Reynaldo Bignone es el primer ex presidente del régimen militar que se sienta en el banquillo tras la ley de Punto Final
ANA DELICADO - Público - 08/11/2009
"Sí, acá estoy, hijo de puta". Después de tres días de juicio, sólo uno de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en el juicio del regimiento Campo de Mayo se dignó a abrir la boca.
El ex general Fernando Verplaetsen, que, según su defensor, "no comprende preguntas y no recuerda nada de la época", reaccionó de esta manera cuando la acusación se refirió a él y dijo que podía prestar perfectamente atención a lo que pasaba en la sala. "Hijo de puta", le repitió el militar de 84 años a un abogado de la querella: "La puta que te parió".
No están tan sueltos de palabra el resto de los inculpados en un proceso que por primera vez sienta en el banquillo a un ex presidente de facto desde que se anularan en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Su nombre es Reynaldo Benito Bignone y está acusado de secuestrar, torturar y asesinar a 56 personas entre 1976 y 1978 en el cuartel militar Campo de Mayo, el mayor lugar de torturas y exterminio que funcionó por aquellos años. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas. Sólo 50 sobrevivieron.
Por eso el proceso judicial que comenzó el pasado lunes tiene especial importancia. "Se trata de uno de los juicios mas esperados por los organismos de derechos humanos, debido a la cantidad de crímenes que allí se cometieron", ha señalado el ministro de Justicia, Julio Alak. Junto a Bignone y Verplaetsen, que además fue el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, están imputados otros cinco militares retirados y un ex comisario.
Pabellones del horror
La escasez de testigos que pudieran dar cuenta de lo que sucedió en la jurisdicción de Campo de Mayo fue uno de los principales obstáculos que se encontraron para comenzar con el pleito. Aunque esta instalación no se ha hecho tan famosa como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un campamento de torturas ubicado en plena ciudad de Buenos Aires, no le queda atrás en lo que a brutalidad y ensañamiento se refiere.
En aquel presidio que trató de pasar desapercibido en las afueras de la capital se emprendió uno de los más feroces planes de aniquilación de toda la dictadura. Funcionó de 1976 a 1980, y quien estuvo al mando gran parte de ese tiempo fue el ex general Santiago Omar Riveros. Él es uno de los procesados en esta causa y ya ha sido condenado a cadena perpetua, en agosto pasado, por el homicidio en 1976 del militante político Floreal Avellaneda, en lo que fue el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo.
Allí funcionaron, de 1976 a 1980, al menos cuatro centros de tortura y exterminio. También existía un hospital que sirvió como maternidad clandestina destinada a las prisioneras embarazadas. Una vez daban a luz (muchas veces tras un parto provocado) les quitaban a los recién nacidos, que eran entregados a aquellos militares que no podían tener hijos con sus parejas.
El ex general Bignone fue colocado en el poder por los militares después de que perdieran ante Reino Unido la guerra por las islas Malvinas. Durante su periodo como presidente de facto (1982-1983), y antes de que los últimos coletazos de la dictadura cedieran a la transición democrática, Bignone ordenó la destrucción de archivos que comprometían al régimen que él por entonces personificaba.
Al poco de ceder el poder a Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente elegido democráticamente, Bignone fue declarado culpable de los crímenes de Campo de Mayo. Se salvó porque su sucesor implantó las leyes del perdón para proteger a los representantes de la represión. Ahora, el ex dictador, de 81 años, se enfrenta de nuevo a los tribunales por terrorismo de Estado.
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