Lo que esconde Palomares

Franco y EE UU temieron crear en Almería un "monumento atómico" si dejaban tierra contaminada - Un informe desclasificado revela la negociación en 1966

RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 06/03/2011

Militares de EE UU recollen terra contaminada, 1966

Estados Unidos y España emprendieron, en 1966, una apresurada negociación sobre el destino de la tierra contaminada en el accidente nuclear de Palomares. El dos de febrero, el Gobierno de Franco aceptó la petición de Washington de dejar enterrada en una fosa el suelo con mayor contaminación. Solo 12 días después, ambos ejecutivos mostraron su "considerable preocupación" ante la posibilidad de dejar en plena guerra fría una fosa que sirviera como "monumento" del incidente. Finalmente, pactaron que EE UU se haría cargo de la tierra con mayor de radiación. Así lo recoge un informe de 1975 de la Armada de EE UU cuya desclasificación logró Rafael Moreno Izquierdo, profesor de periodismo de la Universidad Complutense y que acumula más de 40.000 folios oficiales de EE UU sobre el incidente.

En 16 de enero de 1966 chocaron sobre Palomares un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de EE UU. Cayeron cuatro bombas atómicas, dos de las cuales liberaron carga. Se puso en marcha entonces la carrera por limpiar la zona. El informe resumen de la actividad en Palomares, de 216 páginas, describe con precisión el hallazgo de las bombas. "La tarde del accidente un pequeño equipo de control con detectores alfa portátiles estaba en la zona". Ese mismo día apareció la primera bomba, intacta. Los días siguientes señalaron el resto de las zonas afectadas, y el 3 de febrero fueron numeradas del uno al seis, una numeración que hoy sigue en uso (ver gráfico).

Las descripciones de los lugares coinciden perfectamente con los resultados del análisis de la contaminación que ha realizado el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (Ciemat), que concluyó en enero de 2009 que en Palomares queda aproximadamente medio kilo de plutonio repartido en unos 50.000 metros cúbicos de tierra.

EE UU señala incluso la zona seis, un lugar de contaminación difusa al este del río Almanzora, que define como próximo al lugar de impacto de la cola del B-52. "El área es aislada, rocosa y no tiene cultivos. Por eso se le prestó poca atención a esta zona", dice el informe. En 2004, el Gobierno español comenzó la expropiación de los terrenos aunque esa no fue expropiada hasta 2009.

"Once días después del accidente, la Junta de Energía Nuclear y los ingenieros discutieron la localización de una fosa temporal en la zona dos", que se usó como almacenamiento. Unos 400 camiones fueron allí. Y es allí donde quedan más restos del accidente, aunque el Ciemat explica que no hay ningún riesgo para la población. La zona está vallada y el pasado 23 de febrero acudió allí una delegación técnica de EE UU. El Gobierno intenta que EE UU acepte el plan de limpieza y que se lleve el plutonio que queda.

El texto dedica un apartado a las conversaciones entre los dos países. "La negociación sobre los niveles de contaminación fueron una tarea complicada, pues había distintas opiniones. El Gobierno de España no había establecido niveles admisibles, lo que es lógico porque no tenía instalaciones de fabricación de plutonio". "Prevaleció la urgencia, principalmente desde el punto de vista político", admite el texto.

Moreno, que fue corresponsal en EE UU durante 15 años, acumula en cajas en su casa de Madrid cajas de documentos de los Archivos de la Armada en Washington, del Departamento de Energía, de la Fuerza Aérea y del Pentágono, y explica que de ellos se desprende que "hubo cierta improvisación por desconocimiento. Había pocos precedentes". "Es una negociación sobre el terreno y da la impresión de que no se dio en altas esferas políticas", añade.

Tras una propuesta de EE UU, se firmó el acuerdo de limpieza el dos de febrero. El pacto incluía "la selección de un emplazamiento (...) para construir una fosa donde los suelos altamente contaminados quedarían depositados". Sin embargo, el 14 de febrero de 1966, en una reunión en la embajada en Madrid cambió todo. "Había una considerable preocupación en ambos Gobiernos en la posibilidad de dejar un 'monumento' al accidente en forma de una fosa. Las partes acordaron entonces que los suelos muy contaminados (...) serían llevados fuera de España". Lo hicieron a través del Puerto de Cartagena, del que partieron los 5.500 bidones.

Los estadounidenses encontraron dificultades para quitar el terreno en las zonas rocosas y pactaron con España una nueva enmienda el 28 de febrero que elevaó el nivel aceptable de contaminación. "Acuerdan un sistema de limpieza y como tienen dificultades para aplicarlo lo rebajan. La negociación estuvo marcada por la urgencia politica de cerrar el tema, pero gobiernos posteriores, incluso en la democracia, tampoco hicieron un esfuerzo de trasparencia", opina Moreno.

Los estadounidenses descubrieron que el viento era su peor enemigo, pues dispersaba el plutonio y "cambiaba el patrón de contaminación. La extensión de la dispersión jamás será conocida". El Ejército cargó 3.970 camiones con verdura contaminada y las quemó en el lecho seco del Almanzora, operación que se realizaba de noche "cuando los vientos soplaban hacia el mar".

Las zonas de las que habían retirado la capa de suelo fue repuesta con suelo del lecho del río, para que los agricultores pudieran cultivar. Todos debieron firmar un formulario de que aceptaban las condiciones en las que recibían sus tierras. Hubo indemnizaciones para agricultores y pescadores y, entre 1966 y 1971, EE UU pagó 21,19 millones de dólares a agricultores y pescadores de Garrucha y Águilas (Murcia). Francisco Simó, Paco el de la bomba, el pescador que ayudó a localizar en el mar la cuarta bomba, recibió 10.000 dólares.

El informe explica que restringir el acceso a las zonas contaminadas no fue posible: "La política impedía establecer estrictos procedimientos de control y la colocación de señales de 'área contaminada'. Los bajos niveles de contaminación en la mayor parte no lo hacía necesario". El documento permite también imaginar cómo era Palomares en 1966: "Aunque Telefónica señalaba con orgullo que 'como mínimo cada pueblo en España tenía un teléfono', no había ninguno en Palomares. El más cercano estaba en Vera (...) y había una espera de una hora para conseguir una línea".