porque nuestro sistema no autoriza el linchamiento, porque administramos justicia de acuerdo a las pruebas presentadas", responde el propio Burson.
Obviamente, no puedo separar el recuerdo de aquella maravillosa hazaña de la muerte, el viernes pasado, en Yemen del terrorista Anuar el Aulaki. Me permito en este espacio no poner delante el adjetivo presunto, como se exige en las reglas de estilo de EL PAÍS, porque le he oído hablar en Internet sobre sus planes contra Estados Unidos y doy por buenos algunos de los datos que lo vinculan a Al Qaeda. Pero ni siquiera desde esa base, es posible entender la decisión de matarlo con aviones sin tripulación sin darle la menor oportunidad de rendirse. Incluso la operación contra Osama Bin Laden contemplaba, al menos oficialmente, la posibilidad de su rendición.
Pasando por alto el hecho de que hubiese nacido en Estados Unidos, argumento de mayor valor legal que humanitario, su muerte no tiene justificación ni desde el ángulo del derecho ni del de la seguridad. El Aulaki estaba en un país que es aliado de Estados Unidos contra el terrorismo y no se encontraba en el medio de una acción de guerra. No encuentro razones para que su convoy no pudiera haber sido interceptado y se hubiera tratado, al menos, de detenerlo con vida para que pudiera haber sido juzgado, tal y como exige la Constitución norteamericana. El Aulaki no representaba un peligro inminente ni se desenvolvía en circunstancias que hacían imposible el acceso a él.
Se comprende la angustia de los norteamericanos por librarse de tantos enemigos que buscan su destrucción. Desafortunadamente, también se entiende la necesidad de Barack Obama de obtener éxitos que le permitan la reelección en 2012. Pero este no es el camino para lograr ninguna de las dos cosas. Eliminar a los enemigos de forma ilícita solo puede provocar más enemistad, como han demostrado Abu Ghraib y Guantánamo. Hacer política traicionando las propias convicciones, aunque frecuente, acaba siendo pernicioso.
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